México desde 1992 se ha asumido como un país pluricultural, sin embargo, en los hechos sigue funcionando como monocultural y hegemónico, sigue negando cotidianamente la existencia de los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano como sujetos colectivos de derecho y con derechos fundamentales, así como sus aportes en todos los ámbitos de la vida pública particularmente en el económico, político y social, reduciendo el reconocimiento tan solo a su riqueza cultural.

Sin embargo, dichos pueblos no solamente son folklor: no sólo tienen fiestas, gastronomía, vestimenta tradicional, música, colores. Tienen instituciones de toda índole, incluyendo los sistemas de impartición de justicia. Son sistemas con procedimientos propios para elegir a sus autoridades tradicionales, con diversas competencias (o jurisdicciones), a través de las cuáles solucionan conflictos (imparten justicia) al aplicar la normatividad oral que se transmite de generación en generación (normatividad), con la misma legitimidad y validez entre los propios, como cualquier otro sistema normativo que tiene reglas, procedimientos, consecuencias, principios, con lo cual en la práctica, se implementa lo que se conoce como pluralismo jurídico; es decir, que en México  con ello, se contribuye al establecimiento del Estado de Derecho pluricultural. 

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Hoy a nivel nacional se discute la reforma al sistema judicial y sin lugar dudas tiene que pasar por el reconocimiento y la inclusión de las justicias de los pueblos indígenas, porque forman parte del sistema de justicia de este país, ya que con ello generan paz, orden y dan estabilidad no nada más al pueblo o comunidad indígena sino al Estado mismo. Pero además se reconozcan acciones afirmativas para las personas indígenas, expertas en el marco normativo convencional y constitucional sobre sus derechos,  para que puedan ocupar espacios en la conformación del nuevo sistema de justicia del país y que tomen en cuenta su contexto y puedan juzgar con perspectiva pluricultural e intercultural.

No incluir en la reforma judicial los sistemas normativos indígenas: las instituciones, formas y procedimientos para resolver los conflictos en los pueblos indígenas, pero también no incluirlos como personas para que ocupen espacios en el sistema de impartición de justicia es negarnos como un país pluricultural, es negar el pluralismo jurídico. La composición de los órganos de impartición de justicia tienen que reflejar el pensamiento jurídico de todas las regiones del país, pero también es la hora de la recuperación de los saberes jurídicos de los pueblos indígenas, por eso tienen que reflejar el pensamiento jurídico pluricultural, de ahí la necesidad de incluirlos. 

Por ello, venimos a demandar que en la reforma constitucional judicial se incluyan a los pueblos y personas indígenas. ¡Nunca más una reforma judicial sin los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano! 

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