Necesario debatir las reformas constitucionales de López Obrador / Gerardo Pérez Muñoz

               Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias, en nombre de la libertad. Simón Bolívar (Guayaquil, 5 de agosto de 1829)                                                                       

Absortos en los acontecimientos en Venezuela unos, otros u otras en lo que sucede en las olimpiadas y la gran mayoría absortos en su cotidianidad y la indiferencia, no hemos reparado que este primero de agosto dio inicio un proceso de dictaminación de 18 de 20 iniciativas presentadas en febrero del presente año por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el llamado Plan C. Es evidente que hay prisa por aprobar dichas reformas antes de que termine el actual sexenio y la actual legislatura, para dejarles planchadas las iniciativas a la siguiente legislatura que entrará en funciones el próximo primero de septiembre. Estas reformas conllevan un número importante de cambios constitucionales, de ahí su importancia y trascendencia y que desde mi ótica, deberían estar siendo analizadas y discutidas muy ampliamente entre las y los ciudadanos, lo que desafortunadamente no ocurre.

Antes de entrar al tema y ver que reformas se llevarán a cabo, demos un repaso a las reformas constitucionales de los pasados presidentes de la república, considerados como el bloque de presidentes que dieron inicio y profundidad al modelo neoliberal en nuestro país y legalizaron el despojo al pueblo de México; reformas constitucionales que muy bien están en el parámetro de lo que la CIDH llamó desviación de poder. Estas reformas se dan en el marco de modelo neoliberal y de capitalismo salvaje impuesto hace más de treinta años, aún vigente en nuestro país.

Las reformas constitucionales de los presidentes neoliberales: Miguel de la Madrid Hurtado, 66 artículos constitucionales reformados. Carlos Salinas de Gortari, 55 artículos; Ernesto Zedillo, 78 artículos. Vicente Fox, 31 artículos, Felipe Calderón, 110 artículos constitucionales y Peña Nieto con su Pacto contra el pueblo de México y sus reformas estructurales, 156 artículos. En estos más de treinta años de la imposición del neoliberalismo se llevaron a cabo 496 artículos constitucionales. Es importante contrastar las reformas que se proponen-contenido, sentido, impacto social y a quiénes beneficiaron o benefician, con las que se hicieron en estos sexenios.   

Algunas de las reformas que serán dictaminadas, entre otras, son las siguientes: Reformas al Artículo 123 de la Constitución en materia de apoyo a jóvenes, pensión de retiro, salarios (los aumentos de salario no deben estar por debajo de la inflación) y vivienda para trabajadores. Reforma al mismo artículo para reconocer que las personas trabajadoras de 65 años que empezaron a cotizar a partir de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y de cuentas individuales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario. Las iniciativas también plantean cambios constitucionales en materia de vías y transporte ferroviario, austeridad y percepciones de servidores públicos. El 9 de agosto se pretende abordar la reforma al artículo 2do. constitucional sobre pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Uno de los objetivos de esta reforma es reconocer a los pueblos indígenas y afromemexicanos de nuestro país, como sujetos de derecho; espero también les reconozcan su pluralismo jurídico, su derecho al autogobierno y en especial, el derecho a la consulta tal y como lo han recomendado organismos como la propia CIDH.  Otra iniciativa que ha jalado las miradas de varias organizaciones, es la desaparición de los órganos autónomos, como el INAI, IFT, COFECE, CNH, CRE, Mejoredu y la Coneval. Sus funciones pasarían a las dependencias correspondientes. En el pre dictamen de dicha reforma se asienta lo siguiente: Estos organismos han garantizado intereses privados, pues incluso, en varios casos el objetivo de los organismos fue para cooptar núcleos académicos, políticos, económicos y de representación social.  También se plantea la reforma para que la Guardia Nacional dependa totalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que ha generado, con razón, un gran rechazo de parte de un sector de la sociedad.

También está enlistada la reforma electoral, para lo cual se plantea cambiar de nombre el Instituto Nacional Electoral (INE) a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), reducir de 11 a 7 consejeros electorales, los cuales-se propone- serán electos por voto directo por un periodo de 6 años y no por 9 como actualmente sucede. Igualmente plantea reducir de 500 a 300 diputados y de 128 a 64 senadores. La iniciativa también plantea la reducción a la mitad el financiamiento ordinario a los partidos políticos y se propone regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de éstos. La iniciativa no menciona que los partidos políticos hagan elecciones primarias para elegir a sus candidatos, tal como sucede en Argentina o Uruguay y no mediante supuestas encuestas.

En este cúmulo y catarata de reformas se propone igualmente reformar el artículo 4to constitucional con los siguientes propósitos: adicionar al párrafo cuarto de dicho artículo (derecho a la salud) el siguiente párrafo: los estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos necesarios, también serán gratuitos. En dicho artículo se considera la prohibición del maltrato animal y que el Estado mexicano garantizará la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de estos seres vivos. La iniciativa considera incluir en el artículo 27 declarar a México como país libre de maíz transgénico para la siembra y el consumo humano y reconocer su importancia como alimento básico y reconoce al maíz como alimento básico y elemento de identidad nacional.  Otro párrafo a incluir es el siguiente: El Estado debe fomentará la actividad agropecuaria y forestal, libre de cultivos con semillas de maíz genéticamente modificadas. Nada se menciona de recuperar el espíritu del artículo antes de ser reformado por Salinas de Gortari y que ha dado pie a al despojo y devastación ambiental.

Un punto que me parece importante es el que señala la prohibición de la minería a cielo abierto y la aplicación de sanciones para quien lo haga. Igualmente la prohibición del fracking, técnica que contamina el aire, agua y provoca problemas de salud. Falta agregar la prohibición en todo el territorio nacional, de los cañones antigranizo o avionetas espanta lluvias y reconocer los derechos de la naturaleza en el artículo cuarto e incluir en el Código Penal Federal y en los Códigos de los Estados, el delito de ecocidio, tal cómo lo ha propuesto la Corte Penal Internacional y ha sido aprobada por la Comunidad Europea.

Para el 22 de agosto, está agendada la discusión y votación del dictamen de reforma al Poder Judicial. Reforma que ha jalado todas las miradas y opiniones.

En relación con el agua, la iniciativa plantea lo siguiente: Autorizar asignaciones destinadas para garantizar el consumo personal y uso doméstico del agua y no otorgar concesiones en zonas con baja disponibilidad de agua en cantidad y calidad. Impedir prácticas que dañan el medio ambiente y la salud de la población mediante la prohibición de las actividades de minería a cielo abierto y del fracturamiento hidráulico. Sigue faltando la aprobación de una nueva Ley General de Aguas y un nuevo organismo que sustituya a la ¿incapaz? Conagua. ¿Hasta cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá la acción de inconstitucionalidad (129/2023) sobre la reforma a la Ley Minera de hace un año, promovida por el bloque de derecha (PAN, PRI, PRD)? ¿Tendrán alguna idea de a cuantos hermanos indígenas y campesinos están perjudicando con su decisión? Dicha ley tiene algunos avances que pueden ser importantes para los pueblos indígenas.

A los campesinos, la iniciativa les propone mantener los precios de garantía para la compraventa de maíz, frijol, leche, arroz y trigo. También propone darles a los campesinos que cultivan sus tierras con árboles frutales, maderables y especies y cuyos frutos requieren ser procesados, un jornal, igualmente para los pescadores.

Uno de los puntos de la iniciativa que me parece central y que fue un gran triunfo para los neoliberales autóctonos, es la reforma al artículo 25 constitucional. La iniciativa señala lo siguiente: quitar el concepto de empresa productiva del Estado que tienen actualmente la CFE y Pemex, para que no se rijan con un modelo corporativo de accionistas e inversionistas y lo hagan como una empresa pública del Estado. Me parece importante, que este conjunto de reformas, tiene como eje, la recuperación y rectoría del Estado y hacerles justicia, así sea en mínima parte, a la población pobre y golpeada por el neoliberalismo de nuestro saqueado país. Todavía falta mucho para que se haga realidad la tan anhelada justicia social.

Dado el calado, profundidad, sentido e implicaciones de las reformas, me parece muy serio dejarlas en manos sólo de los diputados y senadores, sin que se abra un espacio para un amplio análisis y discusión social. Tanto los diputados federales como los senadores están ausentes de, por lo menos, su amplia difusión de las iniciativas. Me parece muy mezquino que algunos representantes populares, cuando todavía no asumen su cargo, ya andan promoviéndose para otro cargo en el 2027. Es evidente que tampoco les interesa a las máquinas electorales llamados partidos políticos y sus burocracias doradas, promover la discusión pública y menos aún promover la participación del pueblo en la vida democrática, tal y como lo señala el artículo 41 constitucional. Al abrir estos espacios, estaríamos respetando el espíritu y la letra de los párrafos primero segundo y tercero del artículo primero; artículo tercero (concepto sobre la democracia), y noveno constitucional.  Pero también lo señalado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 21), en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (25, a), Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el Acuerdo de Escazú. No basta firmas Pactos o Convenios a nivel internacional, si no se van a respetar al interior. ¿Quién dijo que la mejor política exterior era la política interior?

Evidentemente todavía falta muchas reformas para ser un país con justicia social. No está en el horizonte de la 4t y su segundo piso, una reforma fiscal que grave la riqueza de las y los más ricos de nuestro país; la derogación del anatocismo, cerrar las brechas entre las tasas activas y pasivas de los bancos, recuperar el poder adquisitivo real del salario, entre otras medidas.

Mientras tanto, es urgente que el gobierno federal ya no sea omiso y cómplice con lo que pasa con la televisión privada, que viola descaradamente el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión con sus programas basura. Es necesario recuperar la radio y la televisión en la perspectiva que escribió el General Francisco J. Mújica 1937:

La radio y la televisión son los medios más poderosos para la educación popular y para la formación de una conciencia nacional…. No podemos dejar que estos medios caigan en manos de intereses privados que los utilicen para fines comerciales o políticos. Debemos crear una radio y televisión nacionales, que sean propiedad del Estado y que estén al servicio del pueblo.

A la memoria de la entrañable compañera Griselda Tirado Evangelio, abogada Totonaca y defensora de los derechos de los pueblos indígenas, cobarde y cruelmente asesinada el 6 de agosto del 2003, en Huehuetla, Sierra Norte de Puebla.

(foto de portadilla tomada de El Financiero).