Turbia Transparencia / Luis Alberto Fernández García

El partido en el poder se ufana, justamente, de su popularidad. Parece paradójico que, teniéndola, se haya dedicado, de manera radical, a reforzar el poder del gobierno -particularmente del Poder Ejecutivo Federal-, en detrimento de los mecanismos de los ciudadanos para eventualmente defenderse de los abusos de ese poder.  Seguramente su (s) dirigente (s) cree (n) que ha (n) llegado al poder para quedarse eternamente y no se imagina (n) que un aborrecido enemigo pueda llegar a ocupar su lugar.

Una (otra) muestra de ello es la desaparición del órgano independiente del gobierno para garantizar la protección que el estado le debe al derecho ciudadano a conocer la información que producen los organismos públicos. Esta garantía, aunque tiene antecedentes remotos en México y el mundo (en México no tantos y no tan remotos), dio un gran paso con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002.

Se escucha con frecuencia a integrantes del PAN ufanarse de esta reforma ocurrida cuando era presidente de la república el primer emanado de sus filas, Vicente Fox. En realidad, esta ley fue posible cuando el llamado “Grupo Oaxaca” logró una fuerte corriente de opinión pública a favor de instrumentar este derecho con lo que se logró minar la resistencia del PAN y del presidente a ello. La iniciativa fue presentada en la cámara de diputados por toda la oposición, más por serlo que por un talante democrático. Entre las bancadas que impulsaron esto en el congreso, además del PRI y el antecesor de Movimiento Ciudadano, estaban el PRD (a la postre, progenitor de Morena), el PVEM y el PT, justamente los que ahora posibilitan la restricción institucional de este derecho.

Es pertinente recordar que ese grupo fue llamado así porque en mayo de 2001, se llevó a cabo en esa ciudad un seminario nacional de “Derecho a la Información y Reforma Democrática”, convocado por la Universidad Iberoamericana, la Fundación Konrad Adenauer, el periódico El Universal, la Asociación de Editores de los Estados, la Asociación Mexicana de Editores y la Fraternidad de Reporteros de México. Para dar operatividad a su impulso, el grupo creó una “comisión técnica” formada por académicos y periodistas. En esa comisión se encontraba Jenaro Villamil, ahora a cargo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano ¿Qué diría el Villamil de 2002 del Villamil de 2025? Porque su partido, el partido en el poder, ha legislado para realizar un gran retroceso en las garantías del derecho del que estamos hablando. En la reforma constitucional correspondiente, se hizo desaparecer el órgano garante como entidad autónoma del gobierno para dejar que el gobierno se regule solo. La prueba de que eso significa un retroceso es la iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, enviada el 20 de febrero pasado al Senado por la presidenta de la república, en la cual, entre otras cosas, se amplía el número de causales para reservar del público la información pública.

En la agenda del Grupo Oaxaca estuvieron, precisamente y entre otras demandas, la creación de un órgano independiente para la solución de las controversias entre la autoridad y los particulares y la exposición clara de las causales de excepción, las cuales deberían reducirse a un mínimo. En la legislación que dejará pronto de ser vigente, solo se podría reservar la información que pusiera en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública y la que desprotegiera los datos personales, hablando en términos generales.

Si esta iniciativa sigue la suerte de todas las reformas del “plan C” de López Obrador, los ciudadanos estaremos cada más fritos. Cuando cualquiera requiera una información pública como, por ejemplo, quiénes son los contratistas de una obra pública, o algún gasto en difusión gubernamental, o algunos sindicalistas quisieran saber cómo se ha gastado las cuotas su dirigente, y la entidad obligada responda que no la proporciona porque “atenta contra la seguridad del estado”, no habrá nada ni nadie que lo obligue a publicar, si así le parece al propio gobierno. Así va la cosa.

Como bien han señalado Artículo 19, Fundar y el Observatorio de Designaciones Públicas, un parlamento abierto, si realmente se atienden las voces de fuera del poder, pudiera ser ocasión de que las leyes subsanen, aunque fuera un poco, los desatinos de la reforma constitucional.

Luis Alberto Fernández García

28 de febrero de 2025