Defender contra las calumnias en el Congreso y el gobierno al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción

Comunicado del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción sobre las afirmaciones de la diputada de MORENA Olga Lucía Romero Garci-Crespo respecto al trabajo del CEPC

3 de diciembre de 2020

La diputada de MORENA Olga Lucía Romero Garci-Crespo, quien preside la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado del Congreso Local, en sesión pública celebrada el miércoles 2 de diciembre, hizo las siguientes afirmaciones:

“En el caso del Comité Estatal de Participación Ciudadana se observan mínimos o nulos resultados y resulta revisable la situación si se estarán cumpliendo los objetivos, si se está justificando el gasto de sus honorarios. De todos los comités de participación ciudadana de toda la República, incluyendo el del Sistema Nacional, los integrantes del de Puebla perciben los honorarios más altos. De todas las autoridades del estado de Puebla, digamos gobernador, presidentes municipales, jueces, magistrados, diputados, titulares de organismos constitucionales autónomos, no hay uno que perciba cerca de los 120 mil pesos mensuales que le cuestan a las y los poblanos. Creo que pocos o nadie conoce sus aportaciones que tienen hacia la sociedad”.

Ante tales calumnias que rayan en la agresión, nosotros, los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) queremos responder lo siguiente:

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla nos obliga a publicar un Plan de Trabajo y un informe anual de nuestras actividades que se presentan y entregan a los tres poderes estatales. Estos documentos, junto con nuestras minutas de trabajo, pronunciamientos, acciones, honorarios, etcétera, relacionados con nuestras atribuciones legales SON PÚBLICAS y se encuentran a disposición de la ciudadanía en nuestra página cpcpuebla.org.mx, la cual es financiada con nuestros propios recursos. Si la diputada Romero se dio a la tarea de analizar todo ese trabajo que se ha hecho, su afirmación de que nuestros resultados han sido “mínimos o nulos” es una falsedad; y si no hemos logrado más es porque el gobierno del estado que encabeza Luis Miguel Barbosa (que como senador aprobó la Ley Nacional del Sistema Anticorrupción) no ha tenido la voluntad de dialogar (y aclarar lo que se tenga que aclarar) y trabajar con nosotros en el combate a la corrupción. Esto ya lo dijimos y documentamos en nuestro informe de noviembre de 2020.

En cuanto a nuestros honorarios, negamos categóricamente que ganamos 120 mil pesos mensuales y que tenemos los sueldos más altos de toda la administración pública estatal y de todos los CEPC en el país. Esta es una afirmación que no pasa la prueba de la más mínima objetividad acompañada de evidencias. Se trata de una calumnia que en conferencia de prensa del 25 de junio de 2020 hizo pública el gobernador Barbosa y un día después tuvo que desdecirse (ver conferencias de prensa del gobernador de los días 25 y 26 de junio de 2020). El intento de reducir nuestros honorarios de 104 mil pesos (menos impuestos nos quedan alrededor de 70 mil pesos netos) a 30 mil pesos (menos impuestos) a partir de enero de 2020 por parte del Órgano de Gobierno del Sistema Anticorrupción cuya voz cantante fue la anterior secretaria de la Función Pública, Laura Villaseñor (que es a quien deberían llamar a cuentas por el desastre en el que dejó al Sistema Estatal Anticorrupción y por las calumnias que sembró y que hoy la gente desinformada o mal informada repite sin pudor) es un asunto que se está resolviendo en tribunales federales (donde, por cierto, hemos ganado tres suspensiones definitivas).

Por último, quienes afirman conocer poco o nada sobre nuestras aportaciones es porque poco o nada están interesados en el combate a la corrupción y en lo que el Comité de Participación Ciudadana, junto con académicos de distintas universidades y organizaciones de la sociedad civil hemos hecho en la materia durante estos tres últimos años, ya que todo lo que hemos propuesto y realizado está a disposición del público. Sólo hay que utilizar un buscador de internet y encontrarán toda nuestra información.

Debido a que en la misma sesión de la Comisión las y los diputados se negaron en su mayoría a tener un diálogo con nosotros, les invitamos cordialmente a que se informen sobre qué es el Comité Estatal de Participación Ciudadana y cuál es su papel en el Sistema Estatal Anticorrupción. Se darán cuenta que, si en lugar de continuar con un conflicto innecesario, estéril e inútil (originado por una persona que ya ni en Puebla está), y nos sentáramos a dialogar con diputadas y diputados y, sobre todo, con el gobierno del estado, con el fin de trabajar juntos en el combate a la corrupción, hoy tendríamos en Puebla un Sistema Estatal Anticorrupción que sería un referente nacional como lo veníamos siendo hasta antes de 2020.

Atentamente

COMITÉ ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

María del Carmen Leyva Báthory, comisionada presidenta.

Francisco Javier Mariscal Magdaleno, comisionado.

José Alejandro Guillén Reyes, comisionado.

Eira Zago Castro, comisionada.