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29 Enero 2023, Puebla, México.

 Derecho, crimen político y sistema de justicia en puebla / José Samuel Porras Rugerio

Justicia /Gobierno /Sociedad civil organizada | Opinión | 26.OCT.2022

Derecho, crimen político y sistema de justicia en puebla / José Samuel Porras Rugerio

En el marco del aniversario 49 de la organización popular 28 de Octubre

 

Meztli Omixóchitl Sarabia Reyna es un nombre que duele, especialmente aquí, y las razones son de sobra conocidas. Así que no vamos a rascar en cuestiones sentimentales ni emocionales. Duele: por la injusticia de su asesinato, por las razones de fondo del asesinato, y por la injusticia que representa el no esclarecimiento de quiénes fueron sus victimarios, las razones que tuvieron para asesinarla, y la ausencia de castigo, conforme a la ley, para sus agresores materiales e intelectuales.

 

 

 

 

Sobre la injusticia de su asesinato

 

Una mujer trabajadora, madre de familia, que luchaba por sacar adelante a sus hijos, cuya única responsabilidad parece haber sido la de ser hija de quien es.

Eso indica, de entrada, que los agresores --y no me refiero a los agresores materiales que, como sicarios, obedecen órdenes para matar, generalmente, a cambio de dinero, recibir protección política para sus crímenes, o ambas cosas--, sino a quienes concibieron la idea de su crimen, cuya escasez o carencia de inteligencia les impide debatir ideas políticas sobre las actividades sociales de esta organización o de su liderazgo.

El cerebro de los agresores debe ser tan reducido, que no pueden ligar dos o tres ideas para debatir políticamente y optan mejor por la violencia irracional como la que segó la vida de Meztli. La injusticia de su asesinato reside en que, como decimos coloquialmente, ni la debía ni la temía.  

 

Las razones de su asesinato

 

Voy a comentar aquí, parte de lo que ha sido mi apreciación empírica, lo que me ha tocado ver acerca de las relaciones entre la 28 de Octubre y varios gobiernos del estado. Esta organización me ha elegido para encabezar, en dos ocasiones, la defensa legal de Simitrio y de un buen número de compañeros que han ido a prisión al mismo tiempo que él. Este hecho ha permitido que me entere de muchas cosas que suceden en esas relaciones entre la 28 y los gobiernos del PRI, del PAN, y ahora, con este del PRD, que es el verdadero color partidista del gobernador en turno.

De esas relaciones, quizá, hay un hecho fundamental que, a mí, se me queda en penumbras, y espero que a ustedes no les pase lo mismo. Es un hecho oculto, pero sabemos que ahí está, y que influye en el comportamiento de los gobiernos hacia la 28 de Octubre: la relación política y económica de los grupos empresariales poblanos, con esos gobiernos.

De modo que analizar la problemática de esta organización tiene, en lo que a gobiernos respecta, por lo menos dos ángulos: uno, sus relaciones directas con los gobiernos; y, dos, esas mismas relaciones, pero, cuando los gobiernos actúan en representación de intereses político económicos empresariales frente a la organización.

El primer ángulo, la relación directa con gobiernos, ha quedado definido esencialmente por las características propias de la 28 de Octubre. Su longevidad, 49 años de vida organizada, que les indica a los gobernantes que ellos son transitorios y que la organización vivirá y seguirá cuando ellos tengan que dejar el cargo. Su ideario político de izquierda, que forjó una organización independiente, de lucha en defensa de los intereses populares, y solidaria con otras luchas sociales, locales y de otras latitudes. Y, el privilegiado sitio político que detenta: ser considerada, por propios y extraños, la columna vertebral del movimiento social en Puebla.

Con estas características, la 28 de Octubre ha confrontado a los distintos gobiernos que han desatado distintos niveles de violencia contra la organización y contra la dirigencia bajo la idea, rupestre, porque, a veces, la inteligencia gubernamental no da para más, de descabezarla como movimiento social para destruirla. El interés fundamental es destruir el ideario político que la sostiene, aglutina y mueve, frente a gobiernos que quisieran cooptarla para controlarla y someterla.

El segundo ángulo de análisis, es la relación de la 28 con los gobiernos cuando estos actúan en representación de intereses empresariales, que tiene un ingrediente adicional: la disputa por el estratégico predio que ocupa este mercado Hidalgo.

A los gobernantes poblanos les da lo mismo cuál sea el mecanismo con el que se pueda desmantelar a la 28 de Octubre: destruir el ideario político, descabezarla, o arrebatarle el asiento territorial de su emblemática sede política para dispersar a sus miembros. El interés por esta posibilidad es que el predio que ocupa el Hidalgo es el botín.

En tiempos de Piña Olaya, el ataque a la 28 de Octubre se vio más con el propósito de destruir a la organización por el extraordinario crecimiento y arrastre político que tenía en esos tiempos. No había entonces el interés por el predio porque estaba muy lejos del centro, los alrededores no estaban tan poblados, las empresas no estaban económicamente tan desarrolladas, ni se consideró que este predio fuera tan valioso por su ubicación geográfica.

En tiempos de Moreno Valle todas esas circunstancias habían cambiado: el crecimiento de la ciudad hizo céntrico al mercado, los alrededores se poblaron, las empresas crecieron, la ubicación del predio junto a la terminal de autobuses (CAPU) y su cercanía a las salidas a la autopista lo hicieron envidiable para empresarios de distintos ramos.

Vino entonces el segundo gran golpe para la organización con el encarcelamiento de la dirigencia. Ahora, el preso ya no era sólo el líder; también fueron los hijos, y se pretendió encarcelar a la esposa y a la nuera procesándolas.

(No se me olvidaron los compañeros Fernando y José, que también estuvieron presos; ni Silverio y Sergio, que estuvieron procesados; no los menciono en atención al hilo lógico del planteamiento que hago: un ataque de gobierno dirigido a la familia del líder.).

El ataque del gobierno se volvió impolítico por dos causas centrales: haber involucrado a la familia de quien era considerado el adversario político; y, haberlos procesado --en la cárcel o afuera-- sin existir motivo legal alguno.

Si con todo esto el gobernante, que tiene bajo su mando y dirección a toda la estructura burocrática del poder, no puede lograr la rendición del adversario, ¿qué sigue? El asesinato de Meztli ocurre estando en curso los procesos judiciales contra su padre y sus hermanos que, finalmente, terminaron por derrumbarse precisamente por la inexistencia de motivo legal.

Y, el pasado quince de septiembre, nos enteramos de que un tribunal de enjuiciamiento, del Poder Judicial del estado, liberó al asesino confeso de Meztli, al desechar pruebas y argumentos de la fiscalía por considerarlas mal fundadas y violatorias de las garantías del señalado como homicida.

Tenemos entonces dos acciones de gobierno, efectuadas con instrumentos de estado, que han golpeado injustamente a la 28 de Octubre: 1. Encerrar y procesar sin motivo legal a dirigentes, familia y miembros; y, 2. Liberar al presunto asesino de Meztli.

En los dos casos, los operadores de ambas acciones represivas se ubican en el corredor institucional que elogiosamente se conoce como <<sistema de procuración e impartición de justicia>>, integrado por el ministerio público, la legislación penal, y los jueces penales; es decir, la aplicación de la ley penal por la fiscalía general del estado y el Poder Judicial del estado. ¿Por qué pueden ocurrir cosas injustas como estas, sin que nadie reciba un castigo por ello?

Entramos, aquí, a un terreno más ideologizado que científicamente estudiado donde, como sociedad, nos hemos conformado con oír cotidianamente las expresiones: estado de derecho, legalidad, justicia, y democracia; y les hemos asignado el significado que los funcionarios, intelectuales orgánicos, organismos empresariales, medios de comunicación dicen que tienen; o el que, derivado de tanto escucharlos, nuestras propias creencias nos dan, sin investigar si realmente significan lo que creemos que significan.

Todas esas expresiones giran en torno al gran entramado de leyes al que genéricamente se da el nombre de Derecho. Así, distinguimos el derecho mexicano del derecho de los demás países. Cada país tiene su derecho, que quiere decir su orden jurídico, que es su orden social. Y hay una estructura burocrática de poder que hace cumplir ese orden jurídico: el Estado. Cada país posee su propio Estado que se crea de diversos modos dependiendo de las circunstancias históricas de cada conglomerado poblacional: por construcción, por independencia, por revolución, por golpe de estado.

Su estructura de poder se establece mediante una constitución política. Cuando se habla de “la constitución” se hace referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde Estados Unidos Mexicanos es el nombre oficial de nuestro país y de su estructura representativa: el Estado mexicano.

Para organizar a la sociedad el Estado cuenta con cuatro instrumentos básicos: poder, política, economía y derecho. Poder como capacidad de imposición por la fuerza; política, como expresión de voluntad de ese poder; economía como base de vida de la población; y, derecho, como reglas de organización de esa población que se desprenden temáticamente de la constitución.

Cada área de actividad social tiene una regulación en leyes y hay instituciones del Estado que vigilan el cumplimiento de esas leyes.

Por las deficiencias que pueda haber en esta vigilancia del cumplimiento de las leyes, el Estado -es decir, los hombres que lo integran y representan- a lo largo del tiempo han ideado conceptos propagandísticos de autoelogio para sostenerse en el poder. Y esos autoelogios son, precisamente, los conceptos de estado de derecho, legalidad, justicia, y democracia que funcionan como parte central de la ideología que desarrolla el Estado frente a la sociedad.

El manejo propagandístico de estos conceptos genera muchas confusiones terminológicas de las que somos copartícipes los abogados. Solemos asociar al derecho con la justicia, a la legalidad y al estado de derecho con la aplicación recta de la ley, y al voto cada seis años con la democracia. Y esas confusiones son las que nos atoran ideológica y políticamente. Así funcionó durante siglos el imperio romano; y, su derecho, el derecho romano, es la base de estructuración de todo el derecho occidental que, a México, trajeron los españoles.

Sin embargo, hay un concepto del que casi nadie habla a pesar de ser una de las fuentes más importantes del poder del Estado y, a partir del uno de diciembre de 2018, especialmente, una fuente de enorme poder para los poderes judiciales, federal y de los estados. Ese concepto es: la interpretación jurídica, la interpretación de la ley, que es el poder que da tener la última palabra para resolver los conflictos jurídicos.

El proceso electoral de 2018 dejó al descubierto una contradicción constitucional del Estado mexicano. Aunque el artículo 39 diga que “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”, la elección demostró que esa disposición no se respeta. En la elección votamos para cambiar presidente de la república y congreso: diputados y senadores; pero el poder judicial permaneció intacto. Y eso se repite en los estados.

Todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habían sido designados a propuesta de los presidentes de la república del PRI y del PAN. De modo que, como ciudadano, vas a la elección y votas por cambiar el modo de gobernar. El voto popular puede cambiar al presidente y al congreso, pero no al poder judicial. El voto popular pudo arrojar del poder a los malos gobernantes, pero no pudo hacerlo con la herencia que dejaron en la Corte; es decir, aquellos que echaste del gobierno por malos, quedaron representados en la Corte para “impartir justicia”. Lo mismo ocurre en los estados, y Puebla no es la excepción, pero tiene sus “asegunes”.

El poder judicial del estado se encuentra bajo dominio de los magistrados designados por los gobernadores Mario Marín, Moreno Valle, y Antonio Gali. El cambio político se quedó en una simple deformación. Votamos por un gobernador de Morena y nos salió uno del PRD; los diputados que hemos tenido son priistas portando la camisola de Morena. Todo lo cual demuestra que el cambio de chamarra distintiva no implica el cambio de convicciones políticas.

Bueno. Después de toda esta vueltota teórica, y aunque esta caracterización parezca chusca, puede ser la que más nos ayude a explicar aquello que dejamos pendiente antes: ¿Por qué pueden ocurrir cosas injustas como encerrar y procesar sin motivo legal a dirigentes, familia, y miembros de la 28 de Octubre; y, liberar al presunto asesino de Meztli, sin que nadie reciba un castigo por ello?

Si el actual gobierno recibió de herencia un poder judicial dominado por magistrados nombrados por los gobiernos anteriores, lo único que faltaba para completar el sistema de justicia era la designación del fiscal. Por razones que buena parte de los poblanos desconocemos el gobernador Miguel Barbosa ratificó en el cargo a Gilberto Higuera, no sólo con un historial de servicio en los gobiernos federales panistas, sino, aquí, que fue originalmente designado por Víctor Carranca Bourguet para sucederlo al frente de la fiscalía general del estado.

Aquel concepto que mencionamos como casi desconocido, la interpretación jurídica, permite al ministerio público y a los jueces interpretar los hechos y las leyes, para hacer la aplicación a cada caso específico.

Esta posibilidad de interpretar, combinada con nociones propias del derecho penal, como la exactitud de la ley penal y el margen de apreciación que tienen esos funcionarios, permite la creación artificial de los dos escenarios antes mencionados: encerrar en la cárcel a inocentes mediante la fabricación de delitos; y dar protección política a delincuentes para que sus delitos queden impunes.

En el caso de Meztli, al liberarse al presunto asesino, ¿quién tiene la responsabilidad y quién dice la verdad? ¿La fiscalía presentó técnicamente mal las pruebas del homicidio? ¿O es el tribunal de enjuiciamiento el que las descalificó arbitrariamente? La secrecía con que se manejan los procedimientos penales contribuye a la ignorancia social sobre ellos. Esto significa que el corredor institucional fiscalía-jueces que domina el sistema de justicia penal en Puebla, está imbuido de prácticas fascistoides, bajo tolerancia del gobierno del PRD con chaleco morenista.   

Heroica Puebla de Zaragoza, a 26 de octubre 2022.

“Que para todos haya siempre pan para iluminar la mesa, educación para aliviar la ignorancia, salud para espantar la muerte, tierra para cosechar el futuro, techo para abrigar la esperanza y trabajo para hacer dignas las manos.”

José Samuel Porras Rugerio