“Que se vayan”: las razones socioambientales del rechazo a la minera / Erik Post

 

 

 

La rueda de prensa de 28 de febrero.

 

El 22 de febrero 2023, la Secretaría de Economía informó a la comunidad Nahua y ejido de Tecoltemi que decidió que no es factible de nuevamente otorgar las concesiones mineras que fueren declaradas insubsistentes por violar el derecho de la comunidad Nahua de Tecoltemi a la consulta libre, previa e informada en una sentencia histórica emitida por la Suprema Corte de la Nación el 16 de febrero 2022.

Representantes de las comunidades en el municipio de Ixtacamaxtitlán e integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhuac, así como las organizaciones civiles que han acompañado esta lucha jurídica, el Consejo Tiyat Tlali en Defensa de Nuestro Territorio y Fundar Centro de Análisis e Investigación, organizaron una rueda de prensa el 28 de febrero pasado para compartir esta decisión importante de la Secretaría de Economía que parece cerrar el caso de Tecoltemi y para exigir a la compañía Minería Gorrión, filial de la transnacional canadiense Almaden Minerals, que ya se vaya de su territorio.

 

Participantes en la rueda de prensa dell 28 de febrero.

 

Durante la ruede de prensa, las y los participantes reflexionaron en esta larga lucha que casi duró ocho años. Situaron el conflicto en una perspectiva histórica y como producto de las contradicciones entre la Constitución, los derechos humanos y colectivos y el marco regulatorio de la minería, las cuales han permitido la perpetuación de un comportamiento colonial por parte del estado y las empresas mineras. También detallaron cómo las acciones de la empresa minera Gorrión a lo largo de los diez años ha causado daños ambientales, sociales y culturales, afectando a la calidad de vida de la comunidad.

Los habitantes del municipio de Ixtacamaxtitlán que estaban presentes reiteraron su compromiso de negar categóricamente todas las concesiones mineras y de mantener sus territorios libres de proyectos de muerte. Y como sin concesiones ya no hay razón alguna para que la empresa minera permanezca en su territorio, exigieron que se vaya, dejándoles en paz para construir sus propios proyectos de vida.

A continuación, expondré brevemente estos puntos tal y como fueron presentados durante la rueda de prensa.

 

Contradicciones, devastaciones y violaciones

 

En febrero de 2006, hace más de 17 años, la empresa Almaden Minerals anunció que acabó de terminar “un programa de mapeo geológico, muestreo de rocas y suelos y estudios geofísicos de polarización inducida ("PI") y magnéticos en el proyecto de pórfido de cobre-oro y epitermal de oro-plata Tuligtic” [1]. Mediante pruebas e investigaciones rigorosas, la empresa encontró oro y plata en suficientes cantidades para imaginar una mina a cielo abierto que podría excavar hasta 15.300 toneladas de material al día --aproximadamente unos 73.1 millones de toneladas de mineral en total [2]--, dejando un cráter de aproximadamente 1,000 metros de diámetro y cientos de metros de profundidad.

 

Para realizar la destrucción de un territorio a tal escala, la empresa requiere una seria de permisos del gobierno federal que supuestamente garantizan que dicha terraformación se realizará conforme a la letra de la ley. Los títulos de concesiones mineras son uno de los documentos clave otorgados por la Secretaría de Economía para asegurar este proceso. Almaden Minerals contaba con las concesiones 219469 y 233434 correspondientes a los lotes mineros “Cerro Grande” y “Cerro Grande 2” para llevar a cabo su proyecto minero. 

 

Las concesiones 219469 y 233434, el proyecto minero (en café/oro) y comunidades cercanas.

 

Aunque esto parecerìa implicar que al momento de que la Secretaría de Economía otorgó las concesiones se tomaron en cuenta todas las consideraciones jurídicas, incluso potencialmente las consultas a poblaciones Indígenas afectadas, como lo ordena el Convenio 169 del OIT, que tiene el estatus de un derecho constitucional en México. Como mencionó Mairo Olivo, investigadora de Fundar: “Se deben observar las condiciones y los requisitos que marca el Convenio 169 de OIT de manera clara y también todas las sentencias y jurisprudencia que se ha sentado en el sistema interamericana de derechos humanos que tiene que ver con realizar estudios de impactos ambiental y estudios de impacto social antes de determinar si es factible o no otorgar una concesión sobre un territorio Indígena.”

 

Lamentablemente, como ocurre en muchos casos en este país y en toda América Latina, esto no sucedió en Ixtacamaxtitlán. Sin haber consultado a la población, la Secretaría de Economía decidió en contra de los requisitos establecidos que este territorio sería sacrificado y drenado de sus metales para sostener la rentabilidad del mundo moderna-colonial-capitalista. Es el remate de las famosas palabras escritas por Eduardo Galeano en 1971: que esto se reconoce en la ley minera como “utilidad pública.” La investigadora lo explicó en pocas palabras: “Poderes económicos transnacionales importantes que presionan al estado para privilegiar sus intereses sobre los intereses de las personas que habitan en estos territorios Indígenas han generado un patrón histórico de la violación sistemática de los derechos de los pueblos Indígenas desde hace mucho tiempo. No solamente en la colonia, sino después cuando se funda este Estado.”

 

Pero los que no habían sido escuchados por la Secretaría de Economía no estaban dispuestos a callarse. Como contó Raymundo Romano Pérez, el inspector de vigilancia de la comunidad de Tecoltemi: “No es justo que después de tanto tiempo tengamos que ser escuchados. No nos han escuchado después de tanto tiempo.” Por más de una década, habitantes de Ixtacamaxtitlán han expresado su inconformidad con el proyecto minero, organizando asambleas y caravanas. Sin embargo, la empresa no renunció a las ganancias proyectadas tras las inversiones ya realizadas, y redobló sus esfuerzos. Entonces, en 2015, los ejidatarios de Tecoltemi decidieron a defender “sus derechos a través de un juicio de amparo que se presentó hace ocho años para impugnar las concesiones,” relató Diana Pérez, la abogada que llevó el caso del ejido de Tecoltemi al juicio.

 

Después de una larga lucha jurídica, demasiado desgastante para la comunidad, este proceso llegó a la Suprema Corte de la Nación y culminó en la sentencia histórica de 16 de febrero 2022 que dejó insubsistentes las concesiones por haber violado el derecho a la consulta libre, previa e informada.

La sentencia también ordenó que se analizara por parte de la Secretaría de Economía la factibilidad de emisión de las concesiones. Y sólo en el caso “de ser señalada factible la emisión de las concesiones –dijo la abogada Pérez--, sólo en este caso tendría que realizarse un proceso consultorio. En este orden de ideas al no ser factible la emisión de las concesiones mineras, es sin procedente la realización de cualquier consulta.”

 

Para completar este panorama de contradicciones, la empresa ahora bien insiste que se debe realizar una consulta [3], esperando que sus estrategias para convencer y cooptar a la gente han generado suficientes divisiones sociales entre los habitantes en contra y en favor de la mina para obtener una mayoría en favor del proyecto [4]. Pero Viola Moreno Bonilla, comisariada ejidal de la comunidad de Santa María Sotoltepec, dejó claro que “Minera Gorrión está mintiendo al decir que todos los ejidatarios estamos firmando un convenio con ellos. Eso es una vil mentira. No queremos la consulta. Exigimos que se respete el dictamen que dictó la Secretaría de Economía,  que quede claro que este proyecto de muerte no solo afectara Santa María sino afectaría a muchas comunidades vecinas de Santa María, a todas, incluyendo las del rio Apulco.”

 

Afectaciones socio-ecológicas previstas y sufridas

 

Francisca Zamora Morales, nativa de Santa María Sotoltepec e integrante del Unión de Ejidos y comunidades en defensa de la tierra, de agua y de la vida, Atcolhua, especificó que en este territorio nace el río Apulco. “Es una cuenca muy importante que desemboca hasta Veracruz. Y como estamos en parte alta entonces todos los desechos escurren a este importante río.” Precisó que el proyecto minero se ubicara por donde está “un cerro que se llama Mikixochio y ahí se encuentra un manto acuífero muy importante que es el que abastece de agua a cuatro municipios: Ixtacamaxtitlán, Tetela de Ocampo, Aquixtla y parte de Zautla.” Uno de los estudios que informó la recién decisión de la Secretaría Economía, nota que el proyecto “disminuiría la presión y limitaría la disponibilidad de agua para las localidades” y que “cuyos materiales serán arrastrados hasta el río.” Aparte de la destrucción inherente en la extracción a cielo abierto, las afectaciones a la cuenca de Apulco son particularmente alarmante por sus impactos a los ejidos y comunidades agrarias e Indígenas que habiten a lo largo del río.

 

Impactos socio-ecológicos en las proximidades del proyecto [5].

 

 

Otro de estos estudios, preparado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, señala que el proyecto genera impactos sociales, culturales y espirituales graves e irreversibles, observando que “las actividades humanas que tradicionalmente se han desarrollado en esta región, propias del modo de vida campesino, características de esta región, y mismas que implican el aprovechamiento de sus bosques y cuerpos de agua, se vean seriamente afectadas” [6].

 

Es importante mencionar que no se trata solo de afectaciones proyectadas. La abogada relató que ha habido ya impactos ambientales hasta este momento que han sido denunciados ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mientras que otras participantes notaron impactos sociales y culturales causados por las actividades de exploración y por el comportamiento de la empresa en la comunidad. Por ejemplo, Francisca recordó que en la primera etapa de exploración “a mi hermano le quitaron un manantial con esa agua que él tenía, el regaba su hectárea de ajo para poder sostener a su familia. Al introducir el barreno, pasó y desvió este manantial. Y de un día para dos se le fue el agua. Eso es uno de los daños primordiales para nosotros porque el agua es la vida. ¿Qué podemos hacer sin agua nosotros?” Los mineros también “entraban a las propiedades privadas sin pedir permiso. Entonces, en una ocasión a mi compañero les marcó el alto lo intimidaron a él. Nos pidió apoyo a los compañeros, fuimos, y nos intimidaron, poniendo una demanda en el municipio.” Junto con el cercamiento de tierras compradas por la empresa y el uso de estrategias que presionan a la gente para que venda sus tierras, se ha ya creado una situación en donde “ya no podemos estar tranquilos, ya no podemos pasar como pasábamos antes. Nuestra libertad lo han privado.”

 

Una de las más graves consecuencias del proyecto minero son las rupturas en el tejido social que ha causado. Viola narró que “la verdad, han dividido mucho al pueblo. Antes era un pueblo organizado, estábamos todos unidos. Ahora lamentablemente ya dividieron el grupo en contra, el grupo en favor y ya habido muchos conflictos entre, bueno, hasta entre familias.” Esta división también afecta a las autoridades ejidales, los cuales juegan un papel fundamental en el manejo del territorio. Por ejemplo, la comisariada ejidal de Santa María explicó que la ha afectado en su trabajo como autoridad: “incluso hasta que me quieren quitarlo, los que están en favor.”

 

En 2017, un conjunto de asociaciones civiles documentó ampliamente las afectaciones y las violaciones de derechos humanos y derechos colectivos relacionados con ellas, concluyendo en que “después de la fase de exploración, ya existen violaciones al derecho humano al agua y al medio ambiente sano, así que en caso de realizarse la fase de explotación habrá graves violaciones al derecho humano al medio ambiente, al agua y a la salud” [7].

 

 

Propuestas para reformar la ley minera:

 

Durante la rueda de prensa, el académico Jorge Peláez Padilla, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, propuso que como problema fundamental detrás de estos graves impactos y violaciones está “un marco regulatorio de la minería en el país que no cumple los principales estándares internacionales en materia de derechos de pueblos y personas Indígenas.” La sentencia de la SCJN la ilustra bien, dado a que “ya ha causado cuatro jurisprudencias importantes para derechos de pueblos originales en el país, entre ellos, justo que las concesiones deben ser consultadas previa a su emisión,” como notó la abogada.

 

Sin embargo, el académico aclaró que “la corte no quiso entrar al tema de la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley minera.” Añadió que, por lo tanto, las contradicciones jurídicas no fueren resueltas. Varias comunidades, organizaciones y académicos dijeron que hay que volver a cambiar la ley minera. Por tal objetivo formaron la Colectiva ¡Cambiémosla Ya!

 

Los seis puntos innegociables de ¡Cambiémosla Ya!

 

El académico enumeró que entre los cambios que ¡Cambiémosla Ya! quiere ver en la ley Minera están: “En primer lugar, que la minería no puede ser una actividad preferente. No puede ser de utilidad pública, se tiene que limitar la duración de las concesiones. La concesión no puede ser lo primero que tienen las empresas. La concesión debe ser lo último, luego de que las empresas y el Estado han cumplido las obligaciones constitucionales y convencionales. No se puede concesionar tampoco en cualquier lugar, no puede haber minería submarina, no puede haber minería en Áreas Naturales Protegidas, no puede haber minería en las partes altas que son las principales zonas de captación de aguas como plantaban las compañeras.”

 

Para hacer realidad estos cambios, la Colectiva presentó cuarto iniciativas, las cuales ya fueron turnadas a comisiones. El académico terminó su narración con “un llamado enfático a que se avance en el proceso legislativo a partir de esta iniciativa que se ha trabajado desde ¡Cambiémosla Ya! con la Cámara de Diputados.”

 

Si bien tales reformas representan vías importantes para transformar los patrones históricos de poder identificados por la investigadora de Fundar, hoy y día es absolutamente indispensable la creación de condiciones para el ejercicio de la autodeterminación en los territorios de las comunidades por medio de proyectos de vida.

 

Autodeterminación y proyectos de vida en Ixtacamaxtitlán:

 

La rueda de prensa la cerró Raymundo en nombre de veinte comunidades de la Sierra Norte de Puebla. Enfatizó que la decisión de la Secretaría de Economía va acorde con lo que Tecoltemi ha decidido, y se ha levantado un acta de asamblea ejidal declarando libre de minería su territorio y exigiendo que se respete la decisión de la comunidad de no a  la minería.

Viola igualmente demandó de manera rotunda: “Que respeten nuestra vida. Que respeten nuestra religión. Que respeten nuestras costumbres que tenemos en el pueblo. Que respeten la cultura que nosotros llevamos.”

La autodeterminación: lo mínimo que se debe esperar de un estado de derecho y lo mínimo que se requiere para r-existencia de las comunidades agrarias de Ixtacamaxtitlán basado en sus historias y modos de vida.

 

Como contó Francisca: “Nuestro municipio es un municipio de historia que viene desde antes de 1519. En todos estos cientos de años no ha habido una persona que se muera de hambre. Nosotros tenemos de donde vivir. Lo que nosotros producimos ahí es la agricultura y se da muy bien, cosechamos ahí maíz, frijol, alverjón, haba, cebada, trigo.”

La agricultura como fuente de vida y cultura primordial. No es casualidad que la propia palabra cultura tiene el mismo origen de cultivar, cultuar y coger. La siembra y la cosecha no son solo unas técnicas para apropiarnos de nuestro eterno, pero son hechos fundamentalmente culturales las cuales germinan en una plenitud de modos de vida y expresiones culturales. Por ejemplo, a la diversidad de los cultivos mencionados, Gerardo Serrano Palestina, inspector de vigilancia de la comunidad de Tenzoncuigtic e integrante de Ejidos y Comunidades de Atcolhua, agregó que: “Nuestro sustento desde hace mucho tiempo ha sido el pulque; una bebida que convoca un conjunto de rituales, tradiciones, costumbres, sentidos y pensamientos sumamente mexicanos.”

 

Otro proyecto de vida en donde participan los ejidos de Tecoltemi y Cruz de Ocote para buscar usos de territorio de una manera sustentable, es el manejo forestal comunitario promovido en colectivo con otros ejidos en el Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y del Territorio de la Sierra Norte de Puebla (sus páginas de Facebook & Twitter). Para proteger a los bienes naturales y promover buenes vivires enraizados en sus culturas, el Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y del Territorio busca capacitar a comunidades para fortalecer sus conocimientos en organización comunitaria y la defensa de territorio, facilitará la difusión y buenas prácticas sobre el manejo forestal comunitario, y articulará y promoverá alianzas y diálogos con autoridades y personas tomadoras de decisiones [8].

 

Independientemente de cómo las comunidades de Ixtacamaxtitlán decidan dar forma y significado a sus territorios, dos cosas queden bastante claros:

Primero, con esta decisión de la Secretaría de Economía, “ya no hay ninguna justificación jurídica que sustente el actuar y la presencia de la empresa minera en el territorio de la Sierra Norte,” en las palabras de la investigadora de Fundar.

Y segundo: después de un tiempo imperdonablemente largo, las y los habitantes de Ixtacamaxtitlán ya están escuchados, diciéndole plenamente a los mineros canadienses que “queremos que se vayan de Ixtacamaxtitlán. Ya no los queremos allá. Ya en ningún lugar los queremos. Que se vayan. Ni en Santa María ni en todo el municipio. Que se vayan.”

 

Fuentes:

 

[1] Almaden Minerals. 2006. “Surface Work Program Completed on the Tuligtic Cu-Au Project, Mexico, Copper-Gold-Silver Mineralisation Identified.” Almaden Minerals Ltd. https://www.almadenminerals.com/s/Feb27-06.pdf.

 

[2] Moose Mountain Technical Services. 2019. “Ixtaca Gold-Silver Project, Puebla State, Mexico, NI 43-101 Technical Report on the Feasibility Study.” Vancouver: Almaden Minerals, pp. 29-30.

 

[3] Almaden Minerals. 2023. “Almaden Responds to Court Submissions by Mexico’s Ministry of Economy to Deny Twenty Year-Old Ixtaca Mineral Title Applications.” Almaden Minerals Ltd. https://www.almadenminerals.com/s/AAU-02-22-23.pdf.

 

[4] Post, Erik. 2022. “Hydroelectric Extractivism: Infrastructural Violence and Coloniality in the Sierra Norte de Puebla, Mexico.” Journal of Latin American Geography 21 (3): 49–95. https://doi.org/10.1353/lag.2022.0039 & Manriquez-Bucio, Yurixhi, and Pedro Sergio Urquijo Torres. 2019. “Responsabilidad Social Corporativa Como Forma de Control Político En Proyectos Mineros e Hidroeléctricos de La Sierra Norte de Puebla.” Región y Sociedad 31. https://doi.org/10.22198/rys2019/31/1171.

 

[5] CONABIO. 2022. “Informe sobre el proyecto de exploración de la Minería Gorrión en el municipio de Ixtacamaxtitlán, estado de Puebla (SE/092/2022).” Ciudad México: SEMARNAT, p. 12-17.

 

[6] INPI. 2023. “ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL, CULTURAL Y DE ESPIRITUALIDAD INDÍGENA RESPECTO AL PROYECTO MINERO: “EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MINERALES IXTACA” EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, SIERRA NORTE DE PUEBLA TÍTULOS CONCESIÓN MINERA: 219469 y 233434 (Cerro Grande y Cerro Grande 2).” Ciudad México: INPI, p. 34.

 

[7] Legarreta, Patricia, Óscar Pineda, and Enrique César. 2017. “Mineria Canadiense En Puebla y Su Impacto En Los Derechos Humanos, Por La Vida y El Futuro de Ixtacamaxtitlán y La Cuenca Del Río Apulco.” Ciudad México: PODER; CESDER; IMDEC; Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua ya la Vida, Atcolhua, p. 123.

 

[8] Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y del Territorio de la Sierra Norte de Puebla. 2022. “Llaman a Defender Los Bosques y El Territorio de La Sierra Norte de Puebla Frente a Extractivismo y Sobre-Explotación.” https://poderlatam.org/2022/07/llaman-a-defender-los-bosques-y-el-territorio-de-la-sierra-norte-de-puebla-frente-a-extractivismo-y-sobre-explotacion/.