La iniciativa de Ley Minera, a debate / Gerardo Pérez Muñoz

Mi reconocimiento y solidaridad a los pueblos, comunidades, colectivos y movimientos sociales por su resistencia, lucha y defensa del agua, los territorio, los ríos, sus bosques, bienes comunes y la vida, a costa de la persecución, cárcel, desaparición y su propia existencia.

A fines del mes pasado, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mandó a la Cámara de Diputados una iniciativa mediante la cual se pretende reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En su exposición de motivos, la iniciativa menciona que dicha reforma pretende terminar con el extractivismo voraz de las empresas mineras, así como recuperar la rectoría del Estado sobre los minerales y recursos hídricos del subsuelo. La reforma cambia la forma de otorgar las concesiones y el tiempo de las mismas. A partir de la entrada en vigor de la reforma, las concesiones mineras se darán a través de concurso público, se reduce su plazo de 100 a 30 años como máximo, y estarán condicionadas a la disponibilidad hídrica en donde pretendan ubicarse. La concesión de agua tendrá una duración de cinco años, y una prórroga por igual término. La reforma también prohíbe que se instale una minera en la Áreas Naturales Protegidas tal y como sucede actualmente con la actual, neoliberal y Salinista  Ley Minera, promulgada en 1992. La iniciativa de Ley Minera, incorpora un  reclamo histórico de las comunidades indígenas: la consulta libre, previa e informada a comunidades indígenas y afromexicanas, misma que deberá ser pagada por los concesionarios. (Gaceta Parlamentaria, Año XXVI, No. 6244-I-1)

Esta reforma no cancela el seguir pugnando y luchando por una nueva Ley General de Aguas o las necesarias reformas a la Ley de Derechos, la de Inversión Extranjera o sacar del T-MEC los capítulos de Inversión y el mecanismo de solución de controversias, por poner unos cuantos ejemplos. De Miguel de la Madrid a Peña Nieto, hubo toda una reingeniería legislativa que modificó la Constitución y las leyes generales para dar paso a las llamadas leyes del despojo en todos los ámbitos de la administración pública, desafortunadamente, muchas de ellas siguen vigentes en el actual gobierno de la 4T.  Para tener idea de la necesidad de modificar la Ley de Derechos, traigo a colación lo que escribió el periodista Carlos Fernández en su columna México, S.A  del 31 de marzo en el periódico La Jornada. Fernández Vega escribió No hay que dejar a un lado que año tras año la Ley Federal de Derechos deja en claro que por regalías provenientes de fundos y explotaciones mineras el erario recibe cero pesos, cero centavos. Lo anterior es responsabilidad tanto del Ejecutivo Federal (SHCP) y la Cámara de Diputados.

La conquista española y su fiebre de oro. En la época prehispánica, los aztecas llamaban al oro Teocuitlatl que significa literalmente: excremento de los dioses. Al oro se le asociaba con Huitzilopochtli (dios de la guerra) y con el culto sol.

Cuenta la historia que el esclavista Cristóbal Colón escribió en su diario que Del oro se hace tesoro, y con él, quien lo tiene, hace cuanto quiere en el mundo, lo cual lo pinta de cuerpo entero, muy lejos de ser lo que nos enseñaban en la escuela y nos reforzaban las estampitas de la tienda de la esquina. Más aún, Colón llegó a decretar que todo indígena de más de 14 años de edad tenía que entregar una cierta cantidad de oro cada tres meses. Quien no lo hiciera se enfrentaba a una pena que consistía en cortarles la mano y dejarlos morir desangrados. (Consuelo Varela, La caída de Cristóbal Colón: el juicio de Bobadilla)

 Se le ha adjudicado a Hernán Cortés una frase que delata su ambición y espíritu de rapiña, despojo y muerte, elementos de lo que fue realmente la conquista española. Dijo Cortes, los españoles sufrimos una enfermedad que sólo cura el oro (Ferrer, 2015). En el México colonial, el auge minero se dio inicialmente en Zacatecas en 1546. Muy pronto la actividad minera se extendió a los estados de Guanajuato, Pachuca o San Luis Potosí. La minería fue la actividad económica más importante durante la Colonia.

En 1783, Carlos III, aprobó las Ordenanzas de Minería de Aranjuez que otorgaban el derecho de la Corona Española sobre los recursos del subsuelo, bajo el principio de dominio eminente. El rey mantenía su dominio sobre estos recursos en primera y última instancia, por lo que se reservaba el derecho de darlos en concesión a particulares.

De acuerdo a la World History Encyclopedia, en tan sólo medio siglo, los españoles se llevaron 100 toneladas de oro de América a Europa y así fue como España se convirtieron la nación más poderosa de Europa.

Durante 1884 se emitió el Código de Minería donde se determinó que el propietario del suelo lo era también del subsuelo (artículo 1°) y en 1892. Porfirio Díaz promulgó una ley aún más nociva para los intereses nacionales con la cual entregó los recursos del subsuelo a particulares, principalmente a extranjeros, sin necesidad de concesión en ningún caso, y cuya concesión sería irrevocable y a perpetuidad. Las minas dejaban de ser de la nación, como otros bienes, que privatizó durante su dictadura.

Producto de la revolución mexicana, se promulga en 1917 la Constitución Mexicana que restituyó el dominio del Estado sobre las tierras, el territorio y aguas y la riqueza del subsuelo e impedía que cualquier poder extranjero o nacional lo vulnerase. Lo anterior sólo se pudo concretar durante el Cardenismo, periodo en el cual se llevó a cabo la reforma agraria, la nacionalización de nuestros recursos energéticos y naturales que permitieron el desarrollo industrial y agrícola del país. Bien lo señaló el general Cárdenas cuando mencionó que gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras, traiciona a la patria.  Posiblemente lo dijo conociendo a la élite política y económica de su época. Sentencia que prefiguró la historia neoliberal de nuestro país.

Con la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari mediante un fraude electoral colosal, irónicamente un 6 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaba el Artículo 27 Constitucional que permitió y legalizó la venta del suelo ejidal y comunal y decretó el fin de la reforma agraria.  El 26 de febrero del mismo año, se publica la Ley Agraria que abre de par en par la privatización y mercantilización de la tierra, de nuestro subsuelo, agua, energía. Iniciaba la venta de garaje de nuestro país. En junio de ese año, se publica en el Diario Oficial de la Federación la nefasta, depredadora e inconstitucional Ley Minera, con su necrófilo artículo sexto que eleva a prioridad nacional, la exploración y explotación minera en todo el territorio nacional.  Con la reforma Peñista del 2013, esta prioridad se extiende al petróleo y al gas.  Al igual que en el caso de las concesiones de agua, las concesiones mineras se dispararon hasta llegar a un total de casi 26 mil y un poco más de la mitad de nuestro territorio nacional-117 millones de hectáreas, fue concesionado a las mineras, particularmente Canadienses. En 1994, sólo se habían concesionado 9 millones de hectáreas. Los ex presidentes que más hectáreas dieron en concesión, fueron; Ernesto Zedillo (PRI) y Felipe Calderón (PAN).

De acuerdo a Oxfan México, del 2000 al 2010, se extrajo de México el doble de oro que a lo largo de 300 años de conquista y la colonia.

 La minería en nuestro país ha dejado una cauda de despojos y devastación ambiental,  particularmente a los pueblos indígenas: contaminación de aire, suelo y agua; división de comunidades, asesinatos, represión, persecución, cárcel o desaparición de defensores y defensoras del territorio.  En Puebla tenemos los casos de los compañeros Antonio Esteban Cruz, Manuel Tilihuitl, Manuel Gaspar o Sergio Hernández, solo por poner unos cuantos ejemplos. Durante el gobierno de Peña Nieto, la industria minera creció un poco más del 70%, al igual que creció y aumentó la represión contra los pueblos. De acuerdo a la organización Global Witness (2022), México se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo para los activistas ambientales y defensores de la tierra.

En la minería a cielo abierto se usan miles de toneladas de dinamita y productos químicos como el cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y disolventes para separar los minerales de la mina. Se da una brutal destrucción de flora, fauna y cuerpos de agua e impactos en la salud.

En diciembre de 1992 se publica en el DOF la neoliberal Ley de Aguas Nacionales que sustituyó a la Ley Federal de Aguas de 1972. Dicha ley regulaba lo relativo al uso o aprovechamiento del agua y sus bienes. A partir de 1992, el agua se convierte en una mercancía y en un gran negocio para pocos. En diciembre de 1993 se promulga la Ley de Inversión Extranjera y en 1994, se da la entrada en vigor del TLC. A partir de ese momento, los empresarios extranjeros pueden invertir en nuestro país hasta el 100% y no el 49% como era antes y desaparece la Cláusula Calvo. Las empresas extranjeras se comprometían a sujetarse a las leyes mexicanas  y no al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) como sucede actualmente con los Tratados Comerciales.

Antecedentes de la minería en Puebla.

En la comunidad de La Cañada de Tetela de Ocampo, desde la época prehispánica se explotaba el coxcatlteo-cuitlatl (oro, excremento de los dioses) mismo que era enviado a Moctezuma.  Hasta el siglo XIX se le conoció como Tetela del Oro. En la parte sur del Estado, particularmente en el municipio de Jolalpan, se ubicaba otra, zona minera. En especial, la mina "San Juan Tlaucingo. También se explotaban yacimientos de oro en Chiautla de Tapia.

En 1892, Don Vicenzo Lombardi Gati, abuelo de Vicente Lombardo Toledano, descubrió el yacimiento que dio origen a la mina La Aurora, la comunidad de Aire Libre, Teziutlán, Puebla. La minera operó bajo la dirección de The Tezuitlán Cooper Co.

Algunos casos de La lucha de los pueblos en defensa de su territorio. En noviembre del 2012, Un poco más de cinco personas de 32 comunidades del municipio de Zautla, expulsaron a la empresa minera China, JDC Minerals.

2013: Olintla, Pue. Los hermanos Totonacos, expulsaron de su comunidad a l Grupo México, del ecocida Germán Feliciano Larrea Mota Velasco que pretendía  hacer una hidroeléctrica para surtir de energía a sus mineras. Una frase muy elocuente y sabía de una habitante de la comunidad de Zaragoza, Olintla, Pue.  No queremos que se le haga daño al agua.

Desde el 2015, el proyecto minero que quería llevar a cabo en Tetela de Ocampo el hombre más rico de México, Carlos Slim a través de su empresa Minera Frisco, está detenido.  

En la Sierra Norte de Puebla y gracias a la organización, concientización, movilización y lucha de los pueblos nahuas, totonacos y mestizos pobres, se han cancelado proyectos mineros en los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac, Cuetzalan y últimamente en Ixtacamaxtitlán-comunidad de Tecoltemi- en donde lograron doblar a la minera Canadiense, Almaden Minerals.

De acuerdo al Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) en el 2021,  en Puebla había 229 minas vigentes de un total de 310 concesiones otorgadas en el estado, lo cual significa una superficie de 138 mil 734 hectáreas de tierra.

Hace tres años, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario

(IMDEC) informaba a las y los Poblanos qué En Puebla, fueron otorgadas 440 concesiones mineras a 13 particulares para extraer plata y oro, mediante la técnica de cielo abierto, que usa grandes cantidades de agua, además de cianuro, arsénico, químico letal para la salud y la biodiversidad.

De conformidad con el Centro de Análisis Fundar, el porcentaje de recaudación minera con respecto al total nacional ha sido sumamente mediocre: 0.13, 0.32 y 0.97 % para los años 2019, 2020 y 2021 y de acuerdo a la Colectiva Cambiémosla Ya. declararon que con datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), la industria extractiva sólo da empleo a 131 mil 880 trabajadores con seguridad social, al corte de febrero del presente año y sólo es responsable de sólo el 0.62 por ciento de los empleos.

A prácticamente ocho días de enviada la propuesta a la Cámara de diputados, me sorprende el enorme silencio que ha habido por parte de las dirigencias y bases, tanto a nivel nacional y estatal de Morena y de sus partidos satélite, ante esta propuesta legislativa. Es muy probable que estén más preocupados- por lo que se puede ver en las redes- en apoyar a su corcholata preferida tanto a nivel federal como estatal, que conocer y difundir la iniciativa de reforma de la Ley Minera y apoyar a los comunidades, pueblos y movimientos que aún y a costa de la vida de muchos de sus integrantes, han defendido su territorio, agua, bosques y bienes comunes. Paradójicamente han sido las organizaciones sociales quienes han dado la cara y se han pronunciado al respecto.

López Obrador frecuentemente se refiere a que su movimiento no es igual a los otros partidos conservadores y de derecha. Pienso que parcialmente tiene razón. No todos en su movimientos son iguales a los de la derecha, pero tampoco podemos olvidar y obviar que hay en Morena y en  coalición Juntos Hacemos Historia, diputados, senadores, gobernadores, diputados locales y funcionarios estatales que no sólo son iguales a los de los partidos de enfrente, sino son los  mismos-hoy con otra careta y máscara-son los mismos que aprobaron las reformas Salinistas y la privatización de los bancos,  el Fobaproa y la reforma a la Ley de IMSS  en 1997 (sistema de pensiones y afores), la ley Calderonista de reforma a la Ley de  ISSSTE (2007) o las Reformas estructurales de Peña Nieto y su  Pacto contra el pueblo de México: (2012) y sus Leyes Energética (2013) y de la Ley de la Industria Eléctrica (2014).

Es cierto que esta iniciativa de reforma de la Ley Minera no enfrenta el modelo neoliberal actual y mucho menos la matriz extractivista, es un buen  inicio para hacer efectivos nuestros derechos a un medio ambiente sano, al agua, a la salud, a la alimentación y sobre todo, al reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos originarios que han soportado más de 500 años de colonialismo y neocolonialismo, opresión, explotación, racismo, discriminación y rapiña de sus recursos naturales.

El cómo se procese la iniciativa y sobre todo, como se vote, nos dará cuenta, tanto de los diputados y senadores pero también de sus partidos, quienes están del lado de las grandes empresas nacionales extranjeras y quienes del lado del pueblo. Es por ello que tiene mucha actualidad y relevancia la consabida frase de Benito Juárez: Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, y con sus hechos lo traicionan.

Una noticia buena y otra mala. Casi al momento de terminar el presente artículo, me llegan dos noticias.

La buena: la relatora especial  de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, se pronunció por el cese a la criminalización del defensor del agua Miguel López Vega.

La mala. Encuentran muerto al compañero Eustacio Alcalá, defensor del medio ambiente en la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, Michoacán. Lugar en el que defendió a su comunidad del crimen organizado y de las empresas mineras. Gracias a su trabajo y a lapoyo y respaldo de su   comunidad, le ganó un amparo ante dos mineras. 

¡¡¡¡La Patria no se vende, se ama y se defiende!!!