BUAP: trabajo académico gratuito / Germán Sánchez Daza

Las autoridades universitarias buscan generar una nueva categoría docente: profesores sin remuneración, es decir, la imposición de mayor precariedad laboral.

El pasado lunes 3 de julio, se difundió un oficio del Secretario General de la BUAP, con una “Invitación al personal académico y no académico de la …(BUAP)… a postularse como colaborador para la impartición de asignaturas en los programas educativos de otoño 2023.” En específico, busca incorporar al personal directivo, mandos medios y de confianza, a impartir cursos sin “pagos adicionales” y fuera de la jornada laboral de su puesto base, “a contra turno”.

La justificación de esta “invitación” es la de poder atender los cursos que no se logran cubrir con la planta académica básica (son los pendientes “Por asignar”). Esta medida implica que está restringida la contratación de profesores hora clase, acción que se venía realizando hasta ahora.

Esta “invitación” es violatoria del Contrato Colectivo de Trabajo y al Estatuto Orgánico vigente, pues es materia exclusiva de los trabajadores académicos la “…realización de las actividades inherentes al objeto, fines y funciones sustantivas de la Institución…”. De acuerdo a las normas vigentes, incluida las Leyes de Educación Superior y la Federal del Trabajo, si se requiere que algún otro universitario (personal administrativo o estudiante) lleve a cabo la impartición de un curso, debería reconocerse su calidad de trabajador académico, bajo alguna de sus funciones y/o tipo de contrato.

Lamentablemente, a pesar de que el citado oficio alude a un Marco Normativo, ninguno de los artículos es pertinente para justificar el trabajo académico sin pago y, además, sin el reconocimiento de su labor como docente. Resulta grotesca la manera en que se pretende ocultar tanto la actividad docente como la responsabilidad de quien la desempeña; así, encontramos que se le denomina a los posibles académicos, responsables de los cursos, como: colaboradores, instructores, facilitadores. En tanto que su trabajo docente, es más difícil no reconocerlo como tal, de tal manera que lo aluden como “funciones vinculadas a la docencia frente a grupo”, “impartición de asignaturas”, impartición de clases.

El problema fundamental de estas acciones es el nulo crecimiento del número de profesores-investigadores de tiempo completo, siendo sustituidos por académicos bajo contratos por hora-clase, lo cual contrasta con un incremento de la carga del trabajo, determinada por el aumento de la matrícula, la realización de actividades de investigación, extensión, difusión y vinculación. Todo esto ha constituido un trabajo académico precarizado y burocratizado.

Es pertinente recordar que las políticas educativas neoliberales se impusieron a partir de una enorme caída salarial, desde 1978 y hasta la fecha, de tal manera que si en ese año el salario tabulado era de $100, hoy sería de $45. Este deterioro fue el fundamento para reformular el trabajo académico, pues se desarrolló todo el sistema productivista de estímulos y credencialismos, que actualmente orientan las actividades de los profesores-investigadores.

La organización académica fue destruida, las reuniones de planta fueron eliminadas, siendo sustituidas por pequeñas agrupaciones de área o disciplina, pero anulando su capacidad de decisión, pues se les asigna un carácter deliberativo. Asimismo, hacia fines de la década de los noventa se consolidaron las políticas de cuerpos académicos, que vinieron a incidir en una mayor fragmentación. Esta destrucción tuvo como eje el desconocimiento del SUNTUAP y la ruptura de la bilateralidad en las relaciones laborales, lo cual fue avalado por organizaciones sindicales creadas ad hoc a los intereses de la élite burocrática.

Simultáneamente, se aplicó una política de restricción a las contrataciones de puestos de tiempo completo, lo cual fue resarcido con profesores por hora clase, es decir con muy bajos salarios y condiciones de trabajo más precarias (horarios, espacios, traslados, etc.).   

En su conjunto, esas acciones significaron actividades de gestión-administrativas cada vez mayores (p. e. planeación, reportes e informes), que son supervisadas y organizadas por las autoridades, la aplicación de criterios cuantitativos y administrativos para evaluar el desempeño académico. La burocratización de la actividad se expresa en un creciente número de reportes o informes a varias instancias, semestral y anualmente; lo cual implica no solo mayor tiempo de dedicación, sino también una gran tensión por cumplir en los tiempos y formas que establece el cronómetro de la autoridad institucional. Es el taylorismo académico, cuya lógica productivista genera competencia y segmentación entre los mismos profesores-investigadores.

Esta realidad laboral es el trasfondo de la “invitación” que hoy comentamos, de hecho, viene a agudizar las presiones y problemáticas señaladas. Veamos un indicador de la creciente carga de trabajo: el número de estudiantes matriculados en relación a los académicos contratados. Se trata de un indicador muy general, y que varía según el número de horas-clase que imparte cada uno de ellos, así como las demás actividades como investigación, difusión, vinculación, etc., sin embargo, se pueden observar trayectorias que se podrían corroborar con información más detallada.

En el gráfico 1 se muestran las tendencias de ese indicador. La matrícula se elevó de 40 mil en 1998 a 120 mil en 2022, en tanto que los académicos de tiempo completo y medio tiempo eran 2,490 y 2,630, respectivamente. Es decir que mientras se triplicó el número de estudiantes, el número de profesores-investigadores solo creció un 5.6%. Ante esta desproporción y las políticas mencionadas, el número de académicos contratados por hora clase se elevó, en particular a partir 2010 y hasta 2018, segundo periodo del rector Agüera y el primero de Esparza, teniendo una disminución en el último periodo de éste.

Gráfico 1. Trabajadores académicos (por tiempo de dedicación) y matrícula estudiantil, 1998-2022

Elaborado con base en BUAP, Anuario Estadístico, Varios Años.

Ese tipo de política gubernamental fue aceptada e implementada por las autoridades institucionales, quienes, hasta la fecha, han sido incapaces de desarrollar una estrategia que impida la precariedad laboral y sus negativas consecuencias sobre la atención adecuada a la comunidad estudiantil. En el cuadro 1 presentamos los cálculos por tipo dedicación: si en 2002 había 16.5 estudiantes por académico de tiempo completo y medio tiempo, veinte años después se había elevado a 45.8 estudiantes, en tanto que si consideramos a los contratados por hora-clase, el número de estudiantes por cada académico se elevó de 43.9 a 51.4, para ese mismo periodo. Finalmente, en la cuarta columna tenemos los datos del número de estudiantes atendidos en relación al total de académicos, mostrando un crecimiento del 100% (de 12.0 se incrementó a 24.2). Destaca que, en el último año, primero de la actual administración, la carga laboral creció en 13.9%.

Cuadro 1. Carga laboral: estudiantes por académico, varios años

Elaborado con base en BUAP, Anuario Estadístico, Varios Años.

La falta de personal académico es un problema estructural, derivado de las políticas educativas neoliberales y de la carencia de alternativas institucionales; pretender resolver esta falta con medidas como las planteadas en el oficio mencionados solo redundará en una mayor precariedad laboral y con consecuencias negativas sobre la atención a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Sobre esto último, la “invitación” a colaborar como “instructores o facilitadores” al personal administrativo que tendrá que cubrir su jornada de 40 horas, más la impartición de un determinado número de horas clase (a lo cual habría que agregarle el tiempo de preparación y de seguimiento de los ejercicios y actividades de los estudiantes) es violatoria al derecho humano de trabajo digno y expone su salud psicofísica; además de que la experiencia muestra que el tiempo de dedicación a la labor docente es insuficiente (nos referimos a que han existido casos en que funcionarios con jornada completa han impartido clases y su propia actividad básica limita esa dedicación).

Otro punto debatible es que deja abierta la decisión de aceptar o rechazar a los postulantes, serán las “unidades académicas”, dada la estructura vertical y autoritaria imperante, se puede insinuar que la decisión estará en manos de los directores y no de una comisión de pares.

Ante el derecho humano a la educación superior, que debe ser obligatoria y gratuita, la Universidad debe generar una estrategia para lograr expandir la planta académica, con un trabajo digno; eliminando las enormes diferencias salariales, generando las plazas de tiempo completo definitivo para los colegas horas clase, logrando con ello una planta académica profesionalizada, es decir, dedicada cien por ciento a las actividades sustantivas de nuestra Institución. ¿Cómo se garantizará el personal suficiente, calificado y profesionalizado para atender el nuevo proyecto CU2? No será con un trabajo sin remuneración.