La urgente mejora del transporte público en Puebla / Armando Pliego Ishikawa

Puebla enfrenta una crisis de movilidad que afecta a millones de personas diariamente. El transporte público, lejos de ser una solución eficiente y digna, es un reflejo del rezago histórico en infraestructura y planeación. Recordemos que la mitad de los viajes en la zona metropolitana se realizan en transporte público, y sin embargo la mayoría del presupuesto se sigue dedicando a infraestructura vehicular.

Además, a pesar de los esfuerzos que se han hecho con la implementación de las tres líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (y la línea metropolitana que aún no queda clara su viabilidad), la realidad es que estos avances son insuficientes ante las necesidades de la población.

El transporte público en Puebla ha estado dominado por un modelo neoliberal de concesiones a particulares con mínima regulación. Esto ha generado un servicio deficiente, con unidades en mal estado, operadores sin capacitación ni derechos laborales apegados a la ley, y rutas desordenadas que no responden a un esquema de movilidad integral, sino al interés económico de los concesionarios. A ello se suma la inseguridad en las unidades, un problema recurrente que desalienta a los usuarios y los empuja a buscar alternativas más peligrosas, costosas e insostenibles, como el uso de scooters eléctricos, motocicletas o automóviles.

En el mejor de los casos muchas veces nos conformamos con ver que sancionen a los titulares de las concesiones con el retiro de unidades y con multas, pero esto termina incluso por impactar de manera negativa al usuario, a quien el servicio se debe. Imaginemos que ese fuera el trato que se le da a otros servicios públicos como la salud o la educación, donde a quien no cumpla se le cierre la escuela o el hospital, dejando a miles sin la mínima atención adecuada.

Es por eso que necesitamos rectoría del Estado sobre la planeación y operación del transporte, asumiendo su rol como defensor y promotor del derecho a la movilidad, entendiéndolo como la llave para el ejercicio de otros derechos humanos básicos. Lamentablemente hoy el gobierno se reduce a un gestor y administrador de los intereses de los transportistas, renunciando a su responsabilidad de garantizar el derecho a la movilidad.

En las últimas semanas, el transporte público y la agenda de movilidad en la zona metropolitana de Puebla han sido motivo de diversas notas periodísticas y discusión entre la sociedad. Destacan los operativos contra taxis piratas en Lomas de Angelópolis, que llenan un vacío dejado por el estado al proveer un servicio que nadie más ofrece para transportar a trabajadores que diariamente desempeñan servicios en la zona de la Atlixcáyotl y sus fraccionamientos, que fueron planificados para moverse en auto, pero que sólo operan gracias a una gran masa de trabajadoras y trabajadores que se mueven a pie y en transporte público. También se ha anunciado la puesta en marcha de unidades que eran de la Línea Metropolitana para sustituir el servicio de transporte pirata.

Otro tema que ha generado debate es la cancelación del servicio de Uber Moto tras una demanda del gobierno del estado contra la empresa, señalando que este servicio puede ser potencialmente más peligroso debido a los riesgos inherentes al uso de motocicletas, y que, sin embargo, supone una alternativa real para muchos usuarios frente a un transporte público inseguro e ineficiente. Finalmente, también se habló de la entrega de seis unidades eléctricas de transporte público colectivo y diez taxis eléctricos, aunque sin un plan maestro para la transición a un modelo de ruta-empresa, ni estrategias claras frente al reto de la renovación de miles de unidades que ya superaron su vida útil.

La modernización del transporte público va más allá de sustituir unidades: es necesario reemplazar el modelo de negocio actual por uno centrado en las necesidades del usuario. En este sentido, se hicieron los primeros esfuerzos hace más de diez años, con la implementación de la Red Urbana de Transporte Articulado.

Desde la inauguración de la primera línea de RUTA en 2013, se generó la expectativa de una modernización del transporte público en Puebla. Sin embargo, con solo tres líneas en operación y sin una red de rutas alimentadoras eficientes, la cobertura sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda. Además, la falta de integración con otros medios de transporte, como la bicicleta pública o el sistema de transporte suburbano, ha impedido que RUTA sea una solución realmente transformadora.

El déficit en transporte público tiene múltiples efectos negativos en la ciudad. La proliferación de motocicletas, impulsada por la falta de opciones accesibles y eficientes, ha incrementado el número de siniestros viales, muchas veces fatales. Asimismo, la congestión vehicular empeora, elevando los tiempos de traslado y aumentando la contaminación ambiental. Para las personas con menores ingresos, este problema es aún más grave, ya que deben destinar una parte significativa de sus recursos y tiempo a la movilidad diaria, en muchas ocasiones en servicios inseguros.

Es urgente que Puebla adopte una visión de movilidad integrada y sustentable. En este sentido algunos aspectos clave incluyen la necesidad de expandir y consolidar RUTA, con más corredores troncales y alimentadoras que den cobertura a más colonias en la capital y los municipios conurbados; la urgencia de implementar estándares de calidad, seguridad y accesibilidad en los servicios de transporte público tradicional, todo esto involucrando a la ciudadanía en el diseño de políticas de movilidad y asegurar el uso eficiente de los recursos destinados al transporte público.

¿Por qué no iniciar con la elaboración de un plan maestro del transporte público a partir de un diagnóstico de este servicio? ¿Y si para dicho plan maestro se elabora una encuesta masiva a los usuarios para identificar los principales dolores y deficiencias? Sólo así podríamos conocer de viva voz de la gente cuáles son las mejores y peores rutas y dónde hay más oportunidades de mejora, así como los retos más grandes más allá de la eficiencia del servicio, como por ejemplo en cuestiones de acoso a las mujeres o la seguridad de las y los usuarios. Los usuarios debemos ser partícipes, no sólo testigos.

Si Puebla quiere ser una entidad competitiva, incluyente y sostenible, debe priorizar la inversión en transporte público. No hacerlo condenará a sus habitantes a seguir padeciendo una movilidad caótica y desigual. La solución no puede seguir postergándose.

armandoishikawa@gmail.com
@dobbyloca

(Foto de portadilla tomada de e-consulta)