Los derechos de los ríos: tratarlos como si fueran personas

(Foto de portadilla: El río Magpie,  conocido siempre como el río Muteshekau-shipu. Tomada de The Guardian)

A principios de este año, autoridades locales en Canadá  le han reconocido personalidad jurídica al río Magpie, que recorre 200 millas de Quebec,  otorgándole nueve derechos, incluyendo el derecho a fluir, el derecho a estar libre de contaminación y el derecho a demandar en su nombre. Pero antes que nada se le reconoce como un "ente vivo". A lo largo del mundo, miles de activistas a favor de los ríos estamos tratando, a través de litigios específicos,  de que se otorguen, reconozcan y se protejan dichos derechos en las leyes humanas. No de manera abstracta. De manera concreta y buscando sanciones y consecuencias para los asesinos de nuestros ríos. Estos derechos no deben quedarse de ninguna manera en un puro simbolismo. En México las leyes aparentemente cubren todos los frentes para proteger a la naturaleza, pero el objetivo es plasmarlos en fallos judiciales específicos que obliguen a diseñar presupuestos desde los congresos que permitan implementar un amplio abanico de políticas públicas para proteger a los ríos y sancionar a quienes los están matando. Toda la naturaleza debiera estar sujeta a esos derechos. En todo el mundo los ríos están amenazados de distintas maneras: porque se talan los bosques y selvas que los alimentan, porque se detiene su flujo por medio de presas cuyo impacto ambiental para los seres vivos se minimiza o soslaya, o porque se usan para desechar todos los procesos de alimentación y consumo de la especie humana, matando y afectando a miles de especies, incluida la nuestra.

El mapa de la contaminación en el río Atoyac. Elaboraciòn de Mundo Nuestro.

El caso que yo conozco bien es el de los ríos que nacen en las cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Malinche de la cuenca del Atoyac Xochiac, una cuenca de 410 mil hectáreas ubicada entre Puebla y Tlaxcala,  y en la que habitamos más de tres millones de personas. La mayoría de los ríos de la cuenca están parcial o totalmente contaminados y abandonados a su suerte. Los asentamientos humanos y la actividad  agrícola, industrial y comercial han rebasado por completo a la rectoría del estado mexicano en materia de agua y los actos más absurdos y cafres se ejecutan contra los ríos. Como le oí decir a un funcionario responsable de intentar contener este desvarío: "Se han inventado mil formas para matar al Atoyac".

En las últimas tres semanas se han clausurado en la ciudad de Puebla, vía SOAPAO y Protección Civil del Estado, a grandes empresas y complejos industriales que llevan años actuando de manera ilícita.  Muchos argumentan "que no sabían lo que estaban haciendo", "o que creían que su sistema de tratamiento funcionaba”. Otros se defienden mintiendo, otros más, utilizando los intrincados caminos de las lagunas legales y el poder del dinero para tramitar amparos. Muchos se desgastan litigando en lugar de invertir su tiempo en corregir y dejar de escupir al cielo y al techo de cristal de sus hijos y nietos, que es justo lo que hacen cuando contaminan el agua. Una industria textil clausurada la semana pasada, con la capacidad de fabricar 18 millones de toallas al año ¿No puede tratar su agua y calcular sus costos ambientales en lugar de aventarlos a una barranca por un tubo clandestino? ¿Una empresa que fabrica  y exporta 8 millones de pantalones de mezclilla al año tampoco sabe si la calidad de su agua tratada cumple con la norma? ¿Un empresario que construye y renta más de 120 bodegas industriales en la junta auxiliar Resurrección de verdad se cree con derecho de otorgar usos y destinos del suelo y  dar autorizaciones para descargar en barrancas? ¿Todas esas bodegas y giros industriales aparecieron de la noche a la mañana sin que nadie los viera? Ninguno de los giros que fueron clausurados en estos días hubiera naufragado económicamente por tratar sus aguas como se debe. Ni qué decir de los desarrolladores de vivienda. Construyen sin tener factibilidades de agua en la mano y muchas veces sabiendo que no hay una red de infraestructura hidráulica que los soporte. Simplemente hacen ilícitos porque se puede. 

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La realidad es que las estructuras administrativas públicas para la aplicación de las leyes que debieran proteger a nuestros ríos se encuentran cada vez más debilitadas por falta de personal, presupuesto  y voluntad política. Y de esto habría  que responsabilizar básicamente a los congresos locales y al federal, responsables de construir los presupuestos mínimos para la gestión del agua en nuestro país. A los ayuntamientos se les han hechos recortes de presupuesto que inciden gravemente en su fortalecimiento y ordenamiento.  Aunque en los planes de desarrollo de las administraciones recientes se considera que el buen manejo del agua es un tema de seguridad nacional, a dicha seguridad se le otorga cada vez menos dinero. Nuestras leyes son bien bonitas, están muy chulamente escritas. Creo que hasta los canadienses se asombrarían al leerlas. Los derechos que ellos recientemente les otorgan a sus ríos, aquí están en las leyes desde hace un montón de años.  La única manera de fortalecer nuestras leyes es usándolas, exigiendo su aplicación, y apoyando a las autoridades encargadas de su aplicación de todas las maneras posibles. Un camino ha sido la acción colectiva, el amparo indirecto contra la omisión en la aplicación de las leyes para salvar al Atoyac.  Supuestamente habría sentencia en dos años. Las complejas pruebas de que el río está contaminado, los trámites, los costos, el tropiezo del Covid, la falta de peritos, han extendido los tiempos a casi 4 años. El juicio es lento, pero nos ha enseñado a entender la complejidad del problema y la dificultad en la aplicación de la ley. El objetivo es un río vivo. Un río enfermo es reflejo de una comunidad enferma. 

Tratar a los ríos como si fueran personas. ¿Tú les harías a tus hijos lo que le haces a un río, lo que le haces al agua?  Piénsalo.