Relatoría de reportero en el foro Diálogo Nacional por la Paz / Sergio Mastretta

Mundo Nuestro. No es fácil en estos tiempos de violencia sin freno construir un ánimo colectivo de esperanza por un mejor país. Ese espíritu lo he encontrado hoy en el arranque de los trabajos del foro Diálogo Nacional por la Paz que se lleva a cabo en Ibero Puebla. Los jesuitas llevan la batuta pero de la mano va la jerarquía de la iglesia católica mexicana con las figuras de los obispos Rogelio Cabrera y Víctor Sánchez. Se quiera o no, ciudadanos religiosos y religiosas son quienes encabezan esta importantísima iniciativa para México.

Y vale consignarlo en este Mundo Nuestro. Recupero aquí lo escrito en la libreta de reportero de las participaciones de los ponentes que por la mañana del jueves arrancaron el evento.

Mario Patrón Sánchez, el Rector de la Ibero Puebla, toca la vibra de Ignacio Ellacuría al referirse al mal común que produce un conjunto de estructuras sociales conjugadas para esta violencia generalizada que vivimos y que expresan la erosión de los tejidos comunitarios: la desigualdad estructural, la falta de oportunidades, el individualismo, el discurso único que quiebra todo diálogo, la falta de autocrítica. Todo ello nos paraliza en la incertidumbre y la desesperanza. Por ello, esta iniciativa por la paz es la que se impulsa desde una comunidad atenta a las demandas de paz y reconciliación en México.

El arzobispo Víctor Sánchez señala los desafíos de la Iglesia como los mismos que enfrenta la nación. Para reconstruir el tejido social hay que buscar las claves en lo local.

El obispo de Monterrey, Rogelio Cabera, planta el binomio encuentro-diálogo, y subraya la palabra bien dicha, creativa, esperanzada como la que se tiene que tejer en este esfuerzo.

El jesuita Luis Gerardo Moro, provincial de la Compañía de Jesús, carga la herida de sus hermanos muertos, y como todos los demás, recuerda los asesinatos de Cerocahui en el 2022 como el punto de quiebre que llama a tomar medidas y empezar por valorar la solidaridad como exigencia de justicia. Y llama a las autoridades de todos los niveles y a los criminales a recapacitar por el mal que le hacen a México.

La hermana Juana Ángeles Zárate es presidenta de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM).  Ella despliega los objetivos de este encuentro: la construcción de un diálogo nacional incluyente que recupere una agenda nacional a partir del análisis de la realidad y la identificación de las buenas prácticas. Y todo parte de un objetivo concreto: comprender las causas de la violencia.

Al jesuita y médico Hernán Quezada le corresponde resumir el trabajo colectivo realizado en conversatorios y foros realizados a lo largo del último año en todo el país y que se presentan en la propuesta integral de acción para la paz. Señala los ámbitos analizados: la crisis de la familia, la precariedad de los salarios y el abuso laboral, la incapacidad y la corrupción gubernamental para impedir la violencia y la impunidad, que deriva en la existencia de las cárceles para los pobres, el desastre educativo, la descomposición del tejido social, el miedo y la falta de empatía de la propia iglesia católica. Y describe los temas que brotan en el análisis: la pobreza, el uso excesivo de las redes sociales, la crisis de valores: la macrocriminalidad, el crimen más allá del narco, la vinculación crimen-gobierno, el fracaso de las políticas del Estado con las policías rebasadas, los ministerios públicos incapaces, la institucionalización de la violencia y el control social y político que ejerce en los territorios el crimen organizado. Señala, por último, la desigualdad económica como causa de fondo y el fracaso de la justicia punitiva.

La mesa 1

Sobre la realidad del país hablan Elena Azaola Garrido y el jesuita Jorge Atilano.

Elena Azaola Garrido es doctora en Antropología y maestra emérita en el CIESAS. Ella va directo a los números: 450 mil muertos en los últimos quince años, y al menos 111 mil personas desaparecidas. Una tragedia entonces que suma 561 mil mexicanos muertos o desaparecidos, No hay forma de asimilar el sufrimiento de al menos cinco millones de personas cuyos familiares están en esa cuenta de dolor, coraje e impotencia. Hay que señalar culpables, dice: las autoridades de todos los órdenes de gobierno y los grupos delictivos, pero también los ciudadanos que no hemos puesto un alto a todo esto. Qué no funciona: el sistema de justicia colapsado; el fracaso de la Guardia Nacional; las cárceles saturadas con sentencias absurdas. No existen atajos para evadir esta realidad. Qué sí funciona: construir desde lo local la seguridad, imaginar el lugar en el que queremos vivir desde la familia, la escuela, la iglesia, los centros de trabajo. Pero Elena Azaola encuentra la esperanza en la restauración del paradigma de la reconciliación; reconocer el dolor, escuchar y reparar el sufrimiento; recuperar los métodos tradicionales de la reconciliación existentes en las comunidades indígenas.

Jorge Atilano González Candia es un jesuita veracruzano de 47 años de edad, fundador del CIAS POR LA PAZ A.C. y hoy responsable del Sector Social de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús (2020-2026). De entrada marca tres realidades: la de los territorios controlados por criminales, la del gobierno desbordado, la salida que se construye desde las comunidades. De la primera: el crimen organizado y sus alianzas con grupos de poder local, en la violencia ha encontrado su ventaja competitiva; la respuesta de las fuerzas armadas carece de estrategia y desconoce las dinámicas locales: y se tiene en las policías municipales el eslabón más desprotegido. De la segunda: sistemas de justicia desbordados; desgaste y desamparo de funcionarios ligados al mismo; un ejército sin estrategia se encierra en cuarteles rodeados de crimen organizado: No hay inteligencia social ni institucional. De la tercera: se necesita avanzar en la corresponsabilidad de todos los actores sociales; se tiene que reconocer el fracaso del asistencialismo; la iglesia misma ha descuidado los territorios; la sociedad está distraída, no entiende que la gente encuentra en la violencia el reconocimiento; la polarización está en las élites, no en las comunidades, se debe recuperar desde ellas el debate de los asuntos públicos. También encuentra esperanzas este jesuita: repensar los sistemas de justicia desde los métodos de las comunidades indígenas, buscar la reconciliación y la reinserción; dejar de lucrar con la justicia. Subrayar las experiencias positivas, como lo que ocurre en la zona metropolitana e Monterrey, y señala la identificación de 298 buenas prácticas en los conversatorios en los que participaron 1,095 instituciones, 440 de ellas de la sociedad civil, 224 instituciones religiosas y 164 funcionarios públicos.

La mesa 2

Ahora se intenta responder a la pregunta que nos hacemos todos: ¿por qué hemos alcanzado este grado de violencia en México?

Javier Sicilia es un poeta y tal vez quien más ha calado en la creación de una conciencia nacional sobre la realidad de la violencia en México. Parte de un hecho difícilmente disputable: si la función del Estado es la de proveer justicia, seguridad y paz el nuestro es uno totalmente podrido y tomado por el crimen organizado. No hay Estado de derecho donde la impunidad alcanza el 95, el 98 por ciento, Pero lo más cierto es que la indignación ante crímenes como los de Cerocahui no dura más de dos días. Hicimos un último intento con Amlo, al proponerle al principio de su gobierno un plan de justicia transexenal, pero la realidad es que partidos, gobiernos, iglesia, empresarios, todos están implicados. Los aparatos de justicia están para lo ordinario, no para lo extraordinario. Con el Covid se tomaron en el mundo medidas extraordinarias, y eso es lo que necesita México, una nueva política de estado transexenal, una agenda por la dignidad del país. Crear mecanismos extraordinarios como organismos del Estado pero independientes de los gobiernos. Pero hace falta la movilización por una agenda del tamaño de la violencia. Hay que parar al país. Esa es la exigencia cristiana: a dios rogando y con el mazo dando. Y si alguien en México tiene la capacidad para hacerlo, es la Iglesia. Se debe respaldar con los hechos lo que salga de aquí. Debemos luchar contra la normalización de la violencia.

Javier remata con una frase rigurosa: “"Hay que irse a preguntar por qué cartel vamos a ir a votar en el 2024.”

Clara Jusidman es economista con una larga carrera en la administración pública y en organizaciones de la sociedad civil. Apunta a la realidad laboral y a las cuatro décadas de precarización de los salarios en México. La impusieron los empresarios como respuesta a los aumentos salariales con Luis Echeverría. La impuso Zedillo veinte años después. El impacto en las familias, en el cuidado de los hijos, es la consecuencia. Desde esa causa concreta hay que ver la realidad del mercado, la cercanía de México con Estados Unidos, consumidor de drogas y productor de armas. Ese marco de una economía trasnacional fuera de control es la que se entiende la realidad del crimen organizado y la imposición de la violencia en las comunidades. Se han destruido intencionalmente todos los límites, los modelos tradicionales de organización en ellas están destruídos.

Sergio López Ayllón es doctor en derecho, y ha sido director del CIDE. Dice de entrada que este movimiento debe llevar a que cambie la Iglesia. No va más a fondo en ello. Señala que la violencia no es nueva, viene desde los años sesenta, y sus causas son complejas, múltiples. La consecuencia es la de la incapacidad de las instituciones para enfrentarla. Hay una imbricación entre la política y el crimen organizado, así que la violencia, con el costo de la impunidad, beneficia a las dos partes. En ese marco, la respuesta de militarizar la fuerza pública con la Guardia Nacional es una solución profundamente equivocada. Es un error grave que vamos a pagar. Al contrario, lo que se debe reforzar es lo local. Hoy no tenemos policía, y la lógica punitiva del sistema de justicia solo sirve para encarcelar a personas inocentes. El papel fundamental del Estado, el uso exclusivo de la fuerza y el cobro de impuestos, lo cumple hoy el crimen organizado en muchos territorios. Solo hay una alternativa: exigir nuestros derechos a las autoridades, no rendirnos ante la violencia.

Eduardo Guerrero es muy probablemente el investigador más probado en temas de seguridad y justicia en México. Por eso impactan tanto sus palabras de arranque: México está en un brete mayúsculo: la violencia criminal de alto perfil, 40 familias conforman cada uno de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, 57 mafias regionales y 500 células locales muy letales. La violencia generalizada a cargo del crimen organizado es una verdadera epidemia.  Y tiene una fecha de arranque: mayo de 2008, cuando los Beltrán Leyva rompen con el cártel de Sinaloa. Lo que vivió México, el aumento del 200 por ciento de los homicidios en cuatro años, no lo ha sufrido ningún otro país. Hay causas estructurales en esta epidemia: la de la pobreza requiere diagnósticos más precisos, no la confusión en la perspectiva de Amlo, y se requieren acciones muy concretas para quitarle la base social al narco. Hay causas institucionales: el fracaso en la formación de policías; si la propuesta de militarizar era razonable, lo que se ha hecho con la Guardia Nacional es un frankenstein; Puebla es un buen ejemplo, aquí se produce el mayor número de desaparición de mujeres. Hay causas de contexto: las pésimas estratégicas seguidas por políticos impreparados que no se dejan asesorar. 90 por ciento de los gobiernos están mal. El resultado es que el crimen organizado se ha dado cuenta de que la violencia para alcanzar el control territorial es el camino. La epidemia de violencia encontró a México impreparado, nos va a llevar décadas formar verdaderos cuadros de seguridad pública y procuración de justicia. Hay tareas inmediatas que se pueden realizar, como la de la creación de sistemas de alerta temprana de violencia. Hay otras de largo plazo, como la idea que propongo de realizar a la manera del tratado de libre comercio, un gran tratado de seguridad para América del Norte, con disposiciones vinculantes. La dejo como propuesta concreta.