Si se quiere visualizar cómo opera un grupo de poder fáctico en el estado de Puebla basta observar lo que ocurre con un tiradero de escombro clandestino en el río Atoyac, a la altura de la calle 95 Poniente, aledaño a la Universidad Tecnológica Metropolitana, justo enfrente del fraccionamiento La Vista Country Club.

Un tiradero y un asentamiento ilegal, hay que decirlo claramente, que fue denunciado desde el año 2020 por esta revista digital (Nuevo tiradero de escombro en el río Atoyac. Vecinos involucran a Antorcha Campesina), que a la fecha cuenta ya con más de 60 casas construidas entre el 2020 y el 2023, y que en este último año creció de tal forma que ya no tiene punto de regreso: son miles las toneladas arrojadas en la ribera del río con el propósito de continuar con la construcción de vivienda irregular en el mismo.

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Puedes ver más detalles de esta denuncia en este texto publicado en agosto de 2021:

Desgracia del río Atoyac: el tiradero de escombro contra el río sigue en Cipreses de Mayorazgo

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Esta imagen es de enero de 2023. El polígono enmarca el área que a lo largo del año ha sido ahogada en escombro con la intención de asentar ahí una nueva colonia irregular. La imagen de noviembre pasado ofrece una idea del daño ambiental provocado por esta invasión de terrenos federales.

Noviembre de 2023: Volteo tras volteo, la degradación de la margen poniente del río Atoyac.

El grupo de poder fáctico tiene por nombre Movimiento Antorchista, como la organización se llama a sí misma, pero que es identificado por el gobierno estatal como Antorcha Campesina. La impunidad corre a cuenta del Estado fallido que tenemos en México: incapaz de impedir un crimen ambiental, inhábil para ofrecer tierra y vivienda digna para las familias pobres, indolente frente a los que aprovechan el vacío para establecer relaciones caciquiles con quienes buscan un pedazo de tierra para vivir y definitivamente débil frente a quienes para construir ese poder como organización social violan descaradamente la ley.

Antorcha Campesina es una organización política hasta la fecha afiliada al PRI, con presencia en varios estados de la república y de una importancia significativa en el estado de Puebla. No hay, de hecho, en nuestro estado, una organización con la complejidad orgánica de Antorcha. No hay partido político en Puebla que tenga su capacidad para la formación de cuadros y acción social. Si no es un partido político, como si lo fuera, y ni Morena, el PRI o el PAN cuentan con su capacidad de presión y movilización social de este grupo que cumple ya medio siglo de existencia.

En palabras simples: los funcionarios públicos no se atreven a hacer cumplir la ley cuando en la otra orilla del río se encuentra Antorcha Campesina. Eso es lo que entiende muy bien quien se sabe poder fáctico. Podemos llamarlos aparatos de control corporativo, pero también cárteles del control social.

Hoy mismo, el viernes 19 de enero de 2024, quienes han taponado con escombro un área claramente identificada como perteneciente a las aguas nacionales de la cuenca del río Atoyac en su curso por la ciudad de Puebla, ha dado un paso adelante con la implantación de un drenaje para descargar aguas negras y pluviales  --como se prueba en este video—para que no se diga que los criminales carecen de visión urbanística.

El video da un clara idea de la profundidad que alcanza el paredón de escombro. Al fondo, los contratistas realizan ya la instalación de una tuberìa de drenaje.

Los camiones materialistas no niegan la cruz de su parroquia: MOVIMIENTO ANTORCHISTA EN EL TRANSPORTE.

Lo han hecho durante todo el año que recién terminó. Un camión materialista tras otro, durante todos los días. Sólo así se explica que en unos cuantos meses hayan podido tapar con escombro un área de por lo menos tres hectáreas con más de cinco metros de altura en lo que son terrenos considerados aguas nacionales. Y lo han hecho con el pleno conocimiento de lo que ocurre por parte de las autoridades de todos los órdenes: el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua; el gobierno estatal a través de las secretarías de Gobernación y Medio Ambiente; y el gobierno municipal a través del propio hoy exalcalde Lalo Rivera y el hoy presidente interino Adán Domínguez.

En el video, un vecino del fraccionamiento Cipreses de Mayorazgo denuncia una vez más ante los funcionarios municipales el frenético movimiento de camiones materialistas que tiran escombro en la ribera del Atoyac. “Al menos 30 camiones por hora”, se escucha decir a una de las vecinas.

Las denuncias las hanhecho desde el año 2020 vecinos de Cipreses de Mayorazgo, cuando señalaron un primer relleno ilegal a todo lo largo de la barda al sur de esa fraccionamiento; y las han refrendado grupos civiles como el de la administración del Desarrollo Residencial La Vista Country Club apenas el pasado mes de noviembre. La respuesta, casi literal, pero comprobada en los hechos, es que las autoridades no pueden y no quieren hacer nada ante un poder fáctico llamado Movimiento Antorchista.

El Estado fallido es el paraíso de los poderes fácticos. Impunidad para un cártel social, le llamaré así a una organización que no tiene escrúpulos a la hora de pasar encima de la ley con la bandera del beneficio de sus agremiados.

En un extremo, el negocio por la venta a 60 mil pesos por lotes plantados en terrenos federales que forman parte de la cuenca del Atoyac, sin comprobar la propiedad, sin manifestación ambiental autorizada, sin permisos de disposición final de residuos sólidos, sin autorización de uso de suelo ni permisos de construcción. Simplemente sin nada. La ilegalidad como marca registrada de la impunidad. En el otro, un Estado con gobiernos federal, estatal y municipal incapaces de hacer cumplir la ley.

Ante las denuncias realizadas en la Comisión Nacional del Agua la respuesta es: acudan con la denuncia por escrito a Palacio Nacional. En Puebla no podemos hacer nada.

Si la denuncia se presenta ante el gobierno del estado la respuesta es: las denuncias penales ya existen ante la Fiscalía General de la república pues el delito ambiental se está cometiendo en terrenos federales y el delito de despojo en terrenos propiedad de la Universidad Tecnológica Metropolitana, denuncia que maneja la administración estatal; se han realizado procedimientos pero los funcionarios que las realizan son amenazados; la alternativa única es el desalojo, pero eso tiene consecuencias impredecibles. Esa es una decisión que tiene que venir de la Federación y del área estatal de Gobernación para proceder al desalojo.

Si la denuncia se realiza ante la autoridad municipal, como lo hizo de viva voz un vecino de Cipreses Mayorazgo en la inauguración de la repavimentación de la calle 95 Poniente, o como lo hace en esta carta un funcionario del fraccionamiento La Vista Country Club, la respuesta es el silencio. Dicha denuncia de los vecinos de Cipreses, por cierto, exhibe al propio Ayuntamiento como partícipe del tiradero clandestino pues el retiro del escombro resultante de la obra va a dar al sitio ilegal denunciado.

Una ficha informativa para entender al Estado fallido

La inacción del Estado se visualiza bien en este texto informativo de uso interno de la administración estatal y que me llega vía Whats:

Se asistió a la reunión con la Coordinación General de Delegaciones de la Secretaria de Gobernación del Estado, para tratar el tema de la invasión del predio de la Universidad Metropolitana por parte de la organización Antorcha Campesina llegando a los siguientes acuerdos:

1. El día de hoy el Secretario de Gobernación del Estado tendrá una reunión con Soraya Cordoba (SIC), líder de Antorcha Campesina para poder exponer la gravedad del tema sobre el uso del predio para banco de tiro clandestino.
2. ⁠Las acciones judiciales y administrativas que ha emprendido el gobierno del estado seguirán su cauce como medio de presión a la organización.
3. ⁠Se convoca a una segunda reunión el próximo día miércoles a la 1 pm para poder exponer los acuerdos del día de hoy entre el secretario y la Dra. Soraya y emprender acciones conjuntas.

Este  texto expone un hecho fundamental: el gobierno identifica a Antorcha Campesina como el actor responsable de los delitos ambientales y de despojo que se han cometido en este tiradero de escombro clandestino. Confirma que existen denuncias penales y administrativas. Y da una idea clara de que se puede negociar el cumplimiento de la ley.