Este domingo se llevarán a cabo las elecciones de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación.
Se trata de un proceso electoral producto de una reforma que no solamente tiene un origen violatorio de la Constitución (gracias a la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo que las instituciones electorales le regalaron al partido gobernante), sino que además no resolverá el problema de corrupción e impunidad ni corregirá las deficiencias existentes en los procesos de impartición de justicia.
Por el contrario, a partir de esta elección y de la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, se corre el riesgo de tener un Poder Judicial subordinado y con ello, en cualquier pleito judicial que se tenga contra esas élites hoy privilegiadas, la ciudadanía que no pertenezca a ellas llevará todas las de perder.
Los jueces necesitan ser independientes para impartir justicia y proteger los derechos humanos de las personas. En una República democrática, los jueces no están para justificar jurídicamente las decisiones de ningún poder político, económico o ideológico, ni para juzgar casos con criterios político-partidistas, sino para interpretar la Constitución y aplicar las leyes a los justiciables.
La presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, estima que habrá una participación oscilante entre 13 y el 20 por ciento (hace un mes decía que entre el 7 y el 15 por ciento), porcentajes raquíticos pero suficientes para que sus promotores validen la elección.
Sin embargo, todo parece indicar que se quedarán muy lejos de las cifras logradas en la elección constitucional de 2024, porque, entre otras cosas, no tienen los recursos para lograr la misma movilización de gente que tuvieron el año pasado, además de que sus huestes aún no descifran la lógica de este enredado ejercicio electoral (tendrán de 6 a 10 papeletas dependiendo si en la entidad se lleva a cabo la renovación del Poder Judicial local). Incluso se prevé que con todo y “acordeón” en mano (del que hablaremos más adelante) un gran “margen de error” al momento de escribir los números en al menos 37 espacios divididos en 6 boletas.
Por su parte, quienes se oponen a la reforma judicial y a la elección en lo particular, están divididos y con un dilema ético enfrente. La mayoría de opositores consideran que lo mejor es no asistir a votar creyendo que con esto se deslegitima la elección y se evita participar en una “farsa” (palabra que repiten constantemente), descalificando de antemano al INE porque los ciudadanos no contarán los votos al finalizar la jornada electoral y porque no se anularán las boletas que no se utilicen, cuestionando o ignorando las explicaciones que han dado funcionarios del INE quienes han tratado de cubrir sin éxito esas grietas en la credibilidad del proceso el día de la jornada electoral. También parten de la premisa de que ya el gobierno eligió a los juzgadores desde los procesos de selección. Estas ideas y manifestaciones de su voluntad de no salir a votar, son el reflejo de un buen número de líderes de opinión opositores al gobierno que han manifestado públicamente su rechazo a acudir a las urnas. Además, se han manifestado en contra de quienes van a votar aún perteneciendo a la misma causa opositora. Con su voto “legitimarán el fraude”, dicen.
Por su parte, la minoría, sin dejar de oponerse a la reforma, consideran que salir a votar por los perfiles mejor preparados y con mayor experiencia, es menos dañino que dejarle al gobierno y a su partido todos los cargos del Poder Judicial. “Estas son las reglas y con estas hay que jugar”, argumentan. Y que el único instrumento con el que cuentan para evitar un mal mayor es el voto. El abstencionismo no detendrá la catástrofe judicial y sí en cambio “rendirá toda la plaza” al oficialismo. Lo que se exige a este grupo de votantes es llegar a la casilla con la mayor información posible y votar, al menos, por candidatos a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, ministros de la Suprema Corte y por los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que no tengan nexos con el gobierno y su partido, y sí conocimiento del derecho y experiencia en la impartición de justicia.
Ambas argumentaciones son atendibles. Pero, independientemente de su decisión electoral (votar o no votar), lo cierto es que, si no pasan de esas acciones, ambas posiciones terminarán siendo avasalladas por la maquinaria del gobierno-partido y aliados. Por ello están convocando a la movilización y a realizar una serie de acciones para exhibir “acarreos”, compra de votos, “mapaches” y “mapacheras”, votantes con “acordeones” patrocinados por el “quién sabe”, el “no sé” o el “pueblo espontáneo y sabio”. Para que esto tenga éxito es necesario tener las evidencias y mostrarlas a la opinión pública del mundo democrático.
Con respecto al “acordeón” (término utilizado en las comunidades estudiantiles para referirse a respuestas escritas en un papel que se consulta de manera clandestina durante un examen) no les falta razón a quienes argumentan que ese papel en sí no es un delito. Para quienes han decidido ir voluntariamente a votar, es casi imposible no llevar una lista o “acordeón” con los números que corresponden a los nombres de al menos las 37 personas que están por elegir.
La indignación surge cuando comienzan a aparecer “acordeones” entregados a domicilio, coaccionando a los potenciales electores por quién debe votar y ese “quién” o “quiénes” son personas ligadas al oficialismo ejerciendo coacción en los potenciales electores. ¿Quién los patrocina? ¿Con qué dinero se está financiando esa campaña ilegal? ¿Otra vez van a extorsionar a quienes reciben dinero a través de los programas sociales, particularmente a los adultos mayores? Y, sobre todo, este hecho que constituye a todas luces un delito electoral ¿va a quedar en la impunidad, señoras y señores del Consejo General del INE y del Tribunal Electoral?
Ciertamente, la reforma al Poder Judicial y la elección de sus titulares son en su origen y contenido un golpe a la República y potencialmente un atentado a los derechos humanos, particularmente si todos los jueces, ministros y magistrados que resulten de esta elección son personas cuyo atributo principal es tener nexos con el gobierno y su partido o con los poderes fácticos que los apadrinen en su aventura electoral. Quienes resulten electas ejercerán el cargo por varios años y estas reglas no van a cambiar pronto.
Bajo protesta, yendo contra lo políticamente correcto y por todo lo anteriormente argumentado, yo sí saldré a votar por tres razones más:
1. En solidaridad con los jueces y magistrados que han apostado “su resto” para rescatar algo de ese poder judicial que se basaba en el mérito y no en las amistades.
2. Es de mi interés como politólogo documentar las dificultades de este ejercicio electoral (escribir números que corresponden a personas que aspiran a ser jueces, ministros y magistrados y que para ello tuve que informarme sobre la preparación y experiencia judicial de cada uno de ellos).
3. Tal vez sea la última elección en la que utilice el único instrumento con el que contamos los ciudadanos para elegir autoridades en una democracia: el voto libre y secreto.
Por último, no olvidemos que los principales responsables del desastre de esta elección, de la demolición del poder judicial y de la República misma, así como del empobrecimiento del país (porque nadie va a querer invertir en un territorio en el que priva la incertidumbre jurídica), son quienes hicieron y aprobaron este batidero mal llamado “reforma judicial”; una “reforma” que ha sido fruto podrido del odio sembrado entre los mexicanos en los últimos años. Seguro estoy de que encontraremos pronto la fórmula para revertir esta tragedia.
