La UAP se encuentra en una marcada crisis de legitimidad, que tiende a agravarse rápidamente por la imposición de los intereses de la cúpula burocrática que la administra desde hace más de tres décadas, por su necedad de continuar con formas de gestión antidemocráticas, clientelares y carentes de transparencia. El proceso electoral ha mostrado que permanecerán sus prácticas excluyentes, que invisibilizan o silencian las demandas estudiantiles, las posiciones académicas críticas y el malestar de muy pocos administrativos, que carece de un proyecto de transformación que enfrente creativamente los retos educativos y sociales de nuestra comunidad.
Un proceso electoral fraudulento
Es necesario recordar que la legitimidad del proceso electoral fue fuertemente cuestionada por el movimiento estudiantil del mes de marzo, demandando la democratización del nombramiento de las autoridades universitarias y reivindicando el voto universal, directo y secreto. Sin embargo, la cúpula burocrática propuso oficiosamente un plazo de dos años para llevar a cabo alguna reforma, esperando que en ese lapso se “enfriara” el descontento y pasara la elección de rectoría; es de comprender la actitud de las autoridades de reclamar el apego a la legalidad y a la norma del voto sectorial.
Las denuncias de irregularidades que violentaron tal legalidad incluyen, entre otras:
* el uso de la estructura institucional para beneficiar la reelección: precampaña de la Dra. Lilia Cedillo, actividades de “convencimiento” de funcionarios;
* una convocatoria confusa: exposición innecesaria de académicos como posibles candidatos, determinación de un periodo insuficiente de campaña (solo ocho días hábiles);
* prácticas de coerción y compra del voto;
* uso de campañas de desprestigio;
* falta de garantía de la secrecía en la emisión del voto;
* opacidad en la difusión de resultados: la información por unidad académica en varios casos fue obstruida, el reporte final solo contiene datos generales.
En el informe de la Comisión Electoral no aparece ningún rastro de esas irregularidades, se declara que no hubo “incidencias” ni “impugnaciones. Sin embargo, en la sesión del Consejo Universitario (en adelante CU) del pasado viernes, varios consejeros estudiantiles las denunciaron, a pesar de la amenaza e intimidación realizada por uno de los directores –integrante de la élite burocrática, quien reclamó inquisitoriamente “demostraciones y pruebas” y si no son las “correctas, exigió “castigo”. Asimismo, contrastan con el informe oficial las denuncias realizadas en las redes sociales y las señaladas por el candidato opositor, Dr. César Cansino.
Las diversas irregularidades del proceso electoral cuestionan de fondo su calificación como “válido y legal”; por esto, las manifestaciones de descontento y protesta de los estudiantes se han mantenido: se expresaron en las marchas y reuniones del día jueves once, en las intervenciones de los consejeros universitarios y continúan en sus comunicados a través de las redes sociales. Hay enfado e indignación.
En contraste, las autoridades institucionales se han refugiado en las prácticas de la desmovilización, de la narrativa de la legalidad y de la amenaza externa: se realizó virtualmente la sesión del CU (sin ninguna explicación), se suspendieron actividades los días 12 y 15, se pide “aceptar el resultado de manera responsable” y se invita “a las organizaciones externas… a no intervenir ni generar acciones que alteren la tranquilidad de nuestra comunidad universitaria.”
La inconformidad estudiantil y la sorpresa electoral
Después el paro de actividades de marzo era de esperar que las elecciones para rectoría expresaran las críticas y la desconfianza a la conducción de la gestión universitaria, a sus formas de gobierno antidemocráticas. Para hacerles frente, se puso en funcionamiento el aparato institucional, exacerbando las mismas prácticas publicitarias y clientelares, sin embargo, no previeron que la inconformidad estudiantil y su anhelo por ser escuchados habían aumentado, incubándose así la gran sorpresa: el rechazo a la reelección, a la continuidad de la exclusión y el silenciamiento. Veamos los datos oficiales de la votación.
La gráfica 1 ilustra los porcentajes de la votación realizada: solo el 46% fue a favor de la rectora-candidata, es decir, no logró la mayoría absoluta. A nivel estudiantil, solo alcanzó el 42.4%, en tanto que el candidato opositor tuvo el 38.2%. Desde el informe oficial se ha declarado el triunfo de la reelección, sin embargo, estos datos nos indican un fuerte rechazo a su continuidad, la búsqueda de nuevas opciones y el fuerte posicionamiento del candidato opositor.
La gráfica 2 ilustra la pérdida de legitimidad de la élite burocrática, se muestran los datos de las elecciones de 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025, hay una tendencia a disminuir los votos obtenidos por los candidatos oficiales: en términos de los votos emitidos cae del 93.4 al 46.0%, y si consideramos al total de los universitarios con derecho, su aceptación ha caído estrepitosamente del 80.3 al 29.1%. Menos de una tercera parte de la comunidad manifiesta su acuerdo con la gestión y dirección de quienes poseen a la UAP desde 1990, la élite burocrática o dorada.
Finalmente, en la gráfica 3 se presenta la tendencia del abstencionismo, que interpretamos como la creciente desconfianza al proceso electoral: del 14.0 pasó al 36.8%. No hay credibilidad en que tales mecanismos podrán permitir elegir a la persona y el proyecto que conducirá a la Institución por los mejores caminos.
No existe consenso, legitimidad, aun cuando pareciera que sí hay legalidad, esto nos recuerda las “democráticas” elecciones de los gobiernos priistas.
Los escenarios postelectorales
Consideramos que las diversas posturas opuestas a la reelección se expresaron tanto en la abstención como en los votos anulados y en la candidatura del Dr. Cansino; ante los resultados ya comentados, han surgido posicionamientos sobre los caminos a seguir. Por parte de dicha candidatura, se ha afirmado su triunfo y el fin del grupo en el poder universitario, argumentando un fraude electoral y el seguimiento del proceso judicial pertinente; invitando a la rectora a reconocer su derrota y a los estudiantes a defender su voto, continuar la lucha por la democracia y la refundación de la Universidad.
En el ámbito del movimiento estudiantil se ha manifestado un fuerte debate en torno al paso inmediato a dar: impulsar el paro de actividades o seguir en las mesas de diálogo con las autoridades; la primera opción significaría el desconocimiento de las elecciones y una aguda crisis institucional, en tanto que la segunda, en la medida que impere la actitud de los representantes de la rectoría, puede conducir al debilitamiento del movimiento y no alcanzar la satisfacción de sus demandas. Es indudable que hay una diversidad de posicionamientos, colectivos y grupos estudiantiles (algunos de ellos con vínculos con organizaciones políticas o sociales), sin embargo, es importante destacar que como elementos de coincidencia están: el señalamiento de fuertes irregularidades en el proceso electoral y la persistencia de la falta de democracia en la vida universitaria; reivindicando el voto universal, directo y secreto, así como el mejoramiento de los procesos de aprendizaje e infraestructura; en la transformación estructural de la Universidad.
Por su parte, la Dra. Lilia Cedillo, manifestó su agradecimiento por la participación y la votación obtenida, y puntualizó “… haré un trabajo de análisis y de autocrítica…”, sin embargo, el proceder institucional contradice en los hechos tal declaración, sus palabras no son garantía de un proceso de apertura, diálogo democrático y de respeto a los derechos de expresión. En un artículo anterior comentamos que la propuesta de su candidatura no mostraba ningún cambio y se continuaba con las prácticas clientelares y de sometimiento (a través de una perversa coerción). En el caso de los trabajadores (administrativos y académicos), la promesa de mayor número de plazas, de promociones y definitividades formó parte de la campaña, pero también se presentó como mecanismo de cooptación selectiva, lo cual implica que la discrecionalidad seguirá imperando.
Momentos de incertidumbre y de construcción de alternativas
El retorno a las actividades está lleno de incertidumbre, esperemos que la diversidad de propuestas en la comunidad –resumidas de manera muy esquemática- sea el ambiente para el impulso de un necesario y urgente debate, y la definición de un proyecto universitario que recupere la autonomía, en términos de su posición crítica y de capacidad de autogobierno democrático, que incorpore la formación de profesionistas reflexivos y que incentive las diversas maneras del saber, del conocimiento y de las culturas.
Si bien la definición del camino que tome hoy la Universidad es de todas y todos, las autoridades actuales tienen la enorme responsabilidad de reconocer el colapso de las estructuras y formas de gobierno, del agotamiento de su conducción académica y del desplome de sus relaciones políticas que han llevado a la pérdida de autonomía; sin embargo, no veo que haya grandes posibilidades para que esto ocurra, pues antepone sus intereses como grupo corporativo, como élite burocrática.
Sigo considerando que la posibilidad de solución está en la actuación propositiva, desinteresada y crítica de las y los estudiantes, quienes han cuestionado a la autoridad institucional, a las normas y prácticas académicas, a sus planes de estudio y a las mismas relaciones ejercidas en las actividades docentes y de investigación. Una muestra de ello han sido las intervenciones firmes, serenas y críticas de los consejeros universitarios en la última sesión del CU. Quizá un argumento para esta consideración es el alineamiento de directores, académicos y trabajadores administrativos al grupo corporativo, a la élite burocrática, votando por la reelección el 100, 81.9 y 81.9% de ello; sin embargo, habrá que explicar de manera más amplia este respaldo de los académicos.
