El asesinato de activistas sociales / Rubén Aguilar Valenzuela

De diciembre de 2018 a julio de 2021, ya en tiempos de la administración del presidente López Obrador, han sido asesinados 68 activistas sociales, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación (Segob). Una investigación de El Universal (15.07.21) contabiliza 61 asesinatos y de ellos identifica que 42 eran indígenas y campesinos que luchaban por el agua, la tierra y el territorio de sus comunidades.

El informe Situación de la Defensa de los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión de México, elaborado por el Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil, señala que en 2020 más de la mitad de los activistas asesinados reivindicaban la tierra y el territorio y que la mayoría eran indígenas.

Esta organización asegura que en los últimos años, los crímenes contra los activistas sociales se han mantenido en los mismos niveles, pero lo que sí ha cambiado es el discurso del presidente López Obrador que desacredita y estigmatiza la defensa de los derechos humanos con lo que se crea un ambiente hostil, para los activistas sociales.

El capítulo México de Amnistía Internacional (AI) afirma que “desde las autoridades se desacredita la labor de defensa, no se entiende que oponerse a un megaproyecto o a una obra no quiere decir que las personas están en contra de todo el gobierno, sino que es su derecho (…) descreditar a las personas defensoras puede contribuir a generar un clima de hostilidad y, de alguna manera, legitima los ataques, aún cuando no vienen de parte del gobierno”.

De acuerdo a CEJIL las solicitudes de protección se han multiplicado por diez, pero el programa de mecanismos de protección continúa con el mismo presupuesto y recursos de hace diez años. Esto en un país donde los activistas sociales tienen que enfrentarse a grupos criminales que se disputan el territorio y los homicidios ocurren en regiones donde el Estado no está presente, es complaciente o tiene vínculos con esos grupos.

AI advierte que en la “investigación de los asesinatos de personas defensoras de tierra y territorio, los servicios de procuración de justicia son particularmente lentos y omisos. Se permanece muchos años sin tener verdad, justicia ni reparación para las familias de las víctimas”, y plantea la necesidad de que el gobierno reconozca “la gravedad del problema y garanticen o doten de las herramientas y recursos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que puedan desarrollar su labor plenamente”.

La investigación de El Universal establece que del total de los asesinatos de activistas sociales, 24 ocurrieron en Oaxaca, diez en Guerrero, seis en Chiapas, cinco en Chihuahua, tres en Sonora y dos, en cada uno, en Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí. Con un caso cada uno están Baja California, Baja California Sur, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz y Zacatecas. En 14 entidades federativas ha habido el asesinato de por lo menos un activista social.

CEJIL y AI, cada uno por su cuenta, están de acuerdo en manifestar la debilidad y las fallas del funcionamiento de los mecanismos de protección. Un porcentaje de defensores contaban con él cuando fueron asesinados. Es un hecho que “el Estado no ha logrado garantizar la seguridad y la vida de las personas defensoras en México y son casi cotidianas los ataques e incluso asesinatos”. ¿Hasta cuándo?