Coyomeapan: es posible una salida política / Carlos Figueroa Ibarra

Nos encaminamos hacia el octavo mes del conflicto político en el municipio de Coyomeapan en la Sierra Negra de Puebla. Esto sería así, si recordáramos que el mismo comenzó el 6 de junio de 2021 con motivo de las elecciones intermedias que se vivieron en todo el país. En el caso de Coyomeapan, la contienda electoral fue vista por la gran mayoría de la población del municipio como una oportunidad para deshacerse del cacicazgo imputado a la familia Celestino Rosas.

Los hechos de la realidad indican que en efecto la familia Celestino Rosas ha dominado en ese lugar desde 2011 cuando el médico David Celestino Rosas fue electo presidente municipal. Su hermana Araceli Celestino Rosas, fue electa como su sucesora en 2014 y gobernó hasta el 2018. En 2018 retornó a la presidencia municipal David Celestino Rosas quien ejerció por segunda vez el cargo hasta 2021 cuando fue sucedido por su cuñado Rodolfo García López (esposo de Araceli, actualmente diputada federal), el cual supuestamente debería gobernar hasta 2024.

Lo que comenzó con una elección a un respetado médico del pueblo, arribado al municipio pocos años antes, está terminando en un enconado conflicto que ha enfrentado a la mayor parte de las cuarenta y cuatro comunidades del municipio con los intereses de la familia Celestino Rosas y sus allegados, los cuales son acusados por la población de ejercer un poder caciquil. El actual presidente municipal, quien formalmente asumió la presidencia municipal el 15 de octubre de 2021, en realidad no ha podido ejercer sus funciones porque no ha podido ingresar al municipio en tanto que sus habitantes lo han cerrado.

El próximo 15 de enero se cumplirán noventa días de esta anómala situación y la legalidad indica, según he sido informado, que el gobierno de la entidad a través del Congreso local debería nombrar un Concejo Municipal que sería encargado de darle gobernabilidad al municipio en tanto que el presidente municipal García López en los hechos, como ya se dijo, no ha podido ejercer sus funciones.

Por lo que he podido escuchar a personas informadas de la situación de Coyomeapan y a algunas personas originarias y residentes en el municipio, el conflicto político en el lugar podría empezar a resolverse de manera pacífica si se cumplieran al menos las siguientes condiciones:

1. Integración de un Concejo Municipal que fuera representativo de las partes que han estado en conflicto. Además, tal Concejo Municipal debería ser integrado de manera paritaria por hombres y mujeres.
2. Los integrantes del eventual Concejo Municipal deberían ser personas originarias del municipio, apartidarias y de reconocida autoridad moral en el lugar. Se trata de integrar una autoridad municipal que sea el resultado de una negociación entre las partes y que por tanto sea viable en materia de gobernabilidad.
3. Por ello mismo el Concejo Municipal debería estar integrado por personas que no originen suspicacias entre las distintas partes del conflicto. En tanto que se ha acusado al movimiento en contra de la familia Celestino de ser “antorchista”, ningún integrante de dicha organización tendría que formar parte de ese Concejo Municipal. De la misma manera tampoco debería estar ningún integrante de la familia Celestino Rosas.
4. Debido a que un sector del movimiento surgido en Coyomeapan ha expresado interés en que el municipio pase de ser un régimen municipal tal como lo consigna la Constitución del país, a uno que debería estar regido por Sistemas Normativos Propios (llamado también de “Usos y Costumbres”), el retorno a la normalidad en la localidad sería el escenario para que la comunidad coyomeapense explorara la posibilidad de dicho tránsito. Hay condiciones para que ello sucediera: Coyomeapan es un municipio indígena con una abrumadora población nahuátl y un grupo mazateco. Pero esto solamente lo podrán decidir los habitantes del municipio.
5. Finalmente, pero no por ello menos importante, la solución al conflicto debe partir de la liberación de los cuatro presos políticos encarcelados desde la primera semana de septiembre de 2021: los maestros Basilisia Montaño Gutiérrez y Eruviel Aguilar Gómez, el sastre Adán Anastacio González y el mecánico y empleado de intendencia Gonzalo Martínez Herrera. Asimismo deben ser anuladas las treinta y seis órdenes de aprehensión que se ha girado contra un mismo número de habitantes del municipio así  como otras carpetas de investigación.

La solución al conflicto en Coyomeapan es posible. Solamente se necesita voluntad política para lograrlo. Apostarle al desgaste de la población tras estos largos meses de confrontación, solamente provocará el alargamiento del conflicto. O peor aún, que derive en una situación de violencia, escenario indeseable no solamente para el municipio sino para la entidad.