SUSCRIBETE

20 Abril 2024, Puebla, México.

Coyomepan: Miguel Barbosa debe solucionar el conflicto / Carlos Figueroa Ibarra

Gobierno /Sociedad civil organizada | Opinión | 29.MAR.2022

Coyomepan: Miguel Barbosa debe solucionar el conflicto / Carlos Figueroa Ibarra

 

Esta solución comienza por un diálogo entre el gobierno y los integrantes de Unidad por Coyomeapan

 

El gobierno de Puebla debe solucionar el conflicto en Coyomeapan.  Desde principios de 2021 fue evidente la confrontación de la mayoría del pueblo coyomeapense contra la familia Celestino. Esta familia acusada de ejercer un poder caciquil a través de la autoridad municipal tiene meses de haber perdido el control de la localidad. Desde junio de 2021 cuando estalló el conflicto electoral, el alegado poder caciquil dejó de funcionar y esto se evidenció a partir del 22 de agosto de ese año, cuando la población sin vandalismo alguno tomó control de los principales edificios públicos del lugar y cerró las entradas del municipio. Nueve meses de conflicto abierto y siete meses de que el gobierno a nivel municipal lo ejerce el conjunto de vecinos/as a través de la organización Unidad por Coyomeapan.

El movimiento anticaciquil de Coyomeapan es un movimiento autónomo, genuino y autogestionado. No tiene a Antorcha Campesina como poder oculto y manipulador. No tiene financiamientos oscuros. Es la propia comunidad coyomeapense la que ha sufragado los gastos de la resistencia, son los propios pobladores los que elaboran y proporcionan los alimentos y bebidas que consumen los integrantes de las guardias en los filtros de seguridad que custodian las dos entradas del municipio. Guardias, marchas, concentraciones, las movilizaciones que generan gastos de combustible y transporte son pagadas con recursos propios. La sociedad en general ve con buenos ojos al movimiento y en ocasiones al pasar por los filtros de seguridad lo apoyan con insumos en especie.

En estos siete meses, los habitantes del municipio han demostrado que pueden hacer la gestión de la vida pública del municipio de manera ordenada y pacífica. Las escuelas han estado funcionando normalmente y el dispensario de salud después de una interrupción hecha por autoridades, ya se ha restablecido y también funciona con normalidad. Han llegado de manera normal los fondos federales para las Becas Benito Juárez, pensiones de adultos mayores y recursos financieros para parcelarios.

Durante la gestión de la familia Celestino, en el municipio se empezaron a observar actos de violencia delincuencial y delitos como robos a casa de habitación, robo de ganado y otros delitos también se vieron incrementados. Una evidencia de ese auge delincuencial fue el desmontaje y robo del cajero automático que se encontraba en el portal del palacio municipal. Como parte del proceso represivo al movimiento en Coyomeapan, las autoridades acusaron a vecinos del lugar, principalmente a dos honradas mujeres, de ser los autores de dicho robo. Situado el cajero en la esquina opuesta de la sede de la policía municipal, me parece plausible la versión que me dieron los vecinos de la cabecera, de que las autoridades municipales pudieron haber estado coludidas en dicho robo por comisión u omisión.

En estos meses de movimiento autónomo, de autogestión municipal, el municipio ha vivido con relativa tranquilidad. Los filtros colocados en las entradas del municipio han favorecido el control de foráneos que llegaban a delinquir. Han disminuido los robos de ganado y a casa de habitación y los actos delincuenciales en general han disminuido casi totalmente. Hace unos días en alguna de las comunidades del municipio hubo un homicidio debido a una riña personal, pero esto  es un suceso aislado en todo este tiempo.

El gobierno de Puebla debe solucionar el conflicto en Coyomeapan. Esta solución comienza por el establecimiento de un diálogo entre el gobierno de la entidad y los integrantes de Unidad por Coyomeapan. El primer punto a resolver es la libertad de los cuatro presos políticos que ha generado el conflicto: Basilisia Montaño Gutiérrez, maestra rural e integrante del Consejo Social y Consultivo del Instituto Nacional de Mujeres; Eruviel Aguilar Gómez también maestro rural, Adán Anastacio González de oficio sastre y Gonzalo Martínez Herrera, mecánico y empleado de intendencia. Como parte de este primer punto el gobierno de la entidad debe propiciar la suspensión de las 37 órdenes de aprehensión contra los habitantes del lugar.

El gobierno de Puebla debe solucionar el conflicto en Coyomeapan. Reiteradamente los habitantes del municipio han dicho que ellos no ven al gobernador Luis Miguel Barbosa como su enemigo. Los agravios del pueblo están dirigidos con respecto a la familia Celestino, la cual desde el 2011 se apoderó del poder municipal.  Liberación de los presos políticos y suspensión de las órdenes de aprehensión, serían el primer paso para instalar un Concejo Municipal Autónomo y apartidario que inicie el proceso de retorno a la normalidad institucional en el municipio. Y de esa manera apagar un fuego, que nunca debió haberse encendido.