Agua en Puebla, ¿neoliberalismo o progresismo posneoliberal? / Carlos Figueroa Ibarra

Ha surgido en Puebla el debate derivado de la solicitud que a través del SOAPAP ha hecho   la empresa que controla de manera privada el agua en la capital del estado y en cinco municipios más. La solicitud empresarial es hacer aumentos trimestrales a las tarifas de dicho líquido con base en la inflación de entre 4 y 7.8%.  Aparte de ello, la empresa está solicitando un préstamo adicional para mejorar el servicio del mismo por 2,400 millones de pesos. Como usuario del servicio de agua potable en la ciudad de Puebla, me resulta ultrajante enterarme que la iniciativa fue aprobada por el Congreso local por una mayoría de 30 votos contra cinco en contra y cuatro abstenciones.

Más ultrajante me resulta saber que doce diputados de Morena votaron a favor y solamente cuatro lo hicieron en contra de esa vergonzosa concesión de aumento de las tarifas, a una empresa que ha sido sumamente ineficiente en el manejo del agua potable en los municipios en los cuales la administra. Igualmente indignante resulta advertir que cuatro diputados del PT votaron a favor del aumento de precios, mientras solamente uno de dicho partido votó en contra.

La privatización del agua, junto a la represiva “ley bala”, fue uno de las iniciativas de ley más odiosas del gobierno neoliberal de Rafael Moreno Valle. Se suponía que habiendo triunfado una coalición de partidos encabezada por Morena y habiendo elegido a un gobernador que abanderaba la Cuarta Transformación, en la entidad al menos debería haberse intentado revertir esa privatización como parte de una de las luchas que le darían identidad a un gobierno de carácter progresista. 

Nada de eso sucedió y el argumento que se ha dado es que las penalizaciones en multas para revertir el contrato de privatización resultan multimillonarias y por lo tanto impagables para el gobierno de la entidad. La primera en señalar esa dificultad en 2018, fue la flamante presidenta municipal Claudia Rivera, electa por Morena.  Recuerdo muy bien que fue criticada por sus adversarios por hacer tal aseveración, aquellos que se identificaban con el gobernador Barbosa. Hoy, pareciera que ambos sectores están de acuerdo en que la desprivatización del agua en Puebla es imposible.

Lo que hoy hace que los diputados supuestamente progresistas en Puebla tengan diferencias, no es la viabilidad o no de revertir la rapaz concesión del agua a la empresa Agua para Todos, sino si es correcto o no aumentar las tarifas del servicio de agua potable  que es pésimo y oneroso. Ahora resulta que según la revista Proceso (8 de julio  de 2022) en opinión del gobernador de Puebla, estar en contra de los aumentos de tarifas al servicio de agua potable “es populismo…son discursos viejos, sin ningún fundamento técnico” y refiriéndose a los que protestarán en contra de dicha alza agregó: “Ya que se pronuncien el domingo, que salgan a gritar, que le vamos a hacer…”

La privatización del agua en Puebla y en los otros lugares del país donde se está observando, es una de las lacras neoliberales que hay que combatir. Decir que es populismo el combatir los abusos leoninos que comete una empresa privada que lucra con servicios vitales a la población, es una concesión inaceptable a la lógica neoliberal. Me llamó mucho la atención que una diputada panista que tomó la palabra en la sesión del Congreso local en la cual se debatió el alza de precios, usó similares argumentos. Que los mismos los exprese alguien que está en el neoliberalismo no me extraña, como no me extrañan los votos panistas, priistas del MC, PSI y PVEM que se sumaron a la mayoría que votó a favor.

Me extraña que en Morena expresen apelativos denostativos que son usuales en el neoliberalismo tecnócrata; me extraña  (en rigor ya no tanto) que  diputados que llegaron a serlo bajo la bandera de la 4T estén apoyando las necesidades de lucro de una empresa privada que además distribuye aguas contaminadas, ofrece un servicio que es insuficiente, que a menudo tiene intermitencias onerosas para lo/as usuario/as, que no atiende las quejas y menos las resuelve y que goza de una actitud permisiva y complaciente  ante estas falencias por parte de la agencia estatal que la debería fiscalizar (SOAPAP).

La concesionaria admite que entre 2014 y 2017 hubo aumentos por 27% mientras que la inflación fue de 16.5%, pero omite que en todo este tiempo ha habido formas de hacer aumentos en el cobro tales como los recibos con  cantidades exorbitantes e infundadas, subir de estrato y por tanto de tarifa en un 120%  a 42 colonias, cambio obligatorio de medidores cuyo costo era consignado en los recibos de luz, medidores que inflan el consumo y otras artimañas más.

En nueve años de privatización, la concesionaria no ha logrado mejorar el servicio. Ahora se están pidiendo un crédito de 2,400 millones de pesos prometiendo  en dos o tres años lo que no han logrado desde 2014. Al aprobarse el crédito, la ciudadanía poblana estará financiando a una empresa privada que la ha estado esquilmando todos estos años.

En esto no hay nada nuevo bajo el sol. Entregar a una empresa privada un servicio vital para la población como el agua o la electricidad es convertir un servicio vital en una mercancía y por tanto convertir una necesidad social en un medio de ganancia. Esto es lo que ha sucedido con la privatización del agua y la electricidad aquí y en otros lugares del mundo. Decir esto no es discurso viejo sin fundamento técnico alguno, es expresar las verdades que nos llevaron a ganar la presidencia en 2018 y la gubernatura en 2019.

(Foto de portadilla toma de video en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VUWmov-8hl0)