El camino al autoritarismo / Luis Alberto Fernández García

Ilustración: Alberto Caudillo / Revista Nexos

El camino al autoritarismo

Los ciudadanos podemos opinar y criticar como nos parezca. Los gobernantes, en cuanto tales, no. Lo hacen, pero no debieran. Una manifestación desmesurada de ello fue la interpretación del reparto de escaños y curules que hizo la Secretaria de Gobernación, inmediatamente después de la jornada electoral, pues ello no corresponde a las funciones y facultades que tiene expresamente designadas por las normas legales. Pero aún resulta más irregular y dañino que el titular del Ejecutivo se entrometa en los fallos de los jueces. No le corresponde. Puede litigar en contra de alguna determinación judicial, a través de su consejería jurídica u otras dependencias, pero no calificar constantemente y desde los medios que el poder le otorga, las decisiones de este o aquel juzgador.

Tampoco corresponde a los jueces, mucho menos a los magistrados y aún menos a los ministros de la corte ufanarse de una militancia partidista. Al asumir una función judicial, quien la asuma debería guardar en un ropero su militancia, pues habrá de ejercer su función sin más partido que el respeto a las leyes que debe aplicar, sean del partido que fueran las partes que se someten a su veredicto y sea cual sea su propia concepción de la justicia social.

El culto a la persona es una expresión primitiva de la política; no corresponde a un arreglo republicano. Que un dirigente político pida a los legisladores de su partido que aprueben una iniciativa de ley para “darla como regalo” al presidente es deleznable; y que esa fruición lleve a diputados, senadores y demás funcionarios a apurar aprobaciones sin siquiera revisar los textos es de personas sin juicio propio y sin respeto a su función. Los legisladores están para deliberar, discutir para convencer con razones a sus colegas y abrirse a escuchar los puntos de vista de ellos y finalmente, votar por lo que consideren mejor para “el conjunto de la nación” o, al menos, para la mayoría de sus habitantes. Técnicamente, ellos y ellas no representan a su partido, ni a su distrito (los senadores sí, a su entidad federativa); mucho menos a un personaje. Es lo que hay y ha habido, pero al menos, no es de festejarse.

Otra expresión arcaica, signo de un poder unipersonal sin contrapesos, es el que permite al gobernante pensar que puede hacer lo que se le ocurra, que es legítimo por el solo hecho de hacerlo él. Así, se puede afirmar que hoy es día de Navidad porque lo quiero yo, o que la salud pública y el sistema sanitario de mi país es el mejor del mundo…porque lo digo yo. Como si eso sirviera para mejorarlo, como si sirviera para algo más que revelar una conducta narcisista.

Cuando los fundadores de los EUA diseñaron su república, modelo en el que se inspiraron los liberales mexicanos del siglo XIX, se preocuparon, entre otras muchas cuestiones, por limitar el poder legislativo, al considerar que el que hace las reglas y al mismo tiempo es jugador, se vería favorecido, por un lado; y por otro, seguramente para limitar el poder popular, al que esta élite fundadora había visto -con preocupación- crecer durante la primera década de vida independiente de las 13 excolonias. Se ocuparon entonces de diseñar amplias atribuciones para el ejecutivo y, sobre todo, de las facultades de control constitucional de una corte suprema. Quizá les faltó considerar algo que, al menos desde la sociología de la dominación de M. Weber, hoy tenemos como evidente: el que controla el ejercicio de la violencia física con un importante grado de legitimidad, sería el verdadero poder fuerte.

En México, el ejecutivo fue incrementando sus facultades legales y paralegales, en un primer envión, durante el porfiriato y después durante el priiato, en los regímenes postrevolucionarios, a lo largo del siglo XX.

Podemos observar una lenta construcción de una democracia más profunda, quizá desde el último sexenio de ese siglo. Con sucesivas reformas, la organización de las elecciones se autonomizó del gobierno, la pluralidad se fue haciendo realidad en ambas cámaras del legislativo y la corte fue dejando de ser una agencia del propio presidente, aunque sin haber eliminado a la influencia de los llamados poderes fácticos. Al mismo tiempo, se fueron creando instituciones que hicieran contrapeso al ejecutivo, acotaran su poder frente a los ciudadanos y permitieran un crecimiento de la transparencia y la accountability. Eliminar todo ello es parte del regalo para el presidente.

Ese el contexto actual: un régimen que camina -más allá de las intenciones expresas o tácitas del gobernante-, hacia un claro autoritarismo. Dese luego, lo que más ha alarmado es la destitución, dentro de unos meses, de la mitad de todo el poder judicial federal y los 32 locales y en tres años, de la otra mitad. Serán sustituidos por miles de funcionarios electos popularmente, a partir de listas que, prácticamente, confeccionará el partido en el poder. Eso no nos había pasado. Aunque hubo algunos resultados un tanto extraños en las elecciones 2024, podríamos suponer que la mitad de la lista nominal votó por el partido en el poder y por sus dos impresentables aliados; podemos pensar, asimismo, que la mayoría de esos electores votarán de acuerdo a la lista de candidatos del ejecutivo. No será un poder que contrapese.

Y los electores, ¿cómo sabrán quiénes son los candidatos, a cuántos introdujo o a quiénes vetó un grupo de interés o un grupo delincuencial? No habrá manera de determinarlo entre los miles de licenciados en derecho propuestos o sorteados.

Pero no es solo eso. Los órganos de control a los que se refiere el numeral 7, también desaparecerán, no habrá policía civil y será sustituida por una policía militar, se limitará el derecho de amparo de las y los ciudadanos -de los hombres y mujeres de la calle- y se reforzará la facultad de los ministerios públicos -eso sí, nunca autónomos y no sujetos a la rendición de cuentas- de enviar y mantener en la cárcel prácticamente a cualquiera, sin que medie un juicio; un juicio que, por lo demás, será emitido por quién sabe quién.

El argumento de que “el pueblo así lo quiso” y lo demostró en el resultado del proceso electoral del 2024, es demagógico y simplemente desmontable al constatar la sobrerrepresentación que le otorgaron las autoridades electorales a la coalición gobernante, para no hablar de la forma espuria en que fue conseguido el último voto que les hacía falta. No hay que olvidar que gran parte -no todos- de los regímenes de partido hegemónico conocidos han evolucionado hacia regímenes autoritarios y de ahí, fácilmente a dictaduras. Todo con el apoyo popular en sus primeros momentos.