Sobre el Estado y la anatomía de la corrupción en Puebla / Sergio Mastretta

Mundo Nuestro. Se presentó exitosamente en la Librería Profética Anatomía de la corrupción, Puebla 2024, de Alejandro Guillén Reyes, a quien acompañaron en la mesa el presidente de PCCI Gerardo Navarro, los académicos Juan Carlos Canales y Roberto Alonso y el periodista Sergio Mastretta. El libro, en formato PDF, pronto estará disponible en la plataforma https://pueblacontralacorrupcion.org/

El siguiente texto es el de la participación de Sergio Mastretta en el evento.

El propósito de realizar una anatomía de la corrupción obliga a analizar la situación que guardan los mecanismos correctores de las acciones despóticas del Estado. Tal es el esfuerzo que lleva a Alejandro Guillén a relatar la condición que guarda uno de estos correctores construidos por la sociedad poblana, el Sistema Estatal Anticorrupción, cuya demolición encabezó en el 2021 el entonces gobernador Miguel Barbosa.

He leído el nuevo texto de Alejandro Guillén, Anatomía de la corrupción en Puebla en su versión 2024, publicado por Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad, y concluyo que el suyo es un nuevo intento para romper el silencio al que nos somete la precaria realidad del debate público en Puebla. ¿Qué silencio es el que nos hemos impuesto? ¿Qué problemas no discutimos a fondo y de manera sistemática? Muchas más preguntas puedo hacer, pero planto una para entender la gravedad de lo que ocurre: ¿por qué vivimos en esta estado de violencia incontrolada?

Simplemente repasemos las noticias de la mañana del martes, ayer: cuatro nuevas ejecuciones en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Por la noche, la ejecución de una quinta persona en un local de venta de autos en Boulevard Valsequillo. Y la constatación la semana pasada de que el fiscal general del estado utiliza para informarse videos del grupo criminal autonombrado “La Barredora”.

Esta historia tiene otro rostro:

Cada agente del Ministerio Público (MP) en Puebla tiene, según INEGI, a su cargo 256 carpetas de investigación al año; sin embargo, sólo el 7 por ciento llegan ante un juez.

Sin más, la incapacidad del Estado poblano para la procuración de justicia.

+++++

El Estado para corregirse a sí mismo necesita ser democrático. Si es despótico, nunca lo hará por su cuenta. Esa tarea de Sísifo la realiza la sociedad civil organizada en los últimos cuarenta años, y como en el mito, no dejamos de trepar, y de cuando en cuando, como ahora mismo en estos días, damos tumbos cuesta abajo.

Éxitos y fracasos en el intento de corrección de los abusos del estado. Puedo describir innumerables casos desde los años ochenta. La sociedad se defiende igual desde la vía legal de la acción civil organizada, como lo hizo Puebla Verde con sucesivos amparos ganados contra el gobierno de Mario Marín por el despojo, con mandato ilegal de una juez y con el uso de policías armados, del llamado jardín del Arte, en custodia legal por esa asociación ambientalista.

Por la vía de la resistencia popular organizada. Como la que hicieron en el 2001 los campesinos del corredor agrícola de Tepeaca a Tecamachalco contra la construcción de una autopista sobre sus campos de cultivo.

+++++

Porque en Puebla vivimos en un Estado despótico que ha tenido en sus gobernadores la figura del tirano. Y contra ellos muchos ciudadanos hemos intentado construir mecanismos correctores fundados en los contrapesos existentes en el seno mismo del estado mexicano: los tribunales, los medios de comunicación y las universidades depositarias del pensamiento crítico.

Déspotas y compadritos, uno tras otro, los gobernadores han controlado el poder legislativo y su órgano de fiscalización, han sometido al poder judicial, han comprado el contubernio de la mayoría de los medios de comunicación vía los convenios publicitarios y han contado con el silencio del espíritu crítico de las universidades, particularmente la pública, con la honrosa excepción de la Ibero Puebla y los trabajos de investigación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la propia BUAP. Así, han manejado como patrimonio propio los recursos legales y materiales del Estado.

Contra ello, la acción legal y la acción directa de los grupos civiles organizados.

Ahora mismo, este gobierno estatal ha soltado la amarra de la obra pública con 146 proyectos chicos y grandes para un total de 12,816 millones de pesos. Haz obra, que algo sobra, dice el antiguo dicho priista. ¿Quién tiene ahora mismo una idea de cómo se están manejando los recursos públicos en el gobierno de Salomón Céspedes?

¿Por qué debemos pensar con toda seriedad en la importancia de un sistema estatal anticorrupción que esté controlado como organismo autónomo por los ciudadanos? Justo lo que no tenemos en México ni en Puebla.

+++++

Intentamos desde la sociedad encadenar al Estado, como lo proponen los ganadores del nobel Acemoglu y Robinson en El pasillo estrecho. Aquí en Puebla algunos tratamos de responder preguntas concretas: ¿cómo fortalecer la sociedad civil frente al Estado? ¿Cómo vigilamos que se cumpla la ley? ¿Cómo contenemos a ese aparato burocrático que impone el rumbo sin preguntar a nadie? Pensemos en las obras que ahora mismo realiza el gobierno estatal: vialidades en el Periférico y Atlixcáyotl; nuevo edificios para Finanzas y Congreso. ¿Sometió Salomón Céspedes la construcción de estos proyectos con los grupos civiles organizados? ¿Por qué no destinar esos recursos a fondo perdido a la recuperación de la cuenca alta del Atoyac? ¿Y Bartlett con la expropiación en Angelópolis y San Francisco sin justificar la causa de utilidad pública y el regalo de 45 hectáreas al empresario Peralta? ¿Y Melquiades con la oleada de cambios de usos de suelo en Angelópolis y el regalo de 20 hectáreas al Tec de Monterrey? ¿Y Marín con su inservible Célula en Oriental, su hiper costoso recinto ferial y su intento de venta ilegal de 32 hectáreas de área pública en Angelópolis? ¿Y Moreno Valle con el CIS en la ribera del Atoyac y su Segundo Piso de la autopista y los relumbrones del teleférico y la estrella y el despojo de cientos de hectáreas a campesinos en San José Chiapa? Me puedo seguir un buen rato enumerando los abusos cometidos por los gobernadores inmobiliarios al mando de los poderes públicos.

Nos espantamos de los pasos recientes hacia el control autoritario por el poder ejecutivo federal a cargo de López Obrador. Justo lo que hemos tenido en Puebla en los últimos noventa años.

A esa reflexión llego tras la lectura del relato que hace Alejandro Guillén sobre el intento de aniquilación del Sistema Estatal Anticorrupción que llevó a cabo con toda premeditación el gobernador Miguel Barbosa en el año 2021y que sólo pudo ser detenido por la acción, diré heroica y soportada por el recurso de amparo de la justicia federal, de los consejeros ciudadanos en defensa de ese organismo cuya existencia está soportada en la misma constitución. A ello Guillén dedica por entero a describir el proceso de construcción de este mecanismo constitucional corrector de los procesos de corrupción en Puebla y su neutralización por el gobernador morenista.

“Incompleto, sin presupuesto y confrontado jurídica y políticamente con el gobierno”. Así describe Alejandro la situación del Consejo Estatal de Participación Ciudadana en el año 2021, virtualmente paralizado por más de dos años por la voluntad del gobernador Barbosa.

Vaya que se necesita una anatomía de la relación entre el Estado y la sociedad si se quiere entender la corrupción sistémica de la que trata este libro de Alejandro Guillén.

+++++

¿Cómo describe Alejandro Guillén la corrupción sistémica?: por el uso discrecional de los recursos; por las redes de corrupción con la iniciativa privada; por los cargos públicos capturados por los grupos de poder fáctico; por el uso patrimonialista de los recursos públicos; por el clientelismo electoral.

Contra ese sistema, y a contracorriente, la sociedad mexicana logró construir un sistema legal que enfrente este proceso estructural de corrupción. ¿Desde donde se planta el Sistema Nacional (y estatal) Anticorrupción?

Desde las llamadas siete leyes:

La Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

El Código Penal Federal.

 +++++

Objetivos como el alcanzado por Guillén en este libro deben hacerse para entender lo sucedido con estos mecanismos correctores impulsados desde la sociedad civil, sistemáticamente torpedeados por quienes detentan el poder.

Las últimas dos décadas del siglo pasado, la que dieron cuenta final de la era del partido de Estado fue la del arranque de la construcción por la sociedad de instrumentos correctores del despotismo priista: con el voto masivo logramos quitarle al partido del gobierno el control sobre el proceso federal electoral; se sentaron las bases para liberar al poder judicial del control por el ejecutivo; y se dispusieron los primeros ladrillos de los organismos autónomos en manos ciudadanas. Por esa vía empezaron a funcionar los contrapesos representados por la autonomía de los tribunales, la liberación de los medios de comunicación y el desarrollo del pensamiento crítico de las universidades. En unos cuantos años se desarrollaron junto al INE otros organismos que dan cuenta de esos instrumentos correctores. Vale enumerarlos:

Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)

Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI)

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)

Comisión Reguladora de Energía (CRE)

Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)

La justificación que el propio AMLO dio a su propuesta de desaparecer estos órganos nos da una idea de la concepción que este político tiene de los órganos ciudadanos: “duplican las tareas y funciones del gobierno federal”.

Ni por aquí le pasa que son estos organismos los correctores que hemos logrado construir contra la existencia de un Estado autoritario.

+++++

Todo esto está en entredicho hoy.

La pregunta sobre la corrupción y la realidad del Sistema Anticorrupción en Puebla obliga a plantear el interrogante sobre el Estado que tenemos. Apunto un hecho: el retroceso que sufren hoy las capacidades democráticas del Estado mexicano nos lleva a un territorio que conocemos bien en Puebla: la implantación de un poder despótico representado en un poder ejecutivo que no rinde cuentas a nadie y que es controlado por grupos de poder fáctico que se suceden unos a otros por jefes políticos que se resumen en la figura del gobernador del estado en turno.

Qué Estado tenemos en Puebla:

Uno que no tiene la capacidad de hacer cumplir las leyes en materia de seguridad pública. Que es incapaz de controlar la violencia. Que no proporciona los servicios públicos a todos los ciudadanos. Y que no se encuentra controlado por una sociedad asertiva en su acción organizada para fiscalizar el uso de los recursos públicos. Vivimos en un Estado controlado por élites incapaces de proponer el interés colectivo como sustento de la libertad de las personas.