Legitimidad del movimiento estudiantil frente a la presión de los poderes / Germán Sánchez Daza

En estos últimos días se ha intensificado la presión sobre el movimiento estudiantil por parte de los distintos poderes: gubernamentales, institucionales y fácticos; defendiendo sus intereses, generando estrategias que buscan desligitimar las demandas estudiantiles, mismas que discursivamente reconocen y respetan, pero que no están dispuestos a solucionar, pues significan, de fondo, modificar las relaciones y normas que, internamente, permiten la gestión vertical y la formación individualista y acrítica (educación bancaria), y, externamente, la pax social, que invisibiliza las grandes contradicciones socioeconómicas.

Al momento (17 horas del 12/03/2025) se habla de 22 pliegos petitorios, pero poco se conoce o se debate sobre ellos, incluso al interior de la misma comunidad. Se afirma que se está de acuerdo con las demandas, pero no se expresa o se reconoce el significado que tiene para cada uno de los distintos sujetos sociales y actores universitarios. Ante la confusión del movimiento -derivada de la misma dinámica espontánea (NO premeditada o planeada)- y la sorpresa institucional, no se ha logrado la difusión y conocimiento claro de los documentos que sintetizan sus demandas; aunque recién se afirma que existe ya una página institucional que compila dichos pliegos.

En este contexto y recuperando lo que hemos planteado en un artículo anterior (https://mundonuestro.mx/content/2025-03-05/movimiento-estudiantil-cuestionamiento-a-la-gestion-universitaria-german-sanchez-) queremos insistir y llamar la atención sobre las demandas estudiantiles y sus alcances.

En un texto signado por las estudiantas y estudiantes de las Facultades de las Ciencias Exactas (Ing. Química, Arquitectura, Electrónica, Fisicomatemáticas, Cómputo e Ingeniería), afirman: “La comunidad estudiantil ha considerado que los artículos del Capítulo II, IV y V de la jornada electoral del reglamento actual de Elección de Autoridades Personales de la BUAP no representan un mecanismo democrático en el proceso de elección de las autoridades de sus respectivas unidades académicas, por lo que se solicita su reforma en el sentido de eliminar el voto sectorial y establecer el voto universal, directo y secreto”.

Esta reivindicación cuestiona toda la estructura de gobernanza y toma de decisiones dentro de la BUAP, implica el rechazo a todas las modificaciones de las recientes reformas de la normatividad de la BUAP. Es la reivindicación de una participación activa, democrática, del estudiantado en la conducción de SU proceso formativo y SU Institución. “Todos somos BUAP”, sí, entonces seamos parte de su trayectoria y de las decisiones que la orientan. Basta de la democracia simulada, de la democracia delegativa: es necesaria la discusión de los programas de trabajo, el rechazo a una sola candidatura (“… se convierte en una simulación de democracia…”), “rechazo a modelo de voto sectorial… voto universal…”. Como se ha mencionado en este movimiento, la BUAP debe construir una democracia que reconozca la diferencia, el respecto al otro, el diálogo, y la convivencia, en todos los ámbitos: académicos (teóricos y epistémicos), sociales (clases, género, culturales), políticos; aceptando que no se trata de mayorías o minorías, sino de reconocernos en los otros.

En el mismo contexto: “Destitución y eliminación de beneficios a miembros del CUA, HCU y Lobomentores … evitar la perpetuación de los miembros del Consejo de Unidad Académica y del Honorable Consejo Universitario … auditoría de los procesos electorales…”. Destaca el énfasis en el derecho humano a la libertad de expresión: “… la BUAP, como institución pública y autónoma, debe garantizar la libertad de pensamiento y expresión de su comunidad estudiantil. La Universidad no puede ser un espacio donde se limite, condicione o censure la manifestación de ideas…” Existe una práctica institucional que limita, coarta este derecho. Esto significa que la cotidianeidad institucional debe ser revisada, ¿se acepta que existen tales prácticas y, entonces, pueden las autoridades comprometerse a modificarlas? Por eso, “…Se exige la creación de un comité especializado con representación estudiantil, para investigar y dar seguimiento a represalias académicas y/o administrativas contra quienes impidan o coaccionen la libertad de expresión de cualquier individuo de la comunidad universitaria.”

Existe una gran preocupación ACADÉMICA, hay reivindicaciones que demandan una mejor formación, atención a su trayectoria escolar, a la pertinencia de sus estudios. No son nada ajeno al quehacer universitario, por el contrario. Son reivindicaciones claras, que actualizan aquellas surgidas en la historia latinoamericana (Córdoba 1918, México 1968, Puebla 1964-1968-1971…): “… actualización más frecuente de los diversos planes de estudio con el fin de estar lo suficientemente capacitados para enfrentarse a los constantes desafíos que se generan día con día en el mundo. Mejorar la organización de materias de acuerdo con cada carrera, buscando así tener un plan de estudios más específico y completo para una mejor preparación del alumnado egresado.” Acotamos, el Consejo Universitario acordó que en 2024 se tenían que revisar TODOS los planes de estudio, entonces, ¿Por qué esta demanda generalizada? O se han acordado procesos SIN o al margen de la participación estudiantil, o han sido más procedimientos burocráticos y simulados.

De igual manera, se ha criticado de manera casi permanente al desajuste de la formación universitaria con las demandas del mercado de trabajo (ver OCDE, 2019), y las estudiantas y estudiantes están preocupados por ello, por su futuro: “Vinculación con el mercado del sector laboral a través de la celebración de convenios, planes, ferias y cooperación académica…que se promuevan las estrategias para una adecuada participación en estas dinámicas, como la implementación de un calendario efectivo para una mayor participación de la comunidad estudiantil, la difusión necesaria para lograr informar a toda la comunidad y solicitar la celebración de, al menos, una de estas actividades por semestre en cada facultad… que únicamente sean admisibles los convenios que permitan condiciones favorables para establecer vínculos efectivos con la industria, con el fin de incrementar el grado de empleabilidad de los egresados.” Las negrillas son nuestras, para destacar elementos centrales sobre las preocupaciones expresadas y que, obviamente, contrastan con la cotidianidad del servicio social y las prácticas profesionales. Esto es relevante, pues pone en tela de juicio tanto a la gestión institucional como a los organismos o agentes con los cuales se realizan dichas actividades: empresas y organizaciones privadas y sociales. ¿Cuál es compromiso de formación y empleabilidad que adquieren? ¿Las actividades asignadas van más allá de la instrumentalidad (“ve por esto”, “haz aquello”) o de su uso como mano de obra no remunerada?

Vinculado con lo anterior, la problemática de la planta docente es central: “… mejor capacitada, mejor asignación de materias por docente priorizando la especialización del profesor y su enfoque para que así tengan un mejor desempeño durante su enseñanza … que los docentes cumplan con conocimientos actualizados y especializados en las materias que imparten, ... (sus) evaluaciones sean exhibidos de manera porcentual (y)… Que los docentes con evaluaciones bajas asistan obligatoriamente a cursos de pedagogía como medida correctiva.” Reconociendo los derechos laborales y salariales.

Así, en dicho documento, que consta de 20 páginas, argumenta cada una de sus demandas, que incluyen problemáticas en términos de: mejor infraestructura tecnológica y académica, salud y bienestar (enfermería, cuidado infantil -guarderías, apoyo psicológico), transparencia en el uso de los recursos (que son públicos), becas y apoyos para eventos académicos. Destacamos dos demandas que son muy sentidas, que aparecen en la mayor parte de los pliegos petitorios: la URGENTE necesidad de un comedor y el ALTO al acoso y la violencia. Sobre el primero, considerando que el modelo actual es de créditos, las y los estudiantxs, de manera cotidiana, viven entre 8 y 12 horas en las instalaciones universitarias, con tiempos “muertos” (ocasionados por la “planeación” académica), por lo cual se alimentan bien por lo que logran preparar desde su casa o por lo que adquieren en los espacios universitarios o su entorno (con un costo monetario y nutricional). Y el acoso, que hemos ya abordado en el artículo mencionado, pero que es una DEMANDA FUNDAMENTAL. Lo realizado por la Institución ha sido insuficiente, ineficaz y discrecional.  

Este es un documento que avalan las y los estudiantxs pertenecientes a seis Facultades, sin embargo, una revisión somera a otros pliegos petitorios puede mostrarnos que existen demandas similares, y con una fuerte argumentación propia de universitarias y universitarios, NO de agentes externos. Otro ejemplo de esto es el pliego de la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales, de 49 páginas, en las que fundamentan todas y cada una de sus peticiones, algunas que coinciden con lo anteriormente expuesto y otras que son más concretas.

Por otro lado, por fin¡¡¡, en estos últimos días han aparecido varios comunicados de colectivos de académicos, que apoyan y saludan el movimiento estudiantil: “En nuestro compromiso con los estudiantes universitarios, estamos convencidos de que transformar los espacios de aprendizaje y fomentar perspectivas críticas y colaborativas es fundamental para el avance de la educación superior” (ICUAP); “…reconocemos que las peticiones que nos hicieron llegar son legítimas y que nosotros los universitarios somos capaces de resolver nuestros problemas, teniendo disposición y voluntad de dialogar…” (FCE); “Es fundamental considerar la opinión de la comunidad estudiantil, quienes son la razón sustantiva de nuestra Institución ….deben existir espacios donde las y los estudiantes hagan escuchar su voz. Nuestra historia ha mostrado que el diálogo permite alcanzar acuerdos y compromisos para la mejora continua de procesos que impulsen el crecimiento de todas las partes, en pro de una sociedad más justa y equitativa” (FCFM). Frente a estos comunicados de solidaridad y disposición al diálogo y el ejercicio de reflexión colectiva, se expresan otras voces que evidencian la premura institucional y, en algunos de ellos, la falencia de reflexión dialógica: “… expresar nuestro apoyo incondicional a la institución para superar esta coyuntura y avanzar en nuestra misión de formar profesionales críticos y comprometidos con la sociedad….Nos pronunciamos a favor de una solución que permita el retorno inmediato a las espacios de construcción y transformación del conocimiento que son las aulas. Por ello, estamos listos para regresar a las labores académicas” (FAd). “...planta académica de la Facultad de Artes, de manera democrática ha decidido: Hacer valer el derecho a la educación de quienes quieren recibir sus clases en línea…” (FA). La pregunta que nos hacemos ¿han reflexionado colectivamente sobre las demandas de las y los estudiantxs de SUS unidades académicas y del movimiento estudiantil en general? Del profundo cuestionamiento a nuestra labor docente y de investigación.

Finalmente, la contundente declaración del gobernador: “Hago un exhorto a Antorcha Campesina para que deje de entrometerse en la vida de la universidad. Ninguna organización política puede afectar el derecho humano a la educación. Como gobernador he sido respetuoso de la vida universitaria, el gobierno del estado no interviene, ningún integrante del gabinete puede intervenir en la vida de las universidades”. Y para mantener su neutralidad llama a la Fiscalía para que actúe contra “quienes violentaron de manera abusiva (SIC) de la autonomía universitaria”. Las críticas a esta declaración fueron claras: desacreditación y estigmatización del movimiento estudiantil, anuncio de la persecución de sus participantes, autoritarismo que recuerda las raíces priistas del gobernador, etc. Cínico deslinde de Antorcha Campesina, muda anuencia de las autoridades institucionales. 

Estas últimas, ya habían iniciado el camino: “Detrás de este movimiento hay algunas manos … Debería darles vergüenza decir que son universitarios”, afirmaciones fueron seguidas por algunos medios de comunicación, señalando nombres y relaciones con exrectores y funcionarios gubernamentales. Sin embargo, la Rectora nunca ha clarificado estas afirmaciones, dejando abierta la puerta a múltiples interpretaciones y acciones persecutorias. Si son parte de la misma estructura de la actual administración, fueron designados, por lo que cabe preguntarse: ¿las relaciones que ahora se denuncian no eran parte de los mismos acuerdos que cristalizaron la administración 2021-2025?, no solo eran vínculos entre las mismas fracciones de la cúpula de la élite burocrática universitaria, sino también relaciones con las fracciones políticas de nuestra entidad. Así, si contrastamos la denuncia del gobernador con la práctica de las rectorías de las últimas décadas, se avizora que existen relaciones entre la cúpula burocrática de la BUAP con los poderes fácticos, como lo es Antorcha Campesina (ver https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/gran-favor-a-antorcha-campesina/). Asimismo, cabe preguntarse el porqué, a más de diez días de iniciado el movimiento, el gobernador “descubre” que AC está detrás del movimiento estudiantil, o es que su denuncia está vinculada con el diferendo que tiene con respecto al transporte y los espacios urbanos.

1. Ordorika (2006 y Muñoz, 2019) argumenta que las universidades son campus en disputa, y que al interior de ellas se establecen relaciones políticas entre sus distintos actores, dichas instituciones también son resultado y expresión de las relaciones políticas de las clases y sectores de la sociedad, de tal forma que la misma figura jurídica de autonomía es definida en función de la disputa social; de los proyectos e intereses económicos, políticos y culturales de esas clases. Las administraciones de la BUAP han entendido la autonomía según sus intereses, y se han acercado y cobijado (acríticamente) con el partido gobernante en su momento: PRI, PAN y, ahora, Morena (ver Pansters, 1997, Márquez, 2017, Sánchez y Martínez, 2022). Así, hoy la declaración del gobernador y las denuncias de la Rectora nos dan su definición de autonomía, según sus intereses y con el objetivo de desacreditar al movimiento estudiantil, la legitimidad de sus demandas. Y de igual manera, los poderes fácticos (Antorcha Campesina, Medios de comunicación, Organismos patronales) buscan incidir en este movimiento.

Estos días serán cruciales, al interior de las y los estudiantxs está la incertidumbre, el temor a las autoridades, a Antorcha Campesina, pero hoy, al visitar CU, en un tramo muy corto, logré ver a estudiantas y estudiantes, a favor y en contra del paro, dialogando, intercambiando puntos de vista, sobre temas sustanciales de la vida universitaria, de su propia vida y trayectoria profesional, algo que desde hace años no apreciaba. Sí, eran pocos, pero no se trata de mayorías o minorías, sino de como una comunidad universitaria que desea participara en la definición de su proyecto académico y social, que dialoga y respeta al otro, convence, no vence ni impone.

Acrónimos:

CUA: Consejos de Unidad Académica

FA: Facultad de Artes

FAd: Facultad de Administración

FCE: Facultad de Ciencias de la Electrónica

FCFM: Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

HCU: Consejo Universitario

ICUAP: Instituto de Ciencias de la BUAP

Referencias:

Márquez-Carrillo, Jesús (2017) Universidad y política regional en Puebla, México: 1934-1990, Revista Iberoamericana de Educación Superior, Vol. VIII, Núm. 22, UNAM IISU, México. Págs. 85-101.

Muñoz, Humberto (2019) Universidad pública: poder, relaciones y prácticas políticas, Perfiles Educativos, Vol XL1 No. 165, IISUE UNAM, México. Págs. 165-184.

OCDE (2019)

Ordorika, Imanol (2006) La disputa por el campus, UNAM-Plaza y Valdés.

Pansters, Wil (1997) Universidad, modernidad y cultura. La transformación organizacional de la UAP, Política y Cultura, No. 9 invierno, UAM, México. Págs. 177-199. 

Sánchez, G. y Martínez E. (2023) Poder y reproducción de las élites burocráticas en las universidades públicas, en C. Elizondo y R. Espinoza (coords.) Reflexiones desde el pensamiento crítico sobre la política en ciencia, FCE-Conahcyt.