BUAP: ¿la razón de las normas o la reflexión crítica? / Germán Sánchez Daza

(El Movimiento de 1968) no fue sino la forma concreta, peculiar y propia con que se expresaron en México la universidad crítica y la autogestión como la actividad viviente, inexcusable, de las masas estudiantiles en el cuestionamiento social y político del país, cuestionamiento necesario, forzoso, que sigue en pie, pero que, además, debe seguir en pie. José Revueltas

A un mes del movimiento estudiantil y del paro 2025, el día de ayer se efectuó la primera mesa de diálogo general. Después de que el 19 de marzo se hiciera la entrega del Pliego Petitorio General (en adelante PPG) y, tres días después, de la Respuesta de la Comisión Institucional (RCI). Con la aclaración de que se han realizado varias mesas de trabajo y diálogo en distintas unidades académicas, incluso con acuerdos de terminación del paro y continuidad de atención y solución a las demandas presentadas.

La intensidad del acontecer de la situación y la profundidad de los documentos mencionados han generado a la fecha diversas reacciones, que se concretan en la necesidad de una “reforma integral de la universidad “(PPG), “nueva reforma universitaria” (Dr. C. Figueroa I.), la “conformación de un gran bloque reformador y democrático” (Mtra. G. Grajales y Porras), de un “congreso general universitario” (Propuesta de académicos); sin embargo, las autoridades responden oficiosamente: “La construcción del PDI (Plan de Desarrollo Institucional) fue un ejercicio de participación, se recibieron muchas propuestas que quedaron plasmadas en el documento final. Se tomará en cuenta esta aportación” (RCI).

Reconociendo la relevancia y alcance del PPG y el RCI, solo comentaremos seis temáticas.

Primero. Si bien una parte de la estrategia de la Rectoría ha sido la de mostrar una disposición al diálogo, abierta a la comunicación y la resolución de las demandas, en la respuesta se muestra el desdén y la total incomprensión de las peticiones y sus causas. Una reivindicación central es la democratización de la toma de decisiones, que incluye el cuestionamiento a los procesos establecidos (lo que dicen las normas) y a las prácticas de las autoridades -discrecionalidad, arbitrariedad, exclusión, etc. Por lo que se plantea la necesidad de modificar el reglamento de Elección de Autoridades Personales, pues:

 “…no representan un mecanismo democrático en los procesos de elección, por lo que se solicita su reforma en el sentido de eliminar el voto sectorial y establecer el voto universal, directo y secreto.”,

la respuesta es: “NO ES PROCEDENTE considerando que la representatividad de la comunidad universitaria está prevista en sectores desde la ley de la BUAP. Solo está facultado el Congreso del Estado de Puebla para modificarlo. Se estableció el voto sectorial para garantizar que ningún sector tenga mayor peso sobre otro. Es democrático porque los consejeros tienen la obligación de llevar ante el Consejo correspondiente la voluntad del sector que representan y no su opinión personal.” (RCI)

A lo largo de la respuesta, en especial en los puntos relacionados a los procesos de toma de decisiones y de transparencia, se encuentra ese tipo de argumentación: la norma ya existe, el proceso está definido, no existen tales instancias, se requiere una reforma a la Ley recién aprobada, etc. De esta manera, se niega o invisibilizan las demandas estudiantiles de democratización de la vida universitaria, la exigencia de ser escuchados e incidir en el rumbo de la BUAP, ser parte de ésta con pleno derecho, como sujetos activos. A lo largo de las 68 páginas de respuesta no se encuentra una reflexión que reconozca la carencia de democracia, que exprese una posición autocrítica y abra las posibilidades reales de interacción dialógica, de construcción colectiva (“colaborativa”). No es casual que se defienda la norma, pues es esta la que garantiza la reproducción de la estructura de poder existente, la preservación de la élite burocrática que se ha posesionado de la Universidad.

Segundo. La posición anterior define el alcance del diálogo y de los resultados de las mesas de trabajo. Pues si bien hay varios puntos en los que se hacen propuestas específicas y que pudieran ser la base para un acuerdo -lo relacionado a infraestructura, agilización de trámites, entre otros-, también queda la desconfianza sobre el cumplimiento de los acuerdos firmados, dado que en la actualidad no se respetan esas normas y las prácticas clientelares-discrecionales son persistentes,  y no serán erradicadas sin la intervención democrática-activa de los estudiantes y demás integrantes de la comunidad universitaria.

Tercero. Es por esto que es pertinente destacar las reivindicaciones y propuestas que hacen las y los estudiantes sobre su participación a través de: comisiones temporales (supervisión en los procesos electorales), de comités independientes y comisiones (acoso y prevención de la violencia, supervisión de transparencia y administración de recursos, para la transparencia de contratación de académicos), comisiones por unidad académica (para impulsar la cultura, el deporte). Asimismo, es de subrayar la propuesta de autogestión, en el ámbito educativo (regularización escolar, y en proyectos de Servicio Social y Prácticas Profesionales) y en la administración del pabellón (espacio de venta de alimentos elaborados por las y los estudiantes). Es una exigencia de intervención, de participación activa en los distintos procesos y actividades universitarias, en la construcción de una identidad.

Cuarto. La cuestión de la gratuidad y/o el control de pago de cuotas o inscripciones se aborda en varias demandas, por ejemplo: transporte, comedor, acceso a representaciones y actividades culturales y deportivas, cursos extracurriculares y asistencia actividades académicas; además de la proveeduría de insumos de sanidad y bienestar. Sin embargo, si bien se afirma: “La universidad ha convertido nuestro derecho a la educación en un servicio, cuyo financiamiento se diversifica, al mismo tiempo que se controla y supervisa, acotando lo que hasta entonces se había entendido como la autonomía de las instituciones universitarias.” (PPG), y se alude a la Ley General de Educación Superior, no se cuestiona el pago de cuotas de inscripción, aun cuando en la misma Constitución se establece la gratuidad de la educación. Quizá este debate saldrá a relucir en las mesas de trabajo. A pesar de lo anterior, en su conjunto y en la cita mencionada, existe un cuestionamiento a la mercantilización y privatización de los servicios, procesos cultivados por el neoliberalismo y que aún persisten.

Quinto. Respecto a esos procesos, en la demanda relacionada al deporte, que es la exposición más extensa y detallada, encontramos la propuesta de contratación de un consultor privado externo -que en realidad se trata de varios, según lo requiera cada apartado-, la conformación de un patronato de empresas del sector privado, creación de un área y programa de marketing y de una marca deportiva, programa de patrocinios que ofrezca beneficios a las empresa (como visibilidad en eventos y publicidad en redes sociales), profesionalización de equipo de porristas. Surge la duda sobre el alcance de esta propuesta: si se trata de generar un sector deportivo profesionalizado y mercantilizado, si va más allá de considerarlo como parte de la formación integral del universitario, como se señala al iniciar de la demanda específica.

Sexto. La demanda sobre una mejor educación, de “calidad”, incluye el cuestionamiento a la labor docente y a la gestión de las relaciones laborales por parte de las autoridades centrales y de cada unidad académica. Las demandas son contundentes y totalmente legítimas: erradicación del nepotismo, mayor compromiso, cumplir sus horarios, formación pedagógica y en derechos humanos, perspectiva de género, cese de conductas clasistas, misóginas y de acoso. Reconocen las condiciones de precarización y diferenciación salarial y laboral, así como de sus derechos, por lo que exigen plazas de tiempo completo, dignificación laboral y evaluación docente (con participación estudiantil). La respuesta institucional es la exposición de lo que está haciendo, el compromiso de revisión de políticas y la referencia a las normas que supuestamente sigue en términos de relaciones laborales, es decir, ratifica las prácticas que son cuestionadas por el movimiento estudiantil. Además, destaca la actitud de supervisión y control: el uso de “…una aplicación para reportar el cumplimiento de las actividades docentes… solicitamos el apoyo de los estudiantes para que reporten esas malas prácticas…”, cabe señalar que en una conferencia de prensa se indicó que ya se utilizaba en CU2 y que además esa aplicación también servía para que el docente reportara a los estudiantes. En lugar de proponer un espacio de diálogo con los y las académicos y lograr una solución consensuada, se propone una estrategia de control y supervisión, policíaca, que estimula el enfrentamiento profesor-estudiante. No está por demás, recordar que la precariedad laboral y la gran cantidad de profesores hora clase está condicionadas por la política educativa del gobierno federal y la indolencia de las autoridades institucionales.    

Es indudable que se requiere un mayor espacio y tiempo para poder comprender los alcances de las demandas estudiantiles (p. e., como transitar hacia el “modelo humanista y crítico, plural, diverso y vinculado a todos los sectores de nuestra universidad”) y la respuesta institucional. Una posición abierta al diálogo, a la construcción colectiva de la identidad universitaria, a la participación reflexiva y democrática de todas y todos, sería establecer los espacios y tiempos adecuados para repensar nuestra universidad.

Finalmente, a pesar de las campañas mediáticas de descalificación, desprestigio y estigmatización, el día de ayer se llevó a cabo la primera mesa de diálogo general. Un mes de movimiento estudiantil ha cuestionado las prácticas cotidianas, a la estructura de poder y control, a las prácticas clientelares y acríticas, a la calidad educativa, es decir, se ha cuestionado a la vida universitaria en su conjunto. Décadas de un modelo neoliberal que fue impuesto y que hoy está agotado.

Se denunció la intervención de agentes externos y de fuego amigo, sin embargo, detrás de estas denuncias lo que podemos encontrar es que esos agentes externos (gobierno federal y estatal, Antorcha Campesina) siempre han estado presentes en la vida universitaria, que ese mismo modelo neoliberal y su estructura de poder ha mantenido vínculos estrechos con ellos, y hoy lo que se mostró es que también estos vínculos están en cuestionamiento.

Las y los estudiantes han logrado exhibir la problemática universitaria con excelente claridad, es necesario reconocerlo, agradecerles por invitarnos a recuperar la capacidad crítica, reflexiva, en nuestra Institución. Han enfrentado las campañas mediáticas de esos agentes y de la autoridad universitaria, también han sufrido sus amenazas y hostilidad, además el divisionismo y la imposición de algunos grupos estudiantiles, sin embargo, la capacidad desplegada, sus demandas y organización muestran una madurez académica-política (imaginativa, creativa), que seguramente incidirá en la transformación de nuestra Institución y, en su momento, contribuirá en el mejoramiento de la sociedad. Y nos hace recordar aquella convocatoria: "Seamos realistas: pidamos lo imposible".

Hoy seguirán las mesas generales y de unidad académica, en varias unidades han acordado concluir el paro, pero esperan la determinación general. Está pendiente lo que suceda en las unidades del centro de la ciudad, agrupadas en la Alianza del Centro, donde se muestra más aguda la posición autoritaria de la Institución. Es de esperar y desear que las y los estudiantes logren salir con acuerdos que les permitan consolidar su presencia activa y crítica en la vida universitaria … y que finalmente las y los trabajadores (académicos y administrativos) recuperen la voz, que hoy apenas es un leve susurro en algunos espacios.