Por amor a Puebla defendamos al periodismo libre / Ivanhoe Abraham García Islas

La estructura persistente del autoritarismo regional

El autoritarismo en Puebla no es un fenómeno aislado ni una anomalía histórica. Constituye, más bien, un dispositivo de contención que ha permitido históricamente a grupos privilegiados mantener el control sobre recursos públicos y decisiones políticas. Como señala Alberto Jacinto Olvera Rivera (1956): "estos poderes fácticos operan sistemáticamente para preservar esquemas de privilegio que trascienden los cambios formales de gobierno, creando una estructura persistente de dominación política y económica".[1] Cuando el gobernador Alejandro Armenta arremetió contra Rodolfo Ruiz, director de e-consulta, durante su conferencia matutina del 7 de abril, no presenciábamos un simple exabrupto personal, sino la manifestación contemporánea de prácticas que buscan silenciar voces incómodas para quienes ejercen el poder.

Esta tendencia ha transitado distintas etapas, adaptándose a los cambios de administraciones y discursos políticos, pero manteniendo su función esencial: contener las voces críticas que podrían exponer intereses políticos y económicos. El autoritarismo no surge de una idiosincrasia local, sino de la necesidad práctica de proteger beneficios concretos y evitar la rendición de cuentas. La relación entre el poder y el periodismo en Puebla evidencia esta dinámica. En una democracia funcional, la prensa constituiría un contrapeso necesario al ejercicio del poder, permitiendo a la ciudadanía acceder a información diversa sobre la gestión pública. Sin embargo, en el contexto poblano, cuando los medios señalan irregularidades administrativas o cuestionan decisiones que favorecen intereses particulares, enfrentan respuestas que buscan neutralizar su capacidad crítica. Esta reacción revela la importancia estratégica que tiene el control de la información para mantener esquemas de privilegios y evitar el escrutinio público.

Del marinismo a Armenta: una herencia incómoda

Si bien el autoritarismo poblano tiene raíces históricas profundas, es en la etapa del marinismo (2005-2011) donde encontramos el antecedente directo de las prácticas que hoy presenciamos. Mario Marín no sólo atacó a la prensa: construyó todo un sistema para someterla. Su persecución contra Lydia Cacho reveló hasta dónde estaba dispuesto a llegar para silenciar voces críticas: uso faccioso de instituciones de seguridad, intervenciones telefónicas, fabricación de procedimientos judiciales y presiones que trascendían fronteras estatales. Las grabaciones que documentaron sus conversaciones no sólo mostraron su desprecio por la ley, sino también la red de complicidades que permitía la operación de este mecanismo de control.

Alejandro Armenta no sólo comparte con Marín la militancia histórica en el PRI antes de sumarse a Morena. Su actual gobierno está poblado de personajes formados en aquella escuela política. Funcionarios que ocuparon cargos estratégicos durante el marinismo hoy dirigen secretarías y áreas clave de la administración estatal. No se trata de coincidencias, sino de la continuidad de un proyecto político donde el control de la información resulta fundamental para la preservación de intereses específicos.

Estas conexiones explicarían la particular virulencia con que Armenta ha atacado a Rodolfo Ruiz. El director de e-consulta representa precisamente el tipo de periodismo que este modelo de gobierno no puede tolerar: independiente, persistente y con la capacidad técnica para investigar las redes que conectan el poder económico y político. Como describe Silvio Ricardo Waisbord (1961): "los periodistas que investigan el uso indebido del poder público frecuentemente enfrentan represalias que van desde la descalificación pública hasta el hostigamiento judicial, especialmente cuando sus reportajes amenazan redes clientelares establecidas".[2] Ruiz ha documentado, desde hace años, las conexiones entre diferentes administraciones poblanas, exponiendo la continuidad de prácticas opacas más allá de los cambios de partido en el gobierno.

El caso Rodolfo Ruiz: anatomía de un ataque gubernamental

El episodio del 7 de abril constituye un manual sobre cómo opera la intimidación gubernamental contra el periodismo crítico. Durante su conferencia matutina, Armenta no sólo insultó a Rodolfo Ruiz, director de e-consulta, llamándolo "canalla" y "cobarde". Dio un paso más al instruir públicamente a la fiscal Idamís Pastor Betancourt para investigar al periodista por supuestos delitos que incluían violencia política en razón de género, difamación y dirigir una presunta "red de ciberdelincuencia".

Lo particularmente grave es que estas acusaciones se fundamentaron en información falsa. El mensaje en redes sociales que provocó la furia gubernamental no fue escrito por Ruiz, sino por otro comunicador, Héctor Llorame, quien ya asumió públicamente la autoría. Sin embargo, hasta la fecha, el gobernador no ha ofrecido ninguna disculpa ni rectificación, evidenciando que el objetivo no era defender la verdad sino intimidar a un periodista incómodo. La conferencia matutina, que debería ser un espacio de rendición de cuentas, se transformó así en un tribunal unilateral donde un comunicador fue juzgado, sentenciado y condenado sin derecho a defensa. La palabra del gobernador se impuso como verdad absoluta, y las instituciones de procuración de justicia recibieron instrucciones públicas que comprometían su autonomía y revelaban su subordinación al ejecutivo estatal.

Este caso no es un incidente aislado. Forma parte de un patrón donde las conferencias matutinas se han convertido en espacios de señalamiento contra periodistas críticos. El uso de la tribuna gubernamental como plataforma para descalificar, amenazar y criminalizar a la prensa independiente evidencia la intolerancia del actual gobierno ante el escrutinio público.

La respuesta al autoritarismo mediático

La gravedad de estos ataques ha motivado una respuesta internacional. Organizaciones como Artículo 19 han emitido un pronunciamiento exigiendo que el gobernador se retracte públicamente de sus acusaciones infundadas y ofrezca disculpas por utilizar su poder para estigmatizar a Ruiz. También han solicitado a la Fiscalía General del Estado abstenerse de emprender investigaciones que constituirían acoso judicial, y han pedido al Mecanismo de Protección para Periodistas brindar medidas urgentes de protección para el comunicador y su familia.

Sin embargo, estas respuestas institucionales enfrentan un desafío fundamental: operan en un entorno donde las instituciones formalmente autónomas frecuentemente responden a lógicas de subordinación política. Raúl Trejo Delarbre (1953) ha documentado cómo: "los mecanismos institucionales de protección a periodistas suelen fracasar precisamente en aquellas regiones donde el poder político ejerce mayor control sobre los organismos que deberían ser autónomos, reproduciendo paradójicamente la indefensión que pretenden resolver".[3] La protección a periodistas se vuelve particularmente difícil cuando quienes deberían garantizarla son precisamente quienes la vulneran. La sociedad poblana enfrenta ahora una disyuntiva clara: o normaliza estos ataques a la prensa como "el costo de hacer política", o defiende activamente el derecho colectivo a la información plural y a la crítica. No se trata de apoyar a un periodista específico o defender una línea editorial particular; se trata de preservar la posibilidad misma del debate público y la rendición de cuentas.

Cuando un gobernante ataca públicamente a la prensa con tal vehemencia, no sólo amenaza a un medio específico; erosiona las condiciones necesarias para construir una sociedad más democrática y justa. La libertad de expresión no es un privilegio que los gobiernos otorgan según su benevolencia; es un derecho fundamental conquistado a través de luchas históricas que requiere defensa permanente.

Puebla nos muestra hoy cuán frágil puede ser este derecho cuando el poder lo percibe como amenaza. Cada nuevo gobierno llega con promesas de cambio y renovación, sin embargo, la 4T se ha asumido como el gobierno del cambio verdadero, pero reproduce invariablemente los mismos mecanismos de control mediático y reedita las practicas más obscuras del pasado reciente. En este contexto, defender la independencia periodística frente a los ataques gubernamentales no es opcional; constituye una responsabilidad ciudadana esencial para evitar el retroceso hacia formas cada vez más autoritarias de ejercicio del poder.

Notas

1. Olvera, Alberto J. "Poderes fácticos y democracia en México: sindicatos, caciques, monopolios y delincuencia organizada en un país en transición". En Democracia, desarrollo y ciudadanía en México: avances y retrocesos. Ciudad de México: El Colegio de México, 2020, p. 94. 

2. Waisbord, Silvio. "Watchdog Journalism in South America: News, Accountability, and Democracy". Nueva York: Columbia University Press, 2018, p. 147. 

3. Trejo Delarbre, Raúl. "Medios y política en México: los poderes del antiguo régimen en el entorno digital". Revista Mexicana de Sociología, vol. 83, núm. 2, Universidad Nacional Autónoma de México, 2022, p. 329.