Instituciones electorales, censura y abuso de poder / Alejandro Guillén

Alejandro Guillén

Los ataques contra la libertad de expresión son muestras de abuso de poder y en México va en aumento. Al mismo tiempo, a través de la corrupción de la palabra (ver https://mundonuestro.mx/content/2025-07-16/la-corrupcion-de-la-palabra-alejandro-guillen-reyes), la clase política gobernante nos ha dicho una y otra vez, que aquí se garantiza la libertad de expresión y a nadie se le censura. México “es el país más democrático del mundo”, dicen.

Censura, corrupción e impunidad (ya veremos en qué termina el caso de Adán Augusto López), parecen ser los signos más visibles de los nuevos tiempos.

Nuestra entidad, Puebla, se hizo tristemente célebre a nivel internacional porque su congreso local aprobó la llamada “Ley Mordaza”, una disposición legal (que terminó por reformularse de manera cosmética) para sancionar penalmente a quienes cometan el delito denominado “ciberasedio”. Académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil coincidimos en que esto en realidad es una herramienta del Estado para inhibir la libertad de expresión, y ya sabemos que sin libertad de expresión no hay combate a la corrupción.

Pero lo ocurrido en Puebla es sólo un capítulo de lo que está sucediendo en el ámbito nacional.

La organización internacional Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa han documentado y alertado sobre el aumento de los casos de censura en contra de periodistas y ciudadanos en distintas entidades del país; y, en no pocos de estos casos, el abuso de poder proviene de las instituciones electorales.

Uno de los tantos expedientes de abuso de poder que han causado indignación y repudio, es el castigo que impusieron a la ciudadana sonorense Karla Estrella, quien por ejercer su derecho a expresar una opinión sobre un asunto de interés público (un posible caso de nepotismo) en su cuenta de “X”, terminó siendo declarada “culpable” de haber cometido el delito de “violencia política en razón de género” y su castigo ha consistido en la publicación de disculpas en la misma red social durante 30 días, la inclusión de su nombre en el padrón de personas sancionadas por violencia de género durante año y medio , la obligación de tomar un curso sobre violencia de género, realizar lecturas especializadas en el tema y el pago de una multa.

Esta sanción (que nunca debió aprobarse), al ser excesiva, desmedida, desproporcionada, abusiva, etc., evoca irremediablemente a las prácticas de escarnio público muy propias de los totalitarismos y las dictaduras criminales de los siglos XX y XXI para exhibir a los “enemigos del pueblo”.

Sin embargo, lejos de quedar para la historia como un “castigo ejemplar” (que era la intención de los denunciantes), el abuso de poder y la corrupción de la palabra de quienes fabricaron la sanción han convertido a Karla en una estrella ciudadana. Su creatividad y capacidad de comunicación le han permitido pasar de “villana” a víctima de la prepotencia y la distorsión de la ley.

Lo trágico en todo esto es que las instituciones electorales -el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como sus equivalentes en los estados- que fueron creadas para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos en un régimen democrático, hoy son utilizadas para violar, entre otras cosas, el derecho humano a ejercer la libertad de expresión.

La “captura de los puestos”, tanto del Consejo General del INE como de la Sala Superior del TEPJF, es la causa del proceso de descomposición de nuestras instituciones electorales. Los nombres de sus titulares y las acciones ejecutadas desde sus cargos están a la vista todos los ciudadanos.

Es necesario dar seguimiento a cada uno de sus integrantes, porque quienes torcieron la ley y están violando los derechos humanos de Karla Estrella y de algunos periodistas, son los mismos que “no ven” pruebas del fraude electoral en los “acordeones” utilizados en la elección del Poder Judicial para que ganara gente cercana al gobierno y su partido.