Es probable que estas concesiones a la patronal se hayan reflejado en un aumento al salario mínimo mayor al esperado. Los representantes empresariales esperaban un aumento para 2026 de alrededor del 11% y resultó en 13%. De esta manera el gobierno lograba un resultado mejor de lo planeado originalmente
Ciudad de México, 9 de diciembre de 2025.
Hace unos días se anunció un acuerdo entre los representantes de los empresarios, de los trabajadores y del gobierno que por primera vez en la historia del país involucró dos temas fundamentales: el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. El primer asunto entrará en vigor a principios del próximo año mientras que al segundo le queda un camino más largo por recorrer pues se trata de dos iniciativas presidenciales, una que reforman la Constitución y la otra, la Ley Federal del Trabajo. Para su conclusión, seguramente habrá foros públicos en las cámaras del congreso y luego tendrán que pasar a su estudio en comisiones y finalmente a debate y votación en los plenos de ambas cámaras (y en los congresos de los estados en el caso del 123 de la carta magna).
Los resultados de las negociaciones, dados a conocer por el gobierno de la república el martes 2 de diciembre, son muy relevantes. Mostraron también un “toma y daca” gracias al cual el gobierno y los empresarios tuvieron que ceder, cada uno por su parte, en temas importantes. La representación obrera que estuvo en la mesa avaló los acuerdos. No obstante, es casi seguro que varios sindicatos independientes manifestarán su disgusto en algunos aspectos de la iniciativa concerniente a la reducción de la jornada.
Y es que en este último asunto la propuesta anunciada por la presidenta tiene varios aspectos que merecen destacarse: desde luego, resulta positivo que se haya pactado la jornada de 40 horas a la semana y que esta enmienda se eleve a rango constitucional. Igualmente, la obligación para los empleadores de “registrar de manera electrónica la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo el horario de inicio y finalización; así como proporcionarlo a la autoridad cuando se le requiera”.
Sin embargo, al mismo tiempo, se acordó que la reducción entrará en vigor en 2027 y de manera gradual, dos horas cada año, hasta alcanzar las 40 horas en 2030. Más importante, y por supuesto discutible, se pactó que la jornada semanal se mantenga como está: seis días de labores con sólo uno de descanso. La propuesta de todos los sindicalistas es de 5 días de trabajo y dos de asueto. Asimismo, la iniciativa dispone que el tiempo extra que se paga “un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias” se fijará en doce horas a la semana en lugar de las nueve que señala la ley vigente, aumento que se hará gradualmente una hora por año desde 2018. Otra concesión a la patronal reside en que se establecen topes demasiado altos para la “prolongación” de la jornada que supere esas doce horas extras, pues se proponen cuatro horas adicionales semanales (que se retribuirían al 200%) y un máximo de doce horas diarias.
La ley, actualmente, indica que “podrá prolongarse la jornada de trabajo… sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres horas diarias en una semana”, aunque de manera contradictoria agrega en otro artículo que, si se exceden estas nueve horas semanales, se pagarán al 200%.
La iniciativa presidencial dispone, por un lado, abaratar las horas extras que se pagan al 100% al extenderse de nueve a doce, y por otro se ponen límites para las que se retribuyen al 200%. Para que quede claro, veamos año por año lo que implica esta parte de la iniciativa presidencial: en 2027, la jornada semanal ordinaria se reduciría a 46 horas, la extraordinaria al 100% quedaría en 9 horas; y la que se retribuye al 200% en 4 horas, dando un total de 59. Para 2028 la ordinaria bajaría a 44 pero aumentaría la que se paga al 100% a 10 horas, más las 4 horas que se retribuyen al 200% dan, asimismo, un resultado final de 59 horas semanales. En 2029, la jornada ordinaria se reduciría a 44 horas y la extraordinaria al 100% se elevaría a 11, más la que se paga al 200% equivalente a 4 horas, da un total de 57 horas semanales. Finalmente, para 2030, la jornada ordinaria quedará en 40 horas, sin embargo, la extraordinaria que se pagaría al 100% se extiende a 12 horas a la que habría que agrega las 4 extras que se retribuirían al 200%, dando una suma de 56 horas semanales.
Finalmente, y no de menor importancia, dado que se mantiene la jornada semanal de 6 días laborables, la prima dominical tampoco se modifica y se queda en 25%.
Estos cambios otorgarían más flexibilidad al empleador para alargar la jornada y contratar a menor precio el tiempo extraordinario. Por su parte, el esquema propuesto induce a los trabajadores a monetizar sus horas libres, es decir a cambiar su tiempo de descanso por más dinero trabajando tiempo extra. De esta manera, el patrón lograría compensar parcialmente la reducción de la jornada pagando menos por las horas extras, y el objetivo anhelado de otorgar más tiempo de descanso al trabajador puede quedar en entredicho.
Es probable que estas concesiones a la patronal se hayan reflejado en un aumento al salario mínimo mayor al esperado. Los representantes empresariales esperaban un aumento para 2026 de alrededor del 11% y resultó en 13%. De esta manera el gobierno lograba un resultado mejor de lo planeado originalmente.
La reducción de la jornada, no obstante, los asuntos polémicos aquí señalados, debe considerarse una conquista muy importante que beneficiará en los próximos años, a alrededor de 16 millones de trabajadores y trabajadoras que laboran en el sector formal (con la protección de la seguridad social) más de 40 horas a la semana. Tan solo aquellos que, (con datos del tercer trimestre de 2025), dedican 48 horas y más a sus labores remuneradas, suman alrededor de 12 millones y medio. Quizás el registro electrónico anunciado pueda ayudar a que el tiempo extra se pague debidamente y a que los trabajadores informales que laboran al servicio de un patrón reciban este beneficio (y se les inscriba en la seguridad social).
Igualmente, el aumento del 13% a los mínimos es destacable porque se ha alcanzado el monto necesario para la adquisición de dos canastas básicas. En este caso los beneficiados, según cifras oficiales, serán 8.5 millones de trabajadores, aunque el efecto puede llegar a un número mayor gracias a las revisiones contractuales y, mediante el llamado “efecto faro” a las personas trabajadoras que ahora perciben hasta dos salarios mínimos.
Las negociaciones que llevaron a pactar los incrementos salariales para 2026 y la iniciativa presidencial para la reducción de la jornada se ubicaron en un contexto económico difícil. El crecimiento del producto para este año será bajo (quizás menor al 0.5%) y las perspectivas para el próximo no son halagüeñas debido a la incierta relación con Estados Unidos y a las políticas de austeridad del gobierno que se han reflejado en una inversión pública reducida. Consecuentemente, la creación de empleos se ha vuelto más lenta. Según las cifras del IMSS, entre noviembre del año pasado y este mismo mes de 2025, el empleo registrado aumentó 0.9%. No estamos en una recesión y no hay despidos masivos, pero la oferta de puestos de trabajo formales tiene cifras negativas en la industria, en particular en la construcción y en la maquila de exportación (ENOE-INEGI tercer trimestre).
Este panorama seguramente fue un ingrediente que se tomó en cuenta para esa negociación que forzó al gobierno y a los representantes empresariales a ese “toma y daca” con los resultados señalados.
En fin, queda todavía un espacio de tiempo (probablemente los primeros tres o cuatro meses de 2026) para el debate de las iniciativas que buscan reducir la jornada laboral. Esperemos que se lleve a cabo bajo mejores expectativas económicas mundiales y locales, y que la voz de los trabajadores y de todos los interesados en mejorar el bienestar de los mexicanos sean escuchadas en las cámaras de diputados y senadores.
saulescobar.blogspot.com
(Foto de portadilla tomada de Sin embargo)
