Además de que la democracia y las libertades están en entredicho, la economía no crece
En solidaridad con Rodolfo Ruiz Rodríguez, director de e-consulta, por el acoso judicial en su contra, lo cual es una agresión más al derecho a la libertad de expresión en Puebla.
Tener una vida económicamente digna consiste no solo en satisfacer nuestras necesidades básicas (casa, vestido y sustento), sino que también implica -entre otras cosas- tener algún tiempo disponible para poder ejercer el derecho o la facultad más preciada por todo ser humano: la libertad.
ibertad de decidir qué hacer, a dónde ir y con quién estar una vez cumplidas nuestras obligaciones laborales.
En México, los aumentos a los salarios mínimos y los programas sociales son sin duda un avance en materia de justicia social, lo cual ha permitido que millones de mexicanos mitiguen los efectos negativos de vivir con limitaciones económicas o en condiciones de pobreza y tener un respiro de libertad.
Sin embargo, y sin dejar de reconocer este avance social, el gran problema al que se han enfrentado las personas con este beneficio es el uso clientelar que los distintos gobiernos han dado a dichos apoyos, a pesar de que son un derecho establecido en la Constitución y que, legalmente, no deben ser usados con fines partidistas ni electorales.
Ningún gobierno o partido tiene la facultad de obligar a alguien a asistir a mítines o a votar por un partido o candidato en particular, bajo la amenaza de que le quitarán el programa social si no asiste al evento al que lo convoquen. Eso es una forma de extorsión y un acto de corrupción: el gobierno chantajea al ciudadano a cambio de su libertad.
Así lo ha hecho, por ejemplo, la dictadura criminal de Venezuela, con una agravante más: los dictadores demagogos -que, por cierto, viven como magnates gracias al dinero que todavía le exprimen al pueblo venezolano y lo que la criminalidad organizada les aporta- no solo acabaron con la democracia y las libertades de ese querido país, sino que además destruyeron el sistema económico en el que las empresas generaban los empleos, y el dinero de los impuestos que le permitían al gobierno dar apoyos sociales.
Hoy, en Venezuela la gente es más pobre y para sobrevivir dependen de las limosnas que les da su opulente gobierno. La mayoría de la gente no solo vive en la miseria, sino que también perdió su libertad y es obligada a asistir a los mítines de “apoyo” que organizan sus verdugos.
En México, además de que la democracia y las libertades de sus ciudadanos están en entredicho, la economía no crece. Las personas que tienen empresas o que se dedican a los negocios o al comercio, tanto nacionales como extranjeros, no confían en el gobierno y mucho menos en su Poder Judicial, lo cual se suma a otros factores como la inseguridad y la violencia que se vive en nuestro país.
Se está dando una expulsión silenciosa de talentos y fuga de capitales, y mientras menos dinero se invierta en México, menos dinero habrá para los gastos del gobierno, incluyendo los programas sociales.
Algunos expertos en materia económica señalan que México no será como Venezuela, ojalá. Pero el aumento de la desconfianza en el gobierno por parte de empresarios, gente de negocios y los mismos consumidores, nos está avisando que nuestro país va en sentido contrario a la prosperidad y que está echando para atrás los precarios avances que en materia de justicia social y conquista de libertades hemos logrado en los últimos cuarenta años… ¡Aguas!
P.D. Y hablando de libertades a la baja, sobre el acoso judicial en contra de Rodolfo Ruiz, vale la pena preguntar: en materia de imagen ¿le conviene al gobierno del estado de Puebla estar acosando judicialmente al director de uno de los medios más prestigiados de la entidad, reconocido (incluso por algunos directores de medios ligados al actual régimen) por su trabajo periodístico a nivel nacional?
En caso de dar un paso adelante con su amenaza, ¿están calculando el impacto de esa noticia en la opinión pública nacional y el consecuente deterioro de la imagen del gobernador?
Ya alguna encuesta nacional pone la aprobación del gobernador Alejandro Armenta en la misma zona en la que está Rubén Rocha Moya con apenas 0.1% de ventaja, y eso que en Puebla no se ha vivido lo que se vive en Sinaloa ni ha tenido los reflectores de los medios que allá sí han tenido. Si bien su aprobación no ha bajado del 50 por ciento, su lugar en el “ranking” ha pasado del lugar 3 al lugar 16 en tan solo 10 meses. ¿Por qué no aumenta la aprobación del gobernador de Puebla como sí la han aumentado algunos de sus pares?
¿Por qué es importante tener en cuenta la buena, regular o mala imagen de un gobernador? Porque no solo se trata del principal activo de su partido en la entidad para las futuras elecciones constitucionales, sino porque -nos guste o no-, es la imagen política del estado y es un factor que influye en el ánimo de inversionistas que quieran traer su empresa o su capital a estas tierras. Si así -como lo comentamos párrafos arriba- hay desconfianza en invertir en México, ahora imaginemos la noticia de que en Puebla la fiscalía y el Poder Judicial se usan para violar derechos humanos, porque esa va a ser la noticia que generará la percepción correspondiente.
¿Acaso no hemos tenido ya suficiente desprestigio nacional con la ley que “regula” el ciberacoso que ha pasado a la historia como la infame “Ley Censura” como para ahora cargar con la mala fama de un gobierno que estrena la prisión preventiva oficiosa para castigar penalmente a un periodista por hacer su trabajo? ¡La propaganda oficial no alcanzaría para corregir semejante adefesio!… Pobre Puebla.
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