PRONUNCIAMIENTO
Los días 25 y 26 de enero de 2025, nos reunimos en Ocotlán, Tlaxcala, 186 personas procedentes de 18 entidades federativas e integrantes de 65 organizaciones, colectivos y de la academia comprometida ante los problemas de devastación socioambiental que se viven en el país. Estos problemas son resultado de décadas en los que los gobiernos, desde una lógica neoliberal, impulsaron la industrialización a partir de procesos altamente contaminantes que han tenido como resultado el que las personas estemos expuestas de manera constante a sustancias peligrosas que han generado enfermedades crónico-degenerativas como diversos tipos de cáncer y el daño renal crónico. Ante ello, las y los asistentes a aquella reunión decidimos articularnos en la Red Nacional de Comunidades Envenenadas y en Resistencia (Renacer).
Esta situación de devastación no ha sido atendida adecuadamente ni revertida por el actual gobierno (federal, estatal y municipal), por lo que a lo largo y ancho del país tenemos ya decenas de Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (Resas).
En la Cuenca del Alto Atoyac, que también es una Resa, hemos venido denunciando durante los últimos años cómo se ha agudizado la devastación socioambiental, ante la omisión del gobierno del estado. Así, las personas y comunidades enteras seguimos siendo violentados en nuestros derechos humanos (individuales y colectivos) por la presencia de los siguientes problemas:
- Contaminación industrial presente en agua, suelo y aire, con impactos directos en la salud de las personas y de los ecosistemas. A pesar de ello, la política estatal sigue siendo la atracción de la industria e incluso la construcción de nuevos espacios industriales como el denominado Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en el municipio de Huamantla, sin que hasta la fecha se hayan presentado propuestas legislativas o de política pública que obligue a las industrias a tratar adecuadamente sus descargas y emisiones contaminantes.
- Crisis de la basura. Los mal llamados rellenos sanitarios han llegado a su límite, sin que desde el gobierno se propongan nuevos modelos de gestión de los residuos que lleven a atender el problema desde sus causas. Con esta justificación y bajo la idea de la economía circular, se pretende impulsar la instalación de empresas industriales que procesan la basura a través de su quema para la generación de energía, incrementando la devastación en la Cuenca.
- Devastación de la Matlalcuéyetl. Provocada por la tala inmoderada llevada a cabo por grupos de talamontes que durante décadas han operado sin que las autoridades intervengan ni investiguen las rutas comerciales de la madera. Esta situación se ha agravado por la falta de control de plagas como el escarabajo descortezador y el muérdago, y puede incrementarse con la imposición de proyectos como el Ecoparque Tlalli impulsado por el gobierno de Puebla que insiste en utilizar 52 hectáreas, afectando la flora y la fauna de ese espacio, así como la cultura de las comunidades que viven en la región.
- En el poniente del estado (Calpulalpan, sus comunidades y la región), campesinos, campesinas, comerciantes y población en general experimentan un acoso constante por parte del gobierno del estado. Primero a partir de la amenaza de construcción de un Libramiento privado (autopista); y segundo, experimentando la violencia real que se vive en un tramo de la carretera federal Mex-Ver no ampliado: accidentes, retrasos, atropellamientos, etc. El Libramiento generaría pérdida de espacios de cultivo, siembra, biodiversidad, recarga de agua, empleos (directos e indirectos) y amenazaría la existencia de las luciérnagas en la región.
- Presencia de inmobiliarias que construyen viviendas que no son acorde a nuestras prácticas comunitarias, encarecen su costo, rompen con el tejido comunitario, gentrifican (desplazan) a los habitantes originarios y agotan los recursos existentes, principalmente el agua.
- Imposición de la idea de ciudad como forma de vida. El actual gobierno estatal se ha caracterizado por llamarle ciudades a diversos proyectos que ha impuesto: ciudad de la cultura, ciudad administrativa, ciudad de las mujeres y ciudad de la juventud, todas ellas realizadas con grandes inversiones -que únicamente benefician a las empresas constructoras-, sin consultar ni consensuarlos con la ciudadanía y las comunidades, sin respetar tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, minimizando la protesta social y afectando gravemente a los ecosistemas. El gobierno deja de lado que las grandes ciudades en nuestro país se estructuran bajo un modelo que favorece la desigualdad en el acceso a los recursos, agota bienes como el agua y el oxígeno, provoca grandes problemas por la generación de basura y también genera grandes problemas de movilidad; por ello es un modelo que no debe ser promovido.
- Exclusión de las comunidades en la gestión del agua. A pesar de que se ha reconocido a los Comités Comunitarios del Agua como autoridades en la gestión del agua y de que esta práctica se basa en los usos y costumbres, se insiste en desaparecer esta figura en las iniciativas legislativas sobre el agua que se han presentado en el congreso estatal.
- En las comunidades enfrentamos el uso indiscriminado de agrotóxicos, con graves consecuencias, como la aparición de enfermedades y contaminación del agua, del suelo, los alimentos y el aire. Además, genera erosión y pérdida de suelos, disminución de la biodiversidad, deterioro de los agroecosistemas campesinos, dependencia económica y una reducción de la disponibilidad y diversidad de alimentos locales.
Aunado a lo anterior, el mundo hoy se encuentra en una grave crisis, en medio de la cual se busca seguir impulsando el crecimiento económico y la acumulación de la riqueza a través de la explotación humana y el agotamiento de los recursos existentes. En ese proceso la riqueza se concentra en unas cuantas manos, mientras de los impactos negativos se dirigen hacia las personas más pobres.
Ante este escenario de crisis mundial y de la devastación socioambiental de nuestra Cuenca del Alto Atoyac, las comunidades y organizaciones que suscribimos este comunicado demandamos al gobierno en todos sus ámbitos, particularmente a los de los estados de Tlaxcala y Puebla:
- Poner al centro de toda acción gubernamental el Bien Común, privilegiando el cuidado y desarrollo de todas las personas y de los ecosistemas, y no sólo el interés de unos cuantos.
- Elaborar con las comunidades, científicas y científicos que han estudiado la problemática un Plan Integral para la restauración de la Cuenca del Alto Atoyac, así como su posterior implementación.
- Que para atender la contaminación no se vaya a las consecuencias, como se intenta hacer con la insistente idea de construir plantas de tratamiento, sino que se obligue a las industrias a que controlen y traten las sustancias tóxicas que emiten al agua, aire y suelo.
- Garantizar en la legislación estatal el derecho humano al agua y el reconocimiento y fortalecimiento de los Comités Comunitarios del Agua, respetando sus formas tradicionales de organización y gestión.
- Cancelar definitivamente el proyecto del Ecoparque Tlalli.
- Suspender cualquier iniciativa sobre parques de economía circular o la atracción de empresas que generan energía a través de la quema de basura por ser altamente riesgosas para la salud.
- Exigimos un alto al acoso a defensores y defensoras, en la región de Calpulalpan, la cancelación definitiva del libramiento y la ampliación de la carretera Mexico-Veracruz, con entradas y salidas seguras a las comunidades.
- Exigimos alternativas campesinas y agroecológicas para la producción agropecuaria en los ejidos, comunidades y zonas de producción del estado para una alimentación sana, sin paquetes tecnológicos de pesticidas, fertilizantes y semillas genéticamente modificadas que dañan el agua, la tierra, el aire y la salud de personas.
Desde la Cuenca del Alto Atoyac, en el primer aniversario de la Red Nacional de Comunidades Envenenadas y en Resistencia, nos sumamos a las diversas actividades que a lo largo y ancho del país realizan hoy las comunidades y organizaciones integrantes, y junto con ellas demandamos el derecho al agua, a la salud y a un medio ambiente sano. Demandamos el derecho a la vida digna para todas las personas y para todos los demás seres vivos con los que cohabitamos.
¡No hay justicia social sin justicia ambiental!
Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala a 26 de enero de 2026.
Atentamente:
Organizaciones de la Renacer de la región Tlaxcala
Asamblea Comunitaria Socioambiental de Tlaxcala
