Hay 22 “milmillonarios” con una fortuna conjunta de 219 mil millones de dólares. Esto equivale al volumen de las economías de Jalisco y Guanajuato juntas. Sí, 22 personas. Entre 1996 y 2025, la riqueza de los milmillonarios se multiplicó por 4.2; dentro de ellos, la de Carlos Slim creció más de 8 veces. En ese lapso, la economía del todo el país ni siquiera se duplicó. No es coherente hablar de democracia cuando la concentración de la riqueza y el poder es tan aguda.
Recién el pasado mes de febrero, con el patrocinio de la Agencia Francesa para el Desarrollo, Oxfam publicó su informe sobre México bajo el título OLIGARQUÍA O DEMOCRACIA, Nueve propuestas contra la acumulación extrema del poder en México. Su punto de partida es un diagnóstico sobre la desigualdad en el país, una de las más extremas del mundo.
Oxfam es una confederación de organizaciones no gubernamentales que actualmente trabaja en 90 países. Fundada en Oxford (Ox) en 1942, durante la II Guerra Mundial, para luchar contra la hambruna (Famine) que asolaba a Grecia en ese momento. Fue formada como asociación caritativa por la Sociedad Religiosa de los Amigos -los cuáqueros- y su lema es “Trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento”
Oxfam México nació en 2008 y, como las demás afiliadas, se ocupa de estudiar la desigualdad y hacer propuestas para su combate.
Los datos que vierte el informe lastiman, pero ilustran. Estos son algunos:
1.3 millones de mexicanos, el 1% más rico, recibe 35% del ingreso total, tiene 40% de toda la riqueza privada del país y, además, su actividad causa el 23% de las emisiones contaminantes; el 1% más rico contamina lo mismo que el 74% más pobre. En la orilla contraria, casi 19 millones de personas carecen de la oportunidad para contar con una alimentación nutritiva; 38 y medio millones reciben ingresos por debajo de la línea de bienestar y 21 millones de mujeres dedican, por lo menos, una jornada completa a la semana a trabajos de cuidados no remunerados.
Hay 22 “milmillonarios” con una fortuna conjunta de 219 mil millones de dólares. Esto equivale al volumen de las economías de Jalisco y Guanajuato juntas. Sí, 22 personas. Entre 1996 y 2025, la riqueza de los milmillonarios se multiplicó por 4.2; dentro de ellos, la de Carlos Slim creció más de 8 veces. En ese lapso, la economía del todo el país ni siquiera se duplicó.
Desde el inicio de la pandemia de COVID 19, la riqueza de los milmillonarios creció 101% en términos reales; la de Carlos Slim aumentó en 66%. Más eficiente, Germán Larrea vio crecer su patrimonio 240%. El informe añade la siguiente ilustración: si se dejara intacta la riqueza de este grupo desde 2020 y solo se tomara el rendimiento de sus fortunas para contratar personas con salario mínimo alcanzaría para 21 millones de trabajadores durante un año: casi dos tercios de todos los trabajadores informales de México.
Este crecimiento de las fortunas personales contrasta con el de la economía mexicana: una tasa cercana al 2% anual promedio desde 1981. El producto interno bruto per cápita ha crecido 16% en términos reales. No tendría por qué ser así de necesidad: el de Brasil creció 58%, el de España 98, el de Estados Unidos 111 y el de China 2,796%.
Los comportamientos de estos dos extremos e incluso el del extremo más pudiente comparado con el promedio general, no caminan en paralelo, sino que son concomitantes: las notas sobresalientes de uno dependen de las pésimas del otro. Y ello se extiende hasta su relación con el estado: para la mayoría significa sufrir pasivamente las decisiones políticas y, en la vida cotidiana, horas y horas de colas para cualquier trámite y para acceder a los derechos básicos. Y estos son escasos y malos en salud, educación, vivienda, en suministro de electricidad y hasta en agua y drenaje. El grupo privilegiado ve acceso rápido, inmediato, a sus demandas, intervienen en la definición de las políticas públicas y no solo accede a los mejores servicios, sino que con frecuencia, son negocios muy lucrativos, como es el caso de la salud, la educación, la vivienda, el transporte.
Y es que el Estado, como mediador, gestor de la normatividad y responsable de crear la infraestructura para el desarrollo, no solo no crece, sino que retrocede. Fuera del irrefutable mérito de haber propiciado el crecimiento de los salarios y con él, la disminución de la pobreza -dato sumamente relevante. La inversión pública como proporción del PIB representa solo 38% de su nivel en 1981. Además de escasa, no se ha dirigido a la creación de infraestructura productiva sino a “megaproyectos” que respondieron a una sola voluntad (el pueblo no interviene en lo más mínimo en las decisiones de política económica) y no permiten augurar su aprovechamiento productivo. Además, esa inversión ha sido ejercida básicamente por las fuerzas armadas con la consecuente falta de transparencia y de participación social. Y ello para no hablar de que esas tareas no tienen nada que ver con su función original e indelegable de ser defensa de la población.
No es coherente hablar de democracia cuando la concentración de la riqueza y el poder es tan aguda.
Ya nos ocuparemos de las propuestas del informe de Oxfam.
