Agenda Ciudadana
La relación bilateral entre México y Estados Unidos se ha tensado de manera tal, que podría provocar una crisis de consecuencias insospechadas. Como pocas veces en los años recientes, la soberanía se ha convertido en el centro de una disputa que tiene un fuerte trasfondo. Por un lado, los intereses expansionistas del gobierno encabezado por Donald Trump y, por otro, las dificultades que enfrenta el gobierno de Claudia Sheinbaum para desenredar un largo contubernio entre las fuerzas del crimen y el estado.
Por eso resulta altamente pertinente hablar sobre la soberanía. En términos jurídicos y político-constitucionales, la soberanía es el poder supremo de decisión de un Estado sobre su territorio, su población y su orden jurídico, sin subordinación a otro poder externo. La filosofía política moderna sostiene que la soberanía tiene dos dimensiones, la externa y la interna. La externa es entendida como la independencia de un estado frente otros estados. La interna significa que el estado es la autoridad máxima dentro del territorio nacional.
No hay duda de que a todos los mexicanos nos irrita la idea de que el gobierno norteamericano realice acciones de fuerza en nuestro territorio; no obstante, muchos no abrazamos a ultranza la defensa nacionalista de la soberanía porque estamos en desacuerdo que se convierta en escudo protector de criminales. Si bien concordamos con la presidenta en el sentido de la defensa externa de ella, su dimensión interna reclama un debate que no ha ocurrido aún en nuestro país y cuya atención facilitaría un mejor entendimiento con el gobierno norteamericano que convendría al estado mexicano porque, de esa manera, podría fortalecerse.
En los últimos años, la relación entre soberanía interna y crimen organizado ha sido materia de serios análisis académicos que, lamentablemente, no han trascendido a la opinión pública y no han tenido efectos en las instancias gubernamentales en las que se diseñan y ejecutan políticas públicas de seguridad. Así, por ejemplo Claudio Lomnitz, un antropólogo mexicano-chileno especialista en nacionalismo mexicano y crimen organizado, sostiene que la forma del estado mexicano está sufriendo una transformación profunda. Buena parte del territorio nacional, sostiene Lomnitz, opera mediante operaciones de extracción coercitiva en la que grupos criminales, policías, autoridades locales y actores empresariales forman redes híbridas de poder. La violencia, por tanto, no puede entenderse—y manejarse mediante políticas públicas— como expresiones de patología social, sino componentes integrales de la configuración que la soberanía ha venido adquiriendo en la época reciente.
En la misma línea, Alan Salvador Hernández, sociólogo especializado en gobernanza criminal, soberanía y violencia, sostiene que el estado ha perdido el monopolio de la soberanía y lo comparte y disputa con el crimen organizado y las organizaciones de defensa comunitaria. Esto es resultado, sostiene Hernández, de que desde finales del siglo XX el poder estatal se ha debilitado debido a la globalización neoliberal, la militarización de la seguridad pública y la expansión territorial de grupos criminales. Así, el control del territorio, la regulación de las actividades productivas, el control de la violencia, la impartición de justicia, la administración de la vida cotidiana y la protección de las comunidades ha escapado de las fuerzas del estado. Varias organizaciones armadas se ocupan de ellas propiciando caos y desconfianza. Otros autores coinciden. No sólo en México, sino en América Latina, están surgiendo formas de lo que se ha dado en llamar “soberanía compartida”, mediante la cual los grupos criminales gobiernan territorios, regulan conductas y producen órdenes sociales paralelos, según lo sostienen Lorena Erazo y César Niño, académicos colombianos.
El énfasis que los analistas ponen en el debilitamiento del estado no es asunto menor. La presencia del crimen organizado y la violencia dejan de ser vistas desde una perspectiva estrictamente criminal y son entendidas como resultado de procesos de complejización y debilitamiento de estructuras institucionales. La desarticulación del estado mexicano, producida por la transformación global de la economía y la transición política que resquebrajó el pacto federal a favor de poderes regionales de todo tipo han facilitado la fragmentación social y el surgimiento de poderes fácticos.
Corresponde al estado ejercer la soberanía. Compartirla crea escenarios en los que privan la inseguridad, la desconfianza y el bajo desarrollo. ¿Qué actores apostarán por hacer de México un país más próspero si no existen certezas financieras, administrativas y judiciales para promover proyectos de desarrollo?
Ya que la coyuntura ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la soberanía, vendría bien tomar en cuenta el debate que en la academia se ha desarrollado entre ella y el crimen organizado. Las consecuencias resultarían productivas porque conducirían a revisar nuestro modelo de desarrollo y no solamente nuestras políticas de seguridad. Conducirían a ver que lo que México requiere es edificar un estado federal robusto y soberano. Y para conseguirlo, podríamos valernos de la ayuda que tanto desea ofrecernos Donald Trump. No sólo evitaríamos la confrontación con él. Pondríamos en orden la casa, que es lo que en verdad necesitamos, no desgañitarnos pensando en Trump como el extraño enemigo que osará con su planta profanar nuestro suelo. Dejemos de vernos como soldados enrollados en el lábaro patrio. Construyamos un estado sólido, de derecho, confiable y predecible. Para eso debemos partir de un hecho: no es que el estado esté cooptado; el crimen organizado coexiste con él. La paz y el desarrollo exigen la ruptura de esa coexistencia.
Empeñémonos en construir y defender la soberanía interna.
