“Presenten las pruebas” ha dicho la presidenta Sheinbaum, y ya sabemos lo que eso significa
Si algún reto tenemos quienes defendemos el derecho a vivir en un Estado sin corrupción en los tiempos actuales es el de no perder la capacidad de asombro e indignación frente a la cantidad de noticias publicadas sobre el comportamiento de servidores públicos que hacen ilegalmente suyos los recursos del pueblo un día sí y otro también.
Todavía sigue dando de qué hablar el contrabando de combustible y ya esta semana hubo otras novedades sobre actos de corrupción.
or ejemplo, algunos medios publicaron que la titular de la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, vendió un departamento valuado en más de 9 millones de pesos, lo cual ella dio a conocer en su declaración patrimonial de 2025. El problema es que dicho departamento no aparece en sus declaraciones patrimoniales anteriores.
Más allá de si hay o no sanciones en su contra por omitir información sobre una propiedad que vale -subrayo- más de 9 millones de pesos, estamos hablando de la principal encargada del actual gobierno federal que tendría que ser ejemplo de transparencia y rendición de cuentas.
Ya veremos si hay alguna aclaración por parte de la funcionaria o si habrá alguna consecuencia legal por su omisión, lo cual es poco probable que suceda.
Por otra parte, estamos siendo testigos de cómo un personaje como el senador Adán Augusto López (quien tan sólo en esta semana sumó otro par de escándalos que lo señalan públicamente de haber cometido actos de corrupción), no es sancionado por parte de las instituciones competentes.
Dos hechos lo muestran:
Uno, la propia secretaria Buenrostro ha declarado en entrevista que la dependencia a su cargo ya atendió las denuncias hechas contra Adán Augusto López. “Nosotros cumplimos, digamos, con armar los expedientes y presentar las denuncias, pero la última palabra la tiene en uno de los dos casos, la Fiscalía General de la República, cuando es de carácter penal, y el Tribunal de Justicia Administrativa, cuando es administrativo”.
Dos, ante la avalancha de señalamientos públicos, las pocas personas con ética -y algo de vergüenza- que quedan en los Comités de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción fueron censuradas por haberse atrevido a solicitar públicamente una “verificación oficial, pronta y documentada” sobre las incongruencias patrimoniales y fiscales, así como los muy visibles conflictos de interés que tiene el tan cuestionado senador (ver https://x.com/vaniadelbien/status/1980408830170165375).
“Presenten sus denuncias” o “presenten las pruebas” ha dicho la presidenta Sheinbaum, y ya sabemos lo que eso significa en la práctica: que la autoridad encargada de investigar y sancionar actos de corrupción no hará nada. Lo que habrá es impunidad para los integrantes destacados del “movimiento”; a no ser que haya alguna presión externa, particularmente del gobierno norteamericano.
Por ello, que no nos extrañe por qué México se encuentra ya en el sótano de todas las mediciones internacionales que dan cuenta del combate a la corrupción en el mundo.
En forma acelerada, el derecho a vivir en un México sin corrupción está retrocediendo.
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