La salida ominosa y abrupta de Gustavo Gaytán del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla, abre la puerta a la nacionalización de la compañía concesionaria del servicio mediante la adquisición del 75 % de su composición accionaria por parte de la administración estatal.
La Labor de Josefina Morales al frente del SOAPAP , habrá de ser equivalente al que desempeño al frente de la Secretaría de Finanzas, al encargarse de auditar la instancia de regulación sobre una concesionaria que, tras la compra por parte del gobierno de Puebla, otorgará a dicha autoridad el dominio sobre su propia infraestructura y su propio título de concesión, si tan disparatada operación no va acompañada del fincamiento de responsabilidades patrimoniales, administrativas y penales, estaremos ante uno de los episodios más sórdidos de los últimos tiempos.
El estado de Puebla adquiría mediante el control accionaria de aquella un activo empresarial por demás singular, consistente al efecto en la infraestructura operada por “Concesiones Integrales” que, en resumidas cuentas se compone de bienes de dominio público, conocidos en la jerga del Derecho Civil desde tiempos del Emperador Justiano como “bienes de uso común”; y además, por el título de concesión a su favor, asignado, precisamente por la misma autoridades estatal.
Por supuesto que en ello habrá de tenerse en cuenta, la mejoras en la infraestructura que al efecto hubiesen realizado los inversionistas, empezando por la que hubieran efectuado dado el caso, los originales titulares de los títulos accionarios en 2013, ello si es que en realidad hicieron alguna o fue más bien, de cabo a rabo, una mera operación de saliva, de “ingeniería financiera”, dirían de manera proverbial los ejecutivos del conglomerado “Aguas de Barcelona (AGSBAR).
Teniendo que considerar, asimismo, la inversión llevada a cabo a partir de diciembre del 2024 por el nuevo inversionista del consorcio, el fideicomiso “Xinfra”, el cual, por cierto, anunció su inversión, precisamente en el mes de diciembre de dicho año, el momento en el que las sociedad mercantiles cierran ejercicio y por ende llevan a cabo su asamblea anual de accionistas, ante la que, los integrantes del consejo de administración rinden informe anual con balance y estado financiero.
En la citada ocasión, el encargado de tal función Héctor Durán-Diáz fue de inmediato cesado, de donde se infiere que, los referidos informes con estado financiero y balance resultaron poco satisfactorios para los referidos accionistas.
Al cabo de tan sólo un año, la inversora filipina Manila Water realizó una oferta de compra por el 75 % de la composición accionaria de la compañía “Concesiones Integrales” por lo que, es de suponerse , que las expectativas de negocios no resultaron especialmente satisfactorias para el previamente aludido fideicomiso de inversión “Xinfra”, y , dado que, inmediatamente después el gobierno del estado se apresta a adquirir las acciones en cuestión que le permitirían hacerse de su propia infraestructura ay su propio título de concesión, habría que concluir que el consorcio filipino retiró su oferta original, es de suponer que por razones de índole financiera en el mismo sentido.
Gustavo Gaytán será sustituido por Josefina Morales quién se habría desempeñado en la Secretaría de Finanzas en la que se destacó por auditar las felonías -así las calificó la instancia judicial competente- llevadas a cabo por María Teresa Castro Corro al invertir 600 millones de pesos del erario estatal en una financiera tan endeble como BANCCEDO, que entró en quebranto a los breves días de haberse llevado a cabo el deposito a su favor por parte del gobierno local.
