Alquimia de Poder
Muchísimas mujeres hacemos política desde diferentes frentes. Política partidista, social, analítica, periodística.
Muchísimas mujeres han perdido la vida en este país como resultado de defender sus convicciones políticas, periodísticas y sociales.
La lucha contra la violencia de género en cualquiera de sus modalidades tendría que mantenerse como un garante para quienes, desde cualquier trinchera, sabemos que podemos ejercer una libertad amparada por nuestros derechos humanos y de libre expresión.
Los contextos políticos que hoy vive el país ponen en riesgo la interpretación de las violencias desde el momento en que algunos hombres y mujeres en el ejercicio de la gobernanza y desde el poder, recurren al uso de este delito, como una forma de eximir responsabilidades sobre su actuar.
También se ha utilizado para descartar el escrutinio público al que se enfrentan por la naturaleza de ser parte de una clase política donde la corrupción, el oportunismo, el influyentísimo y el acoso se presentan como una constante, no solo con los hombres, sino también en nuestro género como mujeres.
Cuautlancingo y su misoginia
El caso de las violencias ejercidas en contra de la regidora Evelyn Camela Hernández no es reciente y hoy retoma particular relevancia luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla confirmó que el Presidente Municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, junto con un grupo de sus funcionarios, vulneraron los derechos político-electorales de la regidora Camela, quien en su momento los denunció por violencia política en razón de género.
Esta violencia articulada en contra de la regidora de Movimiento Ciudadano ha ido desde las descalificaciones, bloqueos para la realización de sus funciones como cabildante, hasta la carencia de una oficina para realizar su trabajo de atención a la ciudadanía.
La embestida en contra de Evelyn Camela de parte del edil Omar Muñoz responde al trabajo puntual que desempeña la regidora, al exigir transparentar la aplicación de los recursos del municipio. Así como darle un seguimiento expedito al cumplimiento de la ley orgánica municipal, donde tanto el Presidente como sus funcionarios y el cabildo deben entender que están obligados a informar sistemáticamente y no solo ventilar lo que ellos consideran de “interés público”.
A todo lo anterior, se sumaron una serie de campañas mediáticas y de contraste de pseudocomunicadores, a quienes no es difícil ligar con los convenios o acuerdos que se pueden pactar a través de publicaciones “patrocinadas”.
Las denostaciones en contra de la regidora Evelyn Camela reflejan no solo violencia política, sino también una peligrosa carga de misoginia proveniente de funcionarios de ese ayuntamiento, quienes de manera constante han procedido a descalificarla, invisibilizarla o negarle un espacio para el desempeño de sus funciones.
Hace unos días, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla resolvió uno de los procedimientos emprendidos por la regidora, determinando que Omar Muñoz, Presidente Municipal de Cuautlancingo, y algunos de sus funcionarios, sí violentaron los derechos políticos electorales de Evelyn Camela.
El edil fue notificado para resarcir lo señalado en la denuncia. Sin embargo, la regidora mantiene otros procedimientos jurídicos abiertos por más violencias y obstrucción a su trabajo.
Las sanciones por violencia política en razón de género pueden colocar en escenarios muy desfavorables a quienes la ejercen. No es sólo aparecer en un padrón de violentadores o sanciones a corto plazo.
Este delito puede llevar a una inhabilitación que congele a un político o gobernante en tiempos claves como son los meses por venir que son de definiciones políticas.
El poder de la denuncia, puede cambiar definitivamente el destino político de estos personajes.
La intolerancia de Chedraui
La regidora priísta Shirley Ponce ha denunciado la violencia política e institucional que desde el Ayuntamiento de Puebla recibe no sólo de parte del edil José Chedraui Budid, sino también de parte de sus funcionarios.
Han sido varios episodios los enfrentados por la regidora de la capital poblana, que van desde desplantes, vetos y bloqueos para la realización de sus funciones, no solo en el pleno municipal, sino también en atención con la ciudadanía.
La molestia del edil poblano se centra en su falta de capacidad para asimilar la crítica y responder a cuestionamientos que están dentro de sus obligaciones, pero que son considerados como una confrontación de parte de una regidora que está haciendo lo que le corresponde: Preguntar, cuestionar, increpar y señalar.
Hostigamiento, veto y obstáculos para la realización de su trabajo es lo que ha enfrentado la regidora Shirley Ponce quien hasta el momento sigue documentando todos estos actos de violencia institucionalizada, para definir si procederá con una denuncia formal por violencia política en razón de género.
En México se viven tiempos donde la lucha por el poder ha orillado a muchos actores de la política local y nacional a usar la violencia de género como el instrumento que censura opiniones o facilita la mordaza en situaciones donde simplemente se prefabrican señalamientos, con el objetivo único de amedrentar a la crítica puntillosa que se hace no por género, sino por la capacidad real que muchas de estas mujeres muestran en los diferentes roles que pueden desarrollar en la política.
El combate a las violencias debe preservar esas garantías individuales para que las mujeres ejerzamos con plena libertad nuestros derechos individuales.
La denuncia es el camino para visibilizar y exhibir los excesos y la misoginia de muchos hombres y también mujeres de la política. Callar no es ni nunca será la opción.
Señores de la política y también pseudoperiodistas, hay que tener congruencia y probidad. Utilizar la violencia como una moneda de cambio para frenar críticas es, sin duda, una táctica que a la larga resulta contraproducente, pues las trayectorias, la reputación y los resultados en sus encomiendas pueden tirar por la borda cualquier acto de victimización.
Miren sus acciones y entenderán sus resultados.
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