Diario de trabajo, 7 de Abr., 16.40 Hs.
En un país verdaderamente democrático, el “decisionismo” político de Alejandro Armenta se hubiera topado con un límite infranqueable, a través de poderes y entidades autónomos; las reacciones porriles y bravuconas del gobernador poblano y su jefe de gabinete- que más que la función de un escudero parece cumplir la de un gatillero- hubieran sido suficientes para exigir su renuncia.
La respuesta del Gobierno de Puebla a sus críticos ya no solo intenta descalificarlos por una supuesta militancia partidista. Ahora, apoyada en la prepotencia, es cada vez más intimidatoria , y amedrentadora, asumiendo un carácter estrictamente policial y panóptico para criminalizar cualquier disidencia. En voz de José Luis García Parra, “se tienen identificados a los oponentes del Cablebus”…
A nadie puede escapar el tono peligrosamente dictatorial que usó el mensajero de Alejandro Armenta, al que solo le faltó identificar la disidencia con agentes externos ( la teoría de la conspiración) o con virus, amparado en ese discurso de la inmunidad , propio del S. XVIII que va de la biología a la política, y hoy encuentra su mayor potencial en el discurso biopolítico ( Cfr. la obra de Roberto Esposito, aunque es Foucault en “La genealogía del racismo” el primero que señala este giro epistémico en la gubernamentalidad moderna, determinando el posterior desarrollo de lo que entiende por el carácter pastoral de la gubernamentalidad, a través del cuidado de sí y de los otros” y el desarrollo del biopoder , sin que ello signifique la desaparición del ejercicio “soberano” : del derecho a dar la muerte a la obligatoriedad de vivir).
Es claro que el verdadero sentido del mensaje es el de una amenaza, cuya lógica se asienta en la misma que la de cualquier grupo criminal: advertir, primero, y luego actuar.
Ante esta situación, y en un país donde los nexos entre la delincuencia y los tres ordenes de gobierno, son obvios, hago responsable al Gobierno de Puebla, al gobernador de la entidad y al jefe de gabinete del gobierno poblano, por mi seguridad y la de mi familia. Y, a título personal, también los responsabilizo por la seguridad de los miembros de la RED CIVIL POR LA DEMOCRACIA, de la que soy miembro.
Como lo escribió Jorge Calles hace un par de días, “ Basta de interpretar toda oposición como afrenta enemiga. ¡ No somos enemigos! ¡ Somos ciudadanos que algo tenemos que decir y aportar sobre los proyectos gubernamentales ! ¿ No sería más sano, desde el punto de vista democrático, convocar a grupos interesados y montar una estrategia de movilidad integral, eficiente, menos costosa y transparente?”
Pero la pregunta de Jorge contiene ya la respuesta : lo que no hay en el actual gobierno de Puebla es la menor voluntad de construir un gobierno democrático.; y, por el contrario, cada día se asemeja más a un gobierno de pandilleros y sicarios.Si no hay discusión pública ni reconocimiento de la pluralidad es porque se ejerce el poder sobre un espacio que se considera privado y sometido a la lealtad patrimonial.
En un país verdaderamente democrático, el “decisionismo” político de Alejandro Armenta se hubiera topado con un límite infranqueable, a través de poderes y entidades autónomos; las reacciones porriles y bravuconas del gobernador poblano y su jefe de gabinete- que más que la función de un escudero parece cumplir la de un gatillero- hubieran sido suficientes para exigir su renuncia.
Por otra parte, es importante subrayar que el hecho de militar en un partido político no priva a sus miembros de su condición de ciudadanos y, mucho menos, limita o resta legitimidad a su capacidad de generar opinión, ¿ o no es acaso una de las más importantes tareas de cualquier partido político generar opinión pública ? Desde el gobierno del estado se quiere imponer la narrativa de que solo la oposición y, especialmente, la de los partidos están sujetos a una ideología y a intereses particulares, como si el partido gobernante hoy, dueño de una hegemonía más atroz que la del PRI, no estuviera sometido a otra ideología y no respondiera al mantenimiento de intereses igualmente perversos. Hablar en nombre del pueblo es una coartada siniestra que pretende esconder, sin lograrlo, esos intereses.
