En la madrugada de este 15 de febrero el gobierno desalojó con la fuerza pública las instalaciones de lo que fuera la planta Bonafont en Santa María Zacatepec.
El gobierno ha respondido con la fuerza militar al problema de fondo: el cuestionamiento planteado por la movilización civil de los pueblos campesinos de la región de Cholula contra un modelo de desarrollo: las consecuencias socioambientales catastróficas que la implantación de industrias en el poniente del valle de Puebla ha generado a lo largo de las últimas décadas. El conflicto por el agua en Santa María Zacatepec es un ejemplo claro de ello.
No es la primera vez que el gobierno de Miiguel Barbosa intenta resolver con el uso de la fuerza pública un conflicto por el agua en la región de los pueblos de volcán. Ahí mismo, en el 2020, fracasó en su intento de construir un sistema de conducción de aguas residuales de la llamada Ciudad Textil hacia el río Metlapanapa, justo el que cruza todavía transparente por la comunidad de Santa María Zacatepec. Ese proyecto, generado originalmente por el gobierno de Antonio Gali Fayad en el 2018, con una probada raíz de corrupción en su proceso de adjudicación, fue recuperado por el gobierno de Miguel Barbosa en el 2020, lo que provocó una importante movilización civil contra la operación misma de las máquinas constructoras. Ni la represión con granaderos ni el encarcelamiento de dirigentes impidió que la comunidad lograra su propósito de parar totalmente ese proyecto industrial
Y es esa movilización popular lo que explica el conflicto actual en lo que fuera la planta de Bonafont sobre la carretera federal a Huejotzingo.
El gobierno cree resolver con la fuerza lo que a la vista está a la base de este conflicto: la ausencia de Estado a la hora de enfrentar el problema estratégico para la existencia viable de la sociedad humana en lo que hoy conocemos como Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla.
Incapaz de cumplir con su obligación constitucional de impulsar un verdadero programa de reordenamiento territorial, la autoridad –por igual, la federal, la estatal y la municipal– no encuentra mejor solución que la de la bota militar para enfrentar la resistencia de la acción civil organizada identificada en “La casa de los Pueblos Altepelmecalli”.
No lo ha entendido el gobierno: contra la ausencia del Estado en su obligación a cumplir con sus obligaciones fundamentales no queda más que la movilización civil. Y eso es lo que ha ocurrido en Santa María Zacatepec.
