La jibarización del INE
La fallida reforma constitucional que se proponía desaparecer al INE ha sido traducida a seis leyes sustitutas para jibarizarlo.
Son las leyes de Comunicación Social, de Responsabilidades Públicas, de Partidos Políticos, de Medios de Impugnación, del Poder Judicial de la Federación y de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Esta última es la principal. Se propone encoger al INE, convertirlo en una especie de AIFA electoral: un organismo enano, insuficiente y disfuncional.
El INE está formado por una Junta General Ejecutiva, 32 Juntas Ejecutivas locales (una por cada estado) y 300 Juntas Ejecutivas distritales (una por cada distrito electoral).
La ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que está por aprobarse suprime las 300 Juntas Ejecutivas distritales y reduce en un 40% las 32 Juntas Ejecutivas locales.
La entrada en vigor de esta ley implicaría el despido de 84% del personal, 2 mil 571 miembros, del Servicio Profesional Electoral Nacional, el corazón operativo del INE.
El INE que el gobierno quiere desarticular funciona bien. Ha organizado en los últimos 8 años, desde 2014, 330 elecciones de todo tipo, incluyendo las presidenciales de 2018, ganadas por el gobierno que hoy intenta desarbolar al Instituto, alegando que es caro, ineficiente y fraudulento.
Si el INE fuera fraudulento, lo habría sido también en el proceso electoral que llevó al actual gobierno al poder, y este gobierno sería, por tanto, hijo del fraude. Pero no hubo una sola irregularidad grave probada en esa elección.
Respecto del costo y la eficiencia del INE, ya los quisiera el actual gobierno para un día de fiesta en sus obras insignias de infraestructura o en el manejo de sus dos prioridades energéticas, Pemex y CFE, que en estos días aumentaron en 10 mil millones de dólares la deuda soberana de México.
Si alguna institución eficiente hay a la vista del público, es el INE.
Si en alguna zona de la vida pública el país ha navegado sin conflictos en estos años, es en la de las elecciones que organiza el INE.
Y si algún bien público hay eficiente, incorrupto, universalmente útil y gratuito para el ciudadano, es la credencial de elector que se deriva del control del padrón electoral que maneja el INE.
¿Para qué voltearlo todo al revés?
En riesgo la credencial de elector
La ley electoral propuesta por el gobierno para jibarizar al INE, incluye la desaparición de tres tipos de funcionarios claves que se irán junto con las 300 juntas distritales.
Son los vocales distritales de Capacitación Electoral, de Organización Electoral y de Registro de Electores.
Estos últimos, los vocales distritales del Registro de Electores, son los personajes que manejan el padrón y gestionan y entregan la credencial de elector, un bien público de uso cotidiano para los mexicanos, el único documento de identidad disponible en el país para ciudadanos mayores de 18 años.
Los vocales distritales del Registro de Electores son los que manejan los Módulos de Atención Ciudadana, a los que los ciudadanos acuden a obtener o renovar “la” Ine, su credencial de elector, su insustituible, infalsificable y cotidiano documento de identidad.
La ley electoral propuesta, por aprobarse en estos días, desaparece a los funcionarios que se encargan de atender esos módulos, así como los espacios físicos, las oficinas del INE, donde esos módulos están instalados.
La nueva ley propuesta pide al INE instalarlos en oficinas públicas, escuelas, correos, hospitales, dependencias de gobierno, volviendo a los módulos anexos administrativos de la oficina pública que les dé albergue, si se los da.
Hoy por hoy, los módulos autónomos del INE atienden diariamente en todo el país a 120 mil personas que acuden a ellos para inscribirse en el padrón, obtener su credencial de elector o renovarla.
Funcionan con notable diligencia, libres de colas, de coyotes, de mordidas y de arbitrariedades burocráticas.
Parecen por ello blancos irresistibles para esa especialidad de la llamada 4T que consiste en destruir lo que funciona y cambiarlo por algo que no funciona:
El destruido Nuevo Aeropuerto Internacional de México por el AIFA, el Seguro Popular por el Insabi, la aceptable distribución de medicinas por la pésima distribución de medicinas.
La llamada 4T se mete ahora con un bien público creado y mantenido por el INE: la credencial de elector.
No sabemos qué engendro, cuál AIFA ,cuál Insabi, cuál Tren Maya saldrá de este ataque a la credencial de elector.
Sabemos sólo que el resultado será peor.
Casillas peligrosamente saturadas
Junto con los funcionarios del INE que atienden los módulos de atención ciudadana y producen la credencial de elector, a los que me referí ayer, la reforma electoral propuesta plantea desaparecer también a los vocales de Capacitación y de Organización Electoral.
Los primeros se dedican a “capacitar a los capacitadores”, es decir, a los miles de asesores de campo del INE, que a su vez capacitan al millón y pico de ciudadanos que atienden las casillas el día de la elección.
Los segundos, los vocales de Organización Electoral, se encargan de escoger los sitios donde se instalarán las casillas necesarias (160 mil en la última elección), y las proveen de lo necesario el día de votación: urnas, listas de electores, boletas foliadas.
Las proveen también de lo más importante: la asesoría continua sobre dudas o problemas que se presentan a los funcionarios de la casilla.
La importancia de esta asesoría crece al momento de cerrar las casillas, cuando empieza el conteo de los votos.
Pero se agiganta cuando termina el conteo y hay que llenar las actas, un verdadero laberinto de cuadritos diseñados según criterios abstrusos, que son la expresión de décadas de desconfianza política entre los partidos, traducidas a una acumulación absurda de requisitos de registro para garantizar que “nadie haga trampa” al llenar las actas.
Fui presidente de casilla en la elección de 2021. Puedo decir que, de no haber sido por la asesoría personal que nos dieron los asesores electorales, los famosos CAES*, no hubiéramos podido jamás llenar las actas.
Si la nueva ley destruye este eslabón de asesoría a pie de urna, como lo está proponiendo, podemos estar seguros de que los conteos en las urnas serán un caos.
Bien entradas las horas de la madrugada, habrá miles de casillas cuyos funcionarios no habrán podido mandar sus resultados al cómputo final.
Gracias a la nueva ley podríamos tener una noche de cuentas interminables en las casillas despojadas de sus CAES, eslabón indispensable para llenar las actas.
Podría ser una noche de miles de actas sin llenar, con el saldo final de una elección caótica, mal hecha, inconcluyente, sujeta a todas las impugnaciones y a todas las sospechas.
La noche de un gran salto hacia atrás.
Conteo de votos y padrón en riesgo
En los últimos días he querido poner la atención en los eslabones precisos que propone desaparecer la nueva ley electoral y en sus consecuencias concretas.
La desaparición de los encargados de atender los Módulos de Atención Ciudadana del INE, a lo que me referí anteayer, puede dar al traste con la credencial de elector que usamos diariamente.
La desaparición de los asistentes electorales a pie de urna de que hablé ayer, los famosos Capacitadores Asistentes Electorales (CAES), puede hacer imposible para miles de funcionarios de casillas llenar las enredadas actas en las que deben verter los votos recogidos en cada casilla.
La nueva ley impide también otra función fundamental de los CAES: ayudar a los presidentes de casilla a llevar los paquetes electorales a las sedes del INE, donde se verifican los cómputos legales distritales.
Es una función clave. En la elección de 2021, 55% de los paquetes fueron llevados a las oficinas del INE por los CAES, no por los presidentes de casilla.
Yo fui uno de esos presidentes de casilla que al terminar el cómputo en la madrugada, no tenía cabeza ni energía para llevar los paquetes a la sede correspondiente del INE. Los llevaron los CAES.
Sin la coadyuvancia de los CAES, muchas casillas no podrán llenar las actas con los votos ni llevarán los paquetes al lugar donde deben ser legalmente sumados.
Habrá infinidad de paquetes electorales fuera de control, en una noche electoral dejada en esto al azar del como salga y el como puedan.
Hay un tercer tipo de funcionarios claves que la nueva ley propone desaparecer. Son los 300 Jefes de Oficina de Seguimiento y Análisis (la famosa JOSA), responsables de la actualización permanente del padrón electoral.
El padrón es el instrumento que permite saber cuántos ciudadanos tienen derecho a votar, quiénes son y dónde viven.
Si el padrón no se actualiza permanentemente, no puede saberse la cartografía electoral, es decir, no puede saberse cuántas casillas hay que instalar y dónde.
Sin padrón confiable no hay elección confiable. De un buen padrón depende todo el demás trabajo organizativo y logístico del INE.
La nueva ley electoral pone en riesgo el conteo de los votos y el padrón electoral.
La regresión electoral
He abordado esta semana algunos daños centrales que la nueva ley electoral inflige al INE y a los bienes públicos de que gozan los ciudadanos con el sistema electoral vigente.
La nueva ley electoral pone en riesgo la credencial de elector, el llenado de las actas de votación en las casillas el día de la elección, el envío de los paquetes de votos a las sedes de cómputo del INE y la actualización permanente del padrón electoral.
¿Quién querría destruir todas estas cosas? Si algo han demostrado una y otra vez es que funcionan bien y cuestan nada comparadas con otros gastos oficiales y con el bien público que proveen.
Ya ha explicado el ex secretario de Hacienda de este gobierno, Carlos Urzúa, que el ahorro que la nueva ley traería consigo no es ni un cuarto de punto del presupuesto federal.
El bien público que el INE procura es el de elecciones sin conflicto electoral, el conflicto que ha desatado las mayores violencias políticas de nuestra historia.
¿Cuánto valen la estabilidad política democrática y la transmisión pacífica del poder que ha tutelado el INE? No tienen precio.
Vuelvo a la pregunta: ¿quién querría quitar del INE las funciones y a los funcionarios que garantizan los bienes públicos claves de esa estabilidad y esa transparencia: la credencial de elector, el conteo efectivo de los votos, el padrón electoral riguroso?
Sólo un ciego.
Pero no hay ciegos tan ciegos en el país.
Quien propone estos cambios ve las cosas con cristalina claridad, sabe que suprimiendo los pilares del INE, las elecciones quedarán a merced del gobierno, como estaban antes del INE, cuando la Comisión Federal Electoral estaba en manos del gobierno.
Estamos frente al proyecto meditado de una regresión democrática. Los tiros de precisión contra la estructura del INE así lo indican.
“Destazar” el INE, como dijo el secretario de Gobernación, es uno de los propósitos de la utopía regresiva de este gobierno, un puerto de llegada de la concentración del poder y de la imposición de un proyecto de país que no podría ganarse
