Y si es inconstitucional, pues cambio la Constitución

Al Ministro en retiro José Ramón Cossío

Ayer en la mañanera el presidente López Obrador dijo, “Si lo determinan jueces, magistrados, ministros de que (la Ley de la Industria Eléctrica) es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución”. Es decir, si mi ley es inconstitucional, cambio la Constitución para que lo sea.

Esta frase tiene un antecedente en 1982, cuando el presidente López Portillo decretó la expropiación de la banca. En aquella ocasión, el 2 de septiembre en sus oficinas de Los Pinos, López Portillo recibió a los principales banqueros y les dijo: “Yo, como buen abogado que soy, sé que el decreto es inconstitucional, pero para arreglarlo, voy a cambiar la Constitución” (ver el documental “1982: La decisión del presidente” https://ceey.org.mx/1982-la-decision-del-presidente-documental/ ). Estas dos frases expresadas con casi 40 años de distancia por los presidentes en turno muestran el poder absoluto de ambos. En aquella época el PRI controlaba el Congreso, a todos los gobernadores quienes a su vez controlaban a sus legislaturas, y desde luego a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, en el presidencialismo de los 70, el presidente controlaba todo (El cambio a la Constitución fue aprobado en tiempo récord por la mayoría de las legislaturas locales el 16 de diciembre).

En aquella ocasión, ante la defensa jurídica de los banqueros que dirigieron los abogados Ramón Sánchez Medal y Vicente Aguinaco Alemán, y que lograron un primer amparo del juez Efraín Polo Bernal (quien después fue cesado por una minucia), fue rechazado por el Tribunal Colegiado (Ver el testimonio de Polo Bernal y su razonamiento jurídico en https://ceey.org.mx/09-la-nacionalizacion-bancaria-25-anos-despues-la-historia-contada-por-sus-protagonistas-tomo-ii-banqueros-jueces-empresarios-y-periodistas-2a-ed/, pp.219-307). Ante la apelación, y después de un segundo amparo también otorgado por Polo Bernal, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia. Para ese momento, ya aprobado el cambio Constitucional, el pleno de la Corte decidió ni siquiera escuchar el fondo del asunto y lo desechó por improcedente. Sólo dos ministros, Atanasio González Martínez y Alfonso López Aparicio, votaron en contra. Años después, el exministro José Rivera Gómez Campos les envió una carta a los ministros disidentes en la que lamentaba la resolución diciendo: “…Nuestro Estado de Derecho se habría visto fortalecido con un hecho palmario y trascendental. Como nunca, habrían inspirado confianza nuestras instituciones, para ser vistas con orgullo por el pueblo. Habríamos salido de esa prueba con alto prestigio de fieles practicantes de la Democracia… ¡Lástima grande que nada de esto se realizara! ¡Lástima que la Suprema Corte quedara pequeña ante el llamado que le hacía la historia!” (misma referencia anterior).

Esa decisión de la Corte retrasó su autonomía por las siguientes décadas. Fue hasta la reforma del Poder Judicial que impulsó el presidente Ernesto Zedillo en 1995 cuando el Poder Judicial comenzó a tener verdadera autonomía del Ejecutivo. Zedillo impulsó, en los hechos y políticamente, la consolidación del Poder Judicial de la Federación.

De entonces para acá nos habíamos acostumbrado a tener un poder judicial autónomo, no exento de problemas como todo en el país, pero que había logrado mejorar su credibilidad y efectividad. Especialmente la Suprema Corte había construído una solidez institucional importante que, hasta recientemente, ha comenzado a mostrar cierta debilidad. Algunos de los últimos nombramientos han tenido poco consenso y la cercanía del Ministro Presidente con el Jefe del Ejecutivo han levantado más de una ceja.

El presidente de la Corte ha acumulado cada vez más poder al interior del Poder Judicial y tiene enormes facultades. Preside también el Consejo de la Judicatura del cual depende todo lo administrativo, incluyendo adscripciones de los jueces, su régimen disciplinario, y un largo etcétera. Tanto poder en una sola persona al frente de un Poder Constitucional le asigna, al mismo tiempo, tanta responsabilidad.

Por ello, la defensa decisiva de la autonomía del Poder Judicial de la Federación depende, en este momento, de la altura que tenga el Ministro Presidente Arturo Zaldívar. Él, a diferencia de los años 80, además del poder constitucional tiene y el respaldo de los abogados de México y de millones de mexicanos para defender nuestro Estado de Derecho y el equilibrio de poderes en la República. Él, y sólo él, se tiene que plantar ante un presidente que repudia las leyes que no le acomodan. Arturo Zaldívar es el principal responsable de que conservemos un Poder Judicial con autonomía e independencia.

En aquella ocasión de 1982, cuando el presidente pasó por encima del Poder Judicial y los mexicanos nos quedamos en estado de indefensión manifiesta (pues el mismo presidente había violado la ley flagrantemente), el país y los mexicanos sufrimos por décadas las consecuencias. Hoy no podemos regresar a aquellos tiempos oscuros de nuestro pasado autoritario. Hoy también, la Suprema Corte no le puede quedar pequeña al llamado de la historia.