Bases de una nueva política económica para México / Saúl Escobar Toledo

El pasado 9 de agosto se dio a conocer el documento más reciente de Grupo Nuevo Curso de Desarrollo coordinado por Rolando Cordera y auspiciado por la UNAM, un colectivo que desde 2009 ha publicado diversos libros, ensayos y documentos, todos ellos disponibles en http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx. En esta ocasión, el escrito, titulado “Renovar políticas para un nuevo curso de desarrollo en México” propone un conjunto de medidas para cambiar la conducción estatal de la economía mexicana.  Respaldado por veinte académicos con distintas trayectorias políticas e intelectuales, recoge un consenso acerca de la situación del país y las acciones que, consideramos, deben discutirse para remontar la crisis provocada por la pandemia y, lo más importante, cambiar el modelo económico que ha conocido el país desde hace cuarenta años.

El documento parte del reconocimiento de que ha ocurrido, como resultado de la crisis sanitaria, una agudización de la desigualdad y la pobreza. Tal fenómeno ha sido documentado por diversas investigaciones y fuentes estadísticas elaboradas tanto por la UNAM como por CONEVAL, entre otras instituciones. Uno de los datos más destacados es que entre el primer trimestre de 2020 y el primero de 2021, la pobreza laboral –es decir, la proporción de la población cuyo ingreso laboral es inferior al costo de la canasta alimentaria– pasó de 35.6% a 39.4%. Por su parte, se observa que la recuperación económica, que ya se ha iniciado, será más lenta en algunos sectores y regiones del país, acentuando la disparidad del desarrollo. Se asegura que ésta ha sido “inercial” es decir, ha ocurrido a pesar de la ausencia de programas oficiales para proteger la planta productiva y el empleo, y detonar un incremento de la formación de capital o de la producción. Parte sustancial de la reanimación observada ha provenido del voluminoso esfuerzo contracíclico implementado por el nuevo gobierno estadounidense.

Debido a lo anterior, la marcha de la economía corre el riesgo de perder impulso y volver a sumirse en la “trampa de bajo crecimiento” que la ha caracterizado desde hace treinta años, pues sigue descansando en el libre comercio, en particular con Estados Unidos, como eje central de la actividad productiva.

Sin embargo, las cosas han cambiado en el panorama internacional. Ahora hay una coyuntura caracterizada por una concepción distinta de las políticas económicas, sociales, sanitarias, ambientales, energéticas, y tecnológicas, que se está traduciendo en un viraje de las estrategias predominantes en las últimas décadas. Tratar de seguir por la misma pista neoliberal significaría perder una oportunidad para propiciar el cambio y, lo más importante, para rescatar de la pobreza y la desigualdad a millones de mexicanos.

Se proponen, entonces, medidas urgentes en materia sanitaria, política social, y empleo, entre ellas,  acelerar el paso a un sistema de salud universal y al alcance de toda la población; revisar y ampliar los programas de apoyo a los sectores más vulnerables; aplicar de manera gradual, un ingreso básico universal garantizado; diseñar un seguro de desempleo financiado con contribuciones tripartitas; y rehacer un sistema de pensiones mixto, contributivo por un lado y compensado con el ingreso básico garantizado.

Se sugiere, igualmente, poner en práctica una nueva visión en materia laboral. La política salarial debe procurar una garantía de mejora continua, que le otorgue, -junto con las condiciones laborales adecuadas— dignidad al trabajo. El salario mínimo debe sostener su recuperación y convertirse en  una garantía para que los trabajadores reciban ingresos por encima de la línea de pobreza.

Asimismo, programas públicos de cuidados para garantizar el bienestar de las personas dependientes, facilitando la labor de quienes se hacen cargo de ellas, sobre todo mujeres, ofreciendo servicios, tiempo y recursos; y una estrategia de ordenamiento territorial que promueva y articule la urgente necesidad de ciudades habitables y reduzca las enormes desigualdades de las regiones de México.

Todo ello requerirá ampliar el espacio fiscal y un nuevo pacto entre la Federación, los Estados y los Municipios. Un incremento de los ingresos públicos, basado solo en la mejora de la recaudación, si bien ha permitido captar montos apreciables desde 2019, alcanzará pronto un límite. Una perspectiva de largo plazo es indispensable, es decir, una reforma fiscal de gran calado y con sentido progresista. Entendemos que se trata de un tema de alta complejidad, que demandará diálogo y negociación; sin embargo, no sería responsable eludirla por el riesgo político. La inacción sería más costosa ya que agudizaría las restricciones presupuestales que enfrentamos de tiempo atrás, agravadas en los últimos años. Esta reforma es aún más oportuna y necesaria ya que no puede descartarse una crisis financiera propiciada por factores externos o internos, que es necesario prevenir.

El colectivo señala también que una nueva política económica requiere que la Banca de Desarrollo juegue un papel destacado, yo diría central, para otorgar apoyos   a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas;  tratamientos fiscales especiales, ligados a compromisos de recuperación y protección de empleo; y, además,  para relajar las condiciones de acceso y el costo de los créditos de la banca comercial.

A mediano y largo plazo, pero que debe iniciarse pronto, la propuesta incluye la recuperación de la inversión pública dentro de un plan que lleve a una nueva política industrial. Ésta última se hace más acuciosa si consideramos que la relación con Estados Unidos, bajo el T-MEC, está en un proceso de cambio. Este nuevo acuerdo otorga especial importancia a la cuestión laboral, a la que dedica un anexo especial, relacionado con los derechos laborales. Para que lo anterior se traduzca, como han afirmado los tres países miembros, en una mejoría sostenida de las condiciones de los trabajadores mexicanos, se requerirá continuar con la reforma laboral y, asimismo,  elevar la calificación de la mano de obra, inversiones en ciencia y tecnología, proyectos de infraestructura, y una colaboración, de un nuevo tipo, entre las grandes empresas multinacionales y los gobiernos de los tres países, para elevar la productividad. Significa, si se mantiene, esta política laboral, un cambio de modelo de las relaciones comerciales sustentadas, hasta ahora, en  salarios ínfimos y malas condiciones de trabajo.

Finalmente, aunque de manera prioritaria, el documento sostiene la necesidad de alinear la recuperación con la sustentabilidad ambiental. En particular, aunque no exclusivamente, hay que hacer frente a La crisis del agua que afecta a la mayor parte del país y que tiende a agravarse con el cambio climático. Pone en riesgo no solo la calidad de vida en las ciudades sino también a los sistemas productivos agropecuarios. Dicha crisis exige una mejor conservación de los sistemas ambientales y políticas de regulación más eficientes de los servicios de agua.  Todo lo cual supone inversiones cuantiosas.

El documento pretende definir una agenda de discusión. Sus propuestas, algunas descritas con más detalle y otras apenas mencionadas, buscan sentar las bases de un diálogo que ponga como objetivo fundamental la transformación del país. Otras instituciones y personas están en la misma línea, frecuentemente con planteamientos similares. Esperamos que todas ellas sirvan para que los actores políticos, en particular el gobierno federal y el Congreso de la Unión; y la sociedad (instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y agrupaciones representativas de los factores productivos), encontremos un camino que nos lleve a tomar acuerdos y, en caso de discrepancias irreductibles, a un debate político que supere la frivolidad que hasta ahora ha dominado los enfrentamientos partidarios. La crisis actual, por su gravedad, merece un enfoque más constructivo.  

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