No solo con créditos se atiende la vivienda  / Assenet Lavalle Arenas

Hace unos leí con interés el artículo de Kalycho Escoffié en Animal Político, “Sobre la ciudad del bienestar en Tacubaya” (https://www.animalpolitico.com/hojas-en-el-cenicero/sobre-la-ciudad-del-bienestar-en-tacubaya/) y me pareció oportuno insistir en algunos temas que ya he expresado en otros momentos: las formas de acceso a la vivienda en Puebla por parte de la mayoría de las personas, es decir, de quienes tienen menos recursos.

Escoffié señala que la posibilidad de acceso a las soluciones habitacionales en México no debiera estar centrada mayormente en los créditos inmobiliarios, sean estos colocados a través del Infonavit, de otros entes públicos o de la banca privada (como tradicionalmente sucede), puesto que “no son accesibles para todas las personas, mucho menos para las que se encuentran en mayor rezago habitacional”. Para el caso de Puebla, si realmente se pretende atender a la población con mayores carencias, los gobiernos de los diferentes ámbitos que desarrollan proyectos de vivienda debieran implementar otras estrategias (por ejemplo, los subsidios), así como implementar combinaciones de alternativas que nos acerquen al carácter universal del derecho a la vivienda.  

De acuerdo al INEGI, mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) para el trimestre enero a marzo de 2021, el estado de Puebla reportó 72.5% de informalidad laboral, sustancialmente mayor a la media nacional y solo superada por la tasa de Oaxaca (80.7%), de Guerrero (78.2%) y de Chiapas (78%); en contraste con las entidades federativas con la menor informalidad laboral (Coahuila con 36%, Baja California Sur con 36.7% y Nuevo León con 37.1%). Cabe decir que la tasa nacional, hacia finales del año 2021 cerró con un 56.6% de informalidad en el empleo, lo que en términos absolutos representa a 32.2 millones de personas en esa situación (ENOEN, cifras oportunas durante diciembre de 2021).

De estas avasallantes cifras, resulta evidente que una política pública habitacional para el estado, basada prácticamente solo en el otorgamiento de créditos -los cuales suponen una situación laboral formal e ingresos económicos estables en el mediano y largo horizonte- es a todas luces insuficiente, pues comprendería a menos del 30% de la población económicamente activa. Y son justo estas personas quienes viven en situación de rezago, quienes demandan una vivienda digna y mayor calidad de vida. Ignorar a esta población desde el poder público contribuirá a ahondar más la de por sí dolorosa brecha de desigualdad que sufrimos en Puebla.

 Assenet Lavalle / Febrero, 2022

(Foto de portadilla tomada de Diario El Mundo)