El regreso de un represor /  Gerardo Pérez Muñoz

                           A mí me contrataron para aplicar la ley… ya lo saben, yo no reparto flores. Ardelio Vargas Fosado

En días pasados, el gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sorprendió a todo mundo.

Este político, quien lo mismo ha militando en el PRI, con el cual fue diputado local (2014 a 2018), ha sido presidente municipal de su natal Tepeaca por Movimiento Ciudadano (MC) con el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Pacto Social de Integración (PSI) –eran en los tiempos de vino y rosas del represor y psicópata (palabra de origen griego que significa el que tiene un padecer mental), Rafael Moreno Valle, y en su gestión como diputado durante el gobierno morenovallisa Céspedes aprobó, con sus compañeras y compañeros de legislatura la nefasta Ley Bala y en el proceso electoral del 2018 apoyó la candidatura al gobierno de Estado de Martha Érika Alonso de Moreno Valle--, remató en su capacidad para brincar de barco en el 2021 nuevamente como diputado local al Congreso del Estado, ahora por la generosa y ancha vía de Morena, partido que lo nombró coordinador de su bancada y lo impulsó como presidente de la junta de gobierno del Congreso local y a partir de diciembre del año pasado como sabemos, es gobernador sustituto del Estado.

A mediados de la semana pasada, el gobernador hizo una propuesta que dejó atónitos, estupefacto y boquiabiertos a más de uno: propuso el regreso al gobierno del estado del represor Ardelio Vargas Fosado como nuevo subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación del Estado, lo que generó muestras de rechazo de varios actores sociales y políticos. Tanto el diputado Alejandro Carvajal y el precandidato a la presidencia de la República, Gerardo Fernández Noroña, se pronunciaron en contra de dicha designación al igual que el líder de la UPVA 28 de Octubre, Rubén Sarabia “Simitrio”; más recientemente, un fundador de Morena, Alonso Aco, declaró en un acto público en el que le entregaron, tanto a él como a otras personas, un reconocimiento en vida,  palabras más palabras menos, que la suma de Ardelio Vargas al gobierno de Céspedes confirmaría que no representa a la 4T.

En contrapartida, no se han escuchado públicamente las voces de rechazo de los Morenistas críticos y de izquierda ni de los grupos o colectivos de derechos humanos, de los movimientos sociales y mucho menos de académicos o integrantes de la comunidad artística y cultural del estado. Ardelio ya había estado en el gobierno del estado invitado por Miguel Barbosa Huerta como asesor en asuntos de seguridad y gobernanza. En septiembre del 2021, Ardelio fue separado del gobierno del fallecido gobernador.

Breve biografía política y represiva de Ardelio Vargas Fosado

Fue presidente municipal de su natal Xicotepec de Juárez (1987 a 1990); estuvo en la Subdirección de Seguridad en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de 1994-2000. Ardelio estuvo como delegado del Cisen en los estados de Chiapas y Oaxaca en dónde desempeño el cargo de Director de Investigación. En 2009, Vargas Fosado se convirtió en diputado federal, bajo los colores del PRI  por el Distrito 1 con cabecera en Huauchinango en la LXI Legislatura federal (2009-2011) en donde se desempeñó como presidente de la Comisión de Defensa Nacional.

Represión al pueblo de Atenco. En mayo de 2006, siendo presidente de la República el Panista Vicente Fox y gobernador del Estado de México el Priista Enrique Peña Nieto, éste último mandó reprimir a los habitantes de San Salvador Atenco. En su mayoría, los habitantes reprimidos en Atenco, eran campesinos, agrupados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y Ardelio era el jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva. El saldo de la represión a los habitantes de Atenco y personas solidarias con su lucha, dejó como saldo el fallecimiento de dos personas, Alexis Benhumea y Javier Cortés, la detención de más de 200 personas y denuncias contra elementos policiacos por presuntas vejaciones y violaciones sexuales a 26 mujeres. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al gobierno de México por violencia sexual y tortura en Atenco y ordenó al Estado Mexicano sancionar la represión y tortura sexual en Atenco.

Represión a la APPO, Oaxaca. El 25 de noviembre del año 2006 la policía federal preventiva, la policía estatal y de tránsito de Oaxaca, arremetieron contra los miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El saldo de la represión fueron 140 personas detenidas y 3 muertos.

Caso Chignahuapan. En 2011, estando al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Vargas Fosado ordenó y dirigió el desalojo de al menos 500 personas que se encontraban en posesión de un predio en la ex hacienda de Atlamaxac en el municipio de Chignahuapan, a petición de los caciques Lorenzo y Saúl Rivera.

Durante el desalojo, Vargas Fosado ordenó que fueran atacados varios periodistas con la consigna de que a esos cabrones no les devuelvan las cámaras hasta allá y borren todas las imágenes que tienen. Ardelio se refirió a los periodistas con la frase que chinguen a su madre, ellos también nos agredieron. El saldo de la represión fueron casas muy humildes destruidas y saqueadas, decenas de heridos; cuatro de ellos de gravedad, entre ellas una mujer de 70 años que fue atacada con un petardo, además de 31 detenidos, qué más tarde alcanzaron su libertad al pagar cada uno fianzas de 12 mil pesos. Doña Artemisa León Moreno, de 70 años y víctima de la represión, declaró  Nos disparaban directo, nomás escuchábamos pasar las balas. (Ardelio Vargas, nuevo subsecretario de Gobernación en Puebla - Proceso).

Por estos hechos, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla emitió una recomendación al secretario de Seguridad Pública (Ardelio Vargas V), por las graves violaciones a las garantías individuales que cometieron los policías estatales preventivos a su cargo, contra al menos 31 personas durante el desalojo del predio Cieneguilla Larga, Chignahuapan, Pue. Recomendación  número 60/2011.

Represión a comerciantes de autopartes. En mayo del 2011, granaderos de la SSP reprimieron a unos 200 comerciantes de autopartes en la 46 Poniente, quienes intentaron ingresar al edificio de la Secretaría de Finanzas (SF) para demandar que se instalara una mesa de negociaciones.

Una más. Represión a comerciantes de la fayuca. En 2011, las huestes de Ardelio reprimieron a comerciantes del mercado de Jorge Murad Macluf. Los policías pretendían decomisar discos y películas pirata. Saldos de la represión: 30 personas resultaron heridas al enfrentarse a con los granaderos y muchas personas que acudieron ese día al mercado, terminaron con crisis nerviosa y gaseados 

Caso Francisco Z. Mena. En septiembre de 2012, habitantes de la comunidad de Francisco Z. Mena, Sierra Norte de Puebla, se manifestaron molestos porque Pemex no les había cumplido el compromiso de reparar sus caminos; se presentó una persona a amedrentarlos, según relataron algunos vecinos,  y momentos después apareció un grupo de policías estatales que llevaban armas de grueso calibre. Después de una trifulca para disolver el bloqueo de la calle, los granaderos detuvieron entre patadas y golpes a 26 de los manifestantes, quienes estuvieron desaparecidos por casi 20 horas, de acuerdo a los testimonios de los participantes de los hechos. También narraron que fueron detenidos, golpeados y llevados a un lugar desconocido, donde los mantuvieron incomunicados.

A raíz de su excelente desempeño como represor de movimientos sociales y habiendo estado al frente de la PFP y en seguridad en el gobierno de Puebla, en el 2013, el represor y corrupto Enrique Peña Nieto, a la sazón presidente de México, lo invitó a hacerse cargo del Instituto Nacional de Migración.  En su primer discurso como titular del INM dejó claro su objetivo en el INM, para él, los migrantes que buscaban llegar de Centroamérica a Estados Unidos serían criminalizados, declaró que El fenómeno migratorio es un tema de seguridad nacional.

Tres años después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 31/2017 sobre desaparición forzada, violaciones a derechos humanos de migrantes, violación al interés superior de la niñez, entre otras violaciones a derechos humanos de los migrantes.

Uno de sus últimos hechos de represión como subsecretario de gobernación en el gobierno de Miguel Barbosa, fue la represión a las estudiantes de la Normal Rural Carmen Serdán de Teteles, en junio del 2021, y cuyo pecado fue manifestarse frente a Casa Aguayo y reclamar el cumplimiento de un acuerdo. El saldo de la represión fueron golpes a las estudiantes y un poco más de 30 normalistas detenidas. Ante estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 161/2022 a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP), misma que no fue aceptada por el gobierno de Puebla.  

¿Qué violaciones consignaba la recomendación? Violación contra la libertad de expresión y reunión pacífica, en relación con la protesta social, así como a la seguridad jurídica, legalidad, libertad e integridad personal por detención y retención ilegal, además de tratos crueles e inhumanos derivados del uso excesivo de la fuerza. 

Distintas fuentes, han ligado a Ardelio con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad con Felipe Calderón, quien es acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa y actualmente se encuentra preso en los Estados Unidos. También han acusado a Ardelio de que a su paso por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se incrementaron el huachicol y los secuestros en la entidad.

Es muy curioso por decir lo menos, que el gobernador proponga a Ardelio a pocos días de una movilización de campesinos Integrantes de Fusión Indígena Campesina Nacional (Finc) y Familias Unidas para el Desarrollo Social (Fudes) de Pantepec, quienes denunciaron en su plantón en el zócalo de la ciudad de Puebla, que Ardelio los quiere despojar de 100 hectáreas de tierra en el municipio.

Estoy convencido que debemos aprender mucho del movimiento feminista y su avance en el terreno legislativo y de políticas públicas. Gracias a su articulación y movilización, han conseguido leyes como la General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ley 3de3 o Ley Malena y es una pena que a estas alturas, no tengamos un Registro Nacional de Violadores de Derechos Humanos y funcionarios corruptos y una ley respectiva que les impida tener empleo, cargo o comisión en algún cargo público en los tres órdenes de gobierno o ser postulado a algún cargo de representación popular. El otro pendiente, es una reforma al artículo 102 constitucional para que las recomendaciones de la CNDH no sean sólo simples llamados a misa y tenga dientes para sancionar a funcionarios que no cumplen con las recomendaciones. En el caso de Puebla es más difícil, la CEDH se ha convertido en una simple ventanilla de quejas, es necesario refundarla.

Don Ardelio, en su tinta.

Soy respetuoso de los movimientos sociales (...) pero cuando haya necesidad de aplicar la fuerza, sin duda se aplicará.