Mundo Nuestro. En la imagen el Parque del Arte en la ciudad de Puebla tal como se veía en marzo de 2008, bajo la custodia de la organización civil Puebla Verde, que cumple con el objeivo de construir un sitio arbolado como principal encomienda de su trabajo. La custodia es legal y reconocida por el Congreso del Estado desde el año 2004. Se recupera así un espacio público abandonado por más de veinte años por el gobierno estatal. En agosto de ese año 2008, el gobernador Mario Marín Torres arrebata con la fuerza pública el parque a Puebla Verde con el propósito especifico de cambiar el uso de suelo que ese polígono tiene en la expropiaciòn de la tierra cholulteca para el Progama Regional Angelòpolis. Lo sucedido expone con toda precisión el proceso de especulación inmobiliaria que acompañó este despojo de la tierra campesina que ha transformado para bien y para mal la historia de la ciudad de Puebla, y permite describir y analizar el papel que han jugado los gobernadores poblanos.

Este reportaje fue escrito en el año 2008 por Sergio Mastretta y fue publicado originalmente en e-consulta (2008) y Mundo Nuestro (2013). Lo presentamos nuevamente en sus siete partes. Aquí la tercera.

Sigue el dinero, afirma la vieja instrucción detectivesca

No hay que ir muy lejos para encontrar el móvil del crimen de la especulación: está escondido en la figura del Fideicomiso de la Reserva Territorial Angelópolis, y su fiduciario Bancomer, responsable de la venta de los 10 millones de metros cuadrados contemplados en el área expropiada y de la que no han dado nunca información al público. Yo tenía diez perritos, se dice en el canto de los incautos. Y es que hay una historia legal, escurridiza y truculenta, que no se ha contado en su profundidad, a pesar de que se remonta a los primeros años de la década de los sesenta, y más aún, a los tiempos de las dotaciones ejidales posrevolucionarias. Es una historia de abusos e impunidades la que da cuenta de la relación negativa para los pueblos originarios que tuvieron la mala fortuna de estar asentados en las inmediaciones de la antigua ciudad de Puebla. Por principio, un decreto gubernamental de 1962 despoja a los pueblos cholultecas de miles de hectáreas de su jurisdicción con el pretexto del ordenamiento del crecimiento de la llamada Angelópolis, y que, a la fecha, se mantiene en la indefinición jurídica, a pesar del larguísimo y complicado pleito entre las municipalidad de San Andrés y la capital poblana. Al día de hoy, en este julio que corre del 2008, gran parte de los comercios asentados en Angelópolis tiene que pagar impuestos a los dos ayuntamientos. Y han ido y peleado los abogados, y se han arrebatado papeles antiguos, y han orillado a definirse  a la Suprema Corte, y no ocurre nada. Recolectores de basura de los ayuntamientos de san Andrés y Puebla pelean a pedradas la basura; los policías se enfrentan por el control de los territorios. Un ejemplo: El día del asalto al Parque del Arte por la policía marinista, el Ayuntamiento panista de San Andrés Cholula ofrece a Puebla Verde su intervención para evitar la toma, oferta en todo momento rechazada.

Rescatada esta historia por el registro documental disciplinado que ha hecho Carlos Escamilla Guzmán, un restaurantero afectado por la expropiación, es posible seguirle la pista a lo ocurrido desde los primeros tiempos de este proceso, cuando todavía gobernaba Mariano Piña Olaya, el gobernador que mandó al actual subsecretario de Gobernación con Mario Marín, Alberto Esteban Morelos, a vender los terrenos de Momoxpan y Tlaxcalancingo con un sobreprecio del 100 por ciento a empresarios poblanos, dinero que perderían una vez que el gobernador Manuel Bartlett desconociera lo realizado por su antecesor y arrancara formalmente con el Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. Carlos Escamilla guarda notas de prensa, oficios administrativos, planos y proyectos, acuerdos y decretos, en un memorial que conserva como un monumento a la capacidad criminal de la maraña burocrática formada por el gobierno en sus niveles federal, estatal y municipal, el congreso local, los juzgados locales y federales, las oficinas de catastro y registro público de la propiedad, los notarios y los despachos de abogados, las fideicomisos y los fiduciarios, los constructores y los inversionistas.

Todo empieza en 1990, con el decreto del 21 de diciembre publicado en el diario oficial: “Ordenar el crecimiento urbano de los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuatlancingo”, afirma como propósito fundamental. Son 2900 hectáreas contenidas en el plano PR-9A. En su artículo primero se declara la utilidad pública y el beneficio social como motivo de la creación de la reserva territorial. En su artículo segundo se establecen los límites de la reserva en los planos PR-9A y PR-9B. El año siguiente, 1991, es el de las solicitudes de expropiación de los terrenos ejidales (el 13 de agosto, 140.8 has. del ejido de San Bernardino Tlaxcalancingo, municipio de San Andrés Cholula, en lo que hoy forma un conglomerado anárquico de servicios comerciales a lo largo de la Vía Atlixcáyotl, entre el puente de la 25 Sur y el Periférico; el 23 de agosto, otras 673 hectáreas del ejido de San Andrés Cholula; en las semanas siguientes, solicitudes similares de expropiación se publican en el diario oficial para los ejidos de La Trinidad Chiautengo, en el municipio de Cuautlancingo, y Momoxpan, en San Pedro Cholula). En ninguna de ellas se hace referencia a la existencia del decreto de 1962 que otorgaba todos estos territorios ejidales al municipio de Puebla.

Las expropiaciones llegan de inmediato. Para el ejido de San Andrés Cholula, con una dotación original de 756,6 hectáreas de fecha 15 de octubre de 1928, se producen entre 1991 y 1992, tanto para la autopista a Atlixco (10.97 has.) como para la reserva territorial (696.5 has.); para el ejido de San Bernardino Tlaxcalancingo, el 4 de mayo de 1992 (140.6 has.); para el ejido de Santiago Momoxpan, el mismo día (84 has.); y para el de la Trinidad Chiautengo, también con esa fecha (158 has.). El 19 de junio de ese año quedan inscritas en el registro público de la propiedad las 696 hectáreas del ejido de San Andrés. Días antes, el 4 de mayo de 1992, en el Diario Oficial de la Federación se publica el decreto que autoriza al ejecutivo estatal enajenar a título oneroso diversos predios por 1081 hectáreas que tendrían como destino de utilidad pública el de vivienda, comercio, la industria y el turismo.

Al entrar Manuel Bartlett, el gobierno federal elabora un Convenio de Transferencia de Reservas Territoriales que, bajo lo establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos, obliga al gobierno estatal a someterse a la concurrencia de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para administrar la regulación y ordenamiento de los territorios expropiados, y le exige integrar a las colonias y fraccionamientos preexistentes dentro del Programa Regional de Desarrollo Urbano. El convenio se firma el 12 de abril de 1994, y le da 120 días al gobierno estatal para presentar el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Puebla, que finalmente queda inscrito en el Registro Público de la Propiedad el 9 de agosto de ese año. Bartlett crea inmediatamente el Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl cuya función principal se cumple el 19 de diciembre de 1997, cuando el Programa Subregional de Desarrollo Urbano sufre su primera gran adecuación, con el cambio de uso de suelo a la mayor parte del área destinada originalmente como de preservación ecológica. Ya casi de salida, Bartlett logra una segunda modificación, que se publica el 18 de diciembre de 1998, para agregar nuevas hectáreas a la reserva, elevando la superficie sujeta al programa a 3083 hectáreas.

El gobernador Melquiades Morales modifica por primera vez el programa el 14 de junio del 2000 con el argumento de que la zona requiere de equipamiento comercial, vialidades y otros usos, y afirma que por la dinámica de la zona es necesario un esquema de modificación constante de los planes rectores de la reserva. Aunque esto no se aceptó legalmente, en la práctica permitió llevar a cabo una serie de operaciones que a la fecha se mantienen irregulares. En el 2002, el gobierno solicita cambiar zonas de áreas verdes para equipamiento educativo, para dar lugar a la llegada del Tecnológico de Monterrey, y por ahí cuela la existencia del parque de diversiones Valle Fantástico, con sus 25 hectáreas. Melquiades ofrece compensar la pérdida de áreas verdes, pero nunca se completan los procedimientos que incluían también una planta de tratamiento de aguas residuales y un proyecto de arquitectura de paisaje. Nada de esto se publicó en el Periódico Oficial del Estado.

Mario Marín llega al gobierno y propone inmediatamente modificar usos del suelo en la reserva con el argumento certero de que existe un buen número de operaciones que han derivado en desarrollos y construcciones, pero que no tienen resuelta la regularización de la propiedad por el problema del uso del suelo. Pero una solicitud específica al gobierno federal se tiene en el oficio No. FPRTQA/DG/512/2007, del 19 de octubre del 2007, en el que “informa sobre el proceso de adecuación al Programa Subregional de Desarrollo Urbano que regula la Reserva Territorial Atlxcáyotl-quetzalcóatl”. En él, Marín se compromete a adquirir y destinar para parque metropolitano el predio “Las Carmelitas”, de 8.5 hectáreas, y el predio “Castillotla”, de 5.4 hectáreas, para un total de 13.9 valoradas en 700 pesos el metro cuadrado, se obliga a desarrollar y ejecutar el “Proyecto de Arquitectura de Paisaje para el Boulevard Atlixcáyotl” y a cumplir con las especificaciones de impacto y riesgo ambiental generados por la planta de tratamiento localizada en la Reserva. Todo ello prometido con anterioridad y no cumplido tanto por Melquiades como por el propio Marín. A cambio, detalla los cambios que requiere para la reserva. En febrero del 2008, el funcionario de SEDESOL José Antonio LLovera confirma la procedencia de la propuesta del gobierno marinista. El 10 de marzo, la delegada federal en Puebla de la Secretaría, Anahí Romero manda el oficio No. 141.2.1.0.0.237/2008 a Sara Topelson Fridman, Subsecretaria de Desarrollo Urbano, en la que “expresa su consternación” y expone el conjunto de anomalías existentes en la modificación declarada procedente por LLovera, y da cuenta de las denuncias realizadas por Puebla Verde. De entrada, el incumplimiento de leyes federales por parte de la Secretaría: la de Asentamientos Humanos y la de Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico. Y aporta elementos: en el decreto expropiatorio no se alude como causa en ninguna parte al uso comercial de la zona, y que “dentro de la superficie propuesta (por el gobierno de Marín) para cambiar el uso del suelo de un total de 58.18 hectáreas, más de 26 cambian de área verde o ecológica a uso comercial, de equipamiento o mixto, incluso 6.2 hectáreas cambian de preservación ecológica a uso para vivienda residencial media”. Y expone que “el gobierno no ha regularizado el total de las colonias que originariamente estaban asentadas en la zona y no ha concretado la escrituración de los desarrollos habitacionales de Cuautlancingo y San Andrés Cholula (Vivah 98 y Gobernadores), que sí justifican el uso social de la expropiación. Además, ante la incertidumbre en la seguridad jurídica de las viviendas ha provocado movimientos recurrentes de invasión, venta y reventa de viviendas”.  Y remata con el hecho de que el gobierno estatal ofrece en compensación por el cambio de uso de suelo al parque metropolitano (de 46.1 hectáreas valoradas actualmente en 4,500 pesos el metro cuadrado), es decir, por terrenos a los que en, la práctica, les han dado uso de equipamiento (Tec de Monterrey y Valle Fantástico), dos predios fuera de la Reserva (Las Carmelitas y Castillotla) valorados en 700 pesos el metro cuadrado, de tan sólo 13.9 hectáreas.

Las quejas llegan al presidente Calderón y a su secretario de Desarrollo Social, Carlos Cordero. El 28 de ese mes de marzo, el propio LLovera le informa al gobierno poblano de la marcha atrás del gobierno calderonista. Al día siguiente, El gobierno de Mario Marín inicia su cargada contra Puebla Verde, que termina con la toma ilegal del Parque del Arte. Tres semanas después, Anahí Romero es destituida de su cargo como delegada federal de Sedesol.

CONTINUARÁ / PARTE 4: RAPIÑA OLAYA