Francisco Castillo Montemayor exige al fiscal Gilberto Higuera que cumpla la ley / VIDEO

Mundo Nuestro. Cuatro años después de haber interpuesto una denuncia contra la fabricación de delitos por funcionarios del gobierno del estado que lo llevaron a ser detenido el 15 de noviembre de 2016, y encarcelado ilegalmente por 14 meses, Francisco Castillo Montemayor sigue decidido en su exigencia de justicia.

Escribimos en esta revista el 23 de enero de 2023: "A pesar de que el poder judicial federal ha determinado en sentencia la actuación ilegal de quienes realizan la procuración de justicia en el estado de Puebla, Francisco Castillo Montemayor sigue esperando acciones concretas contra la impunidad con la que actuaron quienes decidieron y operaron su encarcelamiento criminal en noviembre de 2016. Acciones que se dirijan también contra la colusión de jueces y ministerios públicos con funcionarios del gobierno estatal para impedir el desarrollo de procesos de procuración de justicia en estricto apego a la ley."

Cuatro años han pasado entonces y la postura de la Fiscalía General del Estado cargo del fiscal Higuera sigue siendo la de la defensa de la impunidad.

A partir del minuto 7.40 en ese video Francisco Castillo Montemayor vuelve a hacer su reclamo en su respuesta al fiscal HIguera:

Escribimos en nuestra revista el 22 de noviembre de 2016, una semana después de la detención ilegal de Castillo Montemayo, cuando el poder judicial en el estado ratificó la formal prisión:

"El procedimiento judicial, el contexto que lo explica y los antecedentes de lo que ha sido la política ambiental del Rafael Moreno Valle por supuesto que obligan a pensar que el encarcelamiento de Castillo Montemayor no sólo es injustificado y vil, es una violación de sus derechos humanos y expone con toda claridad lo que para este gobierno han significado la ley y la justicia." (Libertad para Francisco Castillo Montemayor)

Castillo Montemayor salió de la prisión a principios de 2018 gracias a un amparo obtenido de la justicia federal por el JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO, dentro del expediente 1556/2016-I, cuya sentencia estableció: “… desde la construcción de los elementos para el cuerpo del delito, se realizó una delimitación ilegal”.

El 19 Marzo de 2020, Castillo Montemayor presentó denuncia por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, DELITOS COMETIDOS EN LA ADMINITRACIÓN DE JUSTICIA Y EN OTROS RAMOS DEL PODER PÚBLICO, Y TRÁFICO DE INFLUENCIA cometidos por funcionarios públicos en su agravio (Carpeta de investigación número 267/2020/FECC/UI-A).

Dichos funcionarios que ilegalmente encarcelaron a Francisco Castillo Montemayor tienen nombre y apellido en la denuncia, y son: 

1.- JORGE DUSTANO REYES SANTOS: director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla;

2.- EUGENIO MORA SALGADO: encargado de despacho de la Secretaría de la Contraloría del Estado;

3.- FRANCISCO EDUARDO DUEÑAS ZAMBRANO: jefe del Departamento de Control y Supervisión de la Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial y en la Secretaría de Desarrollo Social;

4.- RODRIGO RIESTRA PIÑA: secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial;

5.- VÍCTOR ANTONIO CARRANCÁ BOURGUET: Fiscal general del Estado.

6.- ROBERTO ARMANDO MENESES BONIFAZ: subdirector adscrito a la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos;

7.- IDALIA ARCINIEGA ARIAS: Juez Sexto de lo Penal.

8.- LEONARDO JIMÉNEZ BURGOS: secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de lo Penal.

9.- ROBERTO FLORES TOLEDANO: presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.

22 meses después, el 25 de abril de 2022, la abogada Adalit Lozada Aguilar Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Estatal, de la Fiscalía General del estado de Puebla, decidió el no ejercicio de acción penal contra de los denunciados, medida que fue ratificada en julio de 2022 por una juez de control Bet Nimra Pérez Hernández (carpeta NIC: 301/2022/CJP/PUEBLA), orillando a Castillo a buscar nuevamente el amparo de la justicia federal (JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 869/2022-VIII-16) cuya sentencia del 12 de septiembre de 2022 estableció que "la resolución reclamada es violatoria de sus derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia".

Contra esta actuación del ministerio público y el poder judicial del estado de Puebla ha obtenido con fecha del 12 de septiembre de 2022 el JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 869/2022-VIII-16 elamparo de la justicia federal Francisco Castillo Montemayor con dos resoluciones en los siguientes términos: 

PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********* ******* ******** **********, en contra de la resolución dictada en audiencia celebrada el veintiséis de julio de dos mil veintidós, por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro en el estado de Puebla, con sede en la ciudad del mismo nombre, dentro de la carpeta de impugnación ********, mediante la cual, se resolvió confirmar la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida el veinticinco de abril de dos mil veintidós, por la abogada Adalit Lozada Aguilar Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Estatal, de la Fiscalía General del estado de Puebla; precisados en el considerando segundo de este fallo y por los motivos precisados en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia.

SEGUNDO. Por los razonamientos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia, se ordena a dar vista al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado federal.

El juez federal, entonces, ordena a la Juez de Control en Puebla rehacer la investigación a la que obliga la denuncia de Francisco Castillo realizada en marzo de 2020 con el procesamiento debido de los delitos cometidos por los funcionarios demandados por los agravios cometidos en su contra. La sentencia contempla también la acción específica del ministerio público federal.

Han pasado ya más de cuatro meses desde esta sentencia. Nada ha ocurrido. El reclamo por justicia se mantiene.