Clausura definitiva del relleno sanitario de Calpan y el triunfo de la acción civil organizada

Mundo Nuestro. En México la justicia y la aplicación de la ley funcionan de cuando en cuando en los casos en que un conflicto social deriva en la acción directa por parte de ciudadanos afectados por un crimen ambiental. Ocurrió con el basurero de San Pedro Cholula que por más de diez años ha operado en el llano cercano al pueblo de Calpan, cerrado por mujeres y hombres del campo decididos a impedir por esa vía radical con la operación del tiradero.

Así de directa puede ser  la movilización civil que acude a la justicia para la aplicación de la ley contra los delitos ambientales.

Acción legal promovida desde la acción civil. Esta fórmula, sustentada en el juicio de amparo 572-/2024 interpuesto contra la PROFEPA ante el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, que obligó finalmente a la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por la vía de la PROFEPA, a la clausura total definitiva del relleno sanitario del municipio de San Pedro Cholula operado por la empresa PRO-FAJ HIDRO LIMPIEZA SA DE CV. 

Una acción civil que se fundó en la accion directa de bloqueo de las instalaciones del relleno ubicado en Calpan por las campesinas y campesinos de la región de los pueblos cholultecas dedicidos en la defensa de su territorio. Pero que derivó en el amparto contra estos actos concretos de parte de la autoridad ambiental:

Vale dejar constancia en esta revista del escrito que confirma la decisión del Estado mexicano respecto de la operación ilegal de este relleno sanitario. Y las tres consideraciones en las que se funda la decisión de claurura definitiva por parte de PROFEPA y como resultado de la inspección de campo y el análisis de la documentación presentada por la empresa.

Vale, decimos entonces, dejar también constancia gráfica de la clausura y del triunfo de la acción civil organizada, directa y legal, contra quienes cometen delitos ambientales o dejan de cumpir con su responsabilidad como autoridad.