Los columnistas no pagan pasaje / Luis Alberto Martínez

Recientemente, como ocurre al final de cada sexenio en Puebla, se discute el sistema de transporte público ante el recurrente amague de los concesionarios para aumentar el pasaje.

Mientras tanto, los medios y las plumas poblanas se concentran en una agenda limitada para abordar un tema crucial en la planificación de una ciudad. La conversación siempre —siempre— termina amplificando las pésimas condiciones del transporte, matizando los habituales accidentes viales en los que se ven involucradas unidades del transporte público y dando voz al sempiterno discurso oficial de que es necesario realizar un análisis técnico para autorizar un aumento.

Al final, cuando la negociación política concluye y se aprueba un aumento menor al amagado, medios y plumas validan la narrativa oficial y advierten que "vigilarán" el cumplimiento de los acuerdos. Lo habitual, pues.

En este contexto, medios y plumas evitan discusiones más profundas y olvidan su responsabilidad social como mecanismos para elevar el debate público, particularmente en un tema fundamental para la organización y vida de la ciudad: el transporte. Una problemática transversal pobremente abordada por la opinión publicada.

¿Cuántas personas directivas de medios, columnistas y líderes de opinión utilizan el transporte público con regularidad? ¿Cuántas se quejan a diario del terrible tráfico que desquicia a la sociedad poblana? ¿Cuántas conectan los terribles embotellamientos con la crisis de un sistema de transporte público ineficiente y colapsado?

Algunas de estas plumas, muy viajadas y paseadas, presumen con orgullo el funcionamiento del transporte en el primer mundo. Convenios las han llevado a Londres, Canadá o Japón, donde son turistas, peatones y anónimos.

¿Cómo llegamos aquí?

Una primera dimensión que debe discutirse es la precarización laboral y la disponibilidad de vivienda.

Los centros de trabajo están cada vez más lejos de las viviendas. Esto obliga a la población de las periferias a realizar dos o tres transbordos para llegar a los complejos económicos, industriales y de negocios. Viven donde es más barato, empujados por la especulación inmobiliaria, la mafia del sector y el crecimiento urbano desordenado.

Otra queja recurrente desde el privilegio de "la clase comunicadora" es la proliferación y el supuesto desorden de los motociclistas. Desde una mirada clasista, se denigra a quienes usan este medio como alternativa al transporte colectivo, por su bajo costo en combustible y su fácil adquisición con pagos accesibles. La motocicleta otorga independencia a la clase trabajadora, pero esta es pobre, y en los ojos de la élite mediática, también desordenada.

Se juzga al trabajador que acomoda, como puede, a su esposa e hijos en un pequeño vehículo, evitando así seis pasajes de microbuses y combis saturadas. Se aplauden los operativos policiales contra motociclistas, porque "los delincuentes asaltan desde motos". Vaya reduccionismo.

Los gobiernos neoliberales -PRI, PAN- y la inacción de un sexenio de Morena dejaron ciudades desordenadas, con zonas imposibles de transitar a pie o en bicicleta, saturadas de automóviles en amplias avenidas. La gentrificación expulsó a las clases populares del centro, encareció la vivienda y alejó a las personas de los principales puntos de conectividad.

¿Cuántos trabajan en Sonata, Angelópolis o Vía Atlixcáyotl? ¿Cuántos meseros, dependientes, personal de limpieza u oficinistas pueden vivir cerca y trasladarse a pie o en bicicleta? ¿Cuántos miles deben usar transporte público diariamente?

La precarización también afecta a quienes conducen el transporte público. Salvo RUTA, que fue quizá el único proyecto integral y eficiente del morenovallismo, la mayoría opera bajo concesión, sin sueldo fijo, prestaciones o seguro médico. Sus ingresos dependen de la afluencia de pasajeros, el estado del vehículo y el gasto en combustible.

Desde los micrófonos se exige trato digno, sin cuestionar el otorgamiento discrecional de concesiones, la explotación mediante la "cuenta" o las figuras políticas detrás de ciertas rutas. Es un modelo vigente porque es rentable... para algunos.

La opacidad en la asignación de concesiones sigue siendo un tema ignorado por la opinión pública, al igual que los intereses de aseguradoras, licencias de conductores y vínculos políticos.

Cuando se debate la regulación del transporte público, se argumenta que su total control por el gobierno resultaría en corrupción e ineficiencia. Por otro lado, la privatización a empresas genera favoritismos y falta de transparencia.

Así, se perpetúa un modelo híbrido: la concesión. Este mecanismo privatiza el servicio, pero no a empresas, sino a personas vinculadas al poder político, manteniendo un sistema rentable para pocos.

Con voluntad política, autoridad y una visión profundamente social, el transporte público podría ser funcional. RUTA, pese a sus defectos, ha demostrado cierta eficiencia, pues está en manos de una empresa que, mal o bien, debe rendir cuentas.

Se requieren mecanismos de transparencia, eficiencia y planificación que dejen de escuchar solo a las voces privilegiadas. De nada sirve un análisis técnico si lo realizan únicamente empresarios y políticos desconectados de la vida cotidiana.

El transporte público es causa y consecuencia

Baches que son generados también por el impacto y la carga pesada de microbuses que circulan en calles no diseñadas para un parque vehicular inmenso, manejados por choferes en condiciones laborales indignas, a quienes se les pide un trato digno hacia usuarias y usuarios que abordan esos vehículos maltrechos como única alternativa económica para llegar a sus centros de trabajo y hogares, distanciados por la especulación inmobiliaria, la gentrificación y los acuerdos empresariales, que siguen privilegiando al automóvil, al que se destinan obras millonarias en distribuidores y bulevares que pronto son rebasados por la proliferación de más automóviles de bajo costo, que conviven cada día con más motocicletas que transportan a una clase trabajadora cuyos impuestos pagan estudios técnicos que son ignorados desde una mesa política que mide el impacto electoral de negociar un aumento con concesionarios poco conocidos, que acarrean personas a sus mítines y casillas, a quienes les aseguran en campaña que ordenarán el transporte público, que no subirán su costo y que crearán un programa emergente para tapar los baches que...

El círculo vicioso se perpetúa, mientras tanto, los medios y plumas poblanas siguen diciendo que el transporte público debería ser como en Europa.