Calumnias e insultos inhiben la libertad de expresión / Alejandro Guillén

En solidaridad con Rodolfo Ruiz, Ruby Soriano, e-consulta, y todos aquellos periodistas y comunicadores que han sido agredidos, inhibidos o reprimidos desde alguna esfera del poder político o económico por ejercer su profesión.

En todos los Estados democráticos, la libertad de expresión es un derecho reconocido y un pilar para el combate a la corrupción. Democracia y libertad de expresión (y demás libertades) nacen y mueren juntas; donde ambas viven, la corrupción disminuye considerablemente, como se ha demostrado en diferentes mediciones internacionales sobre el tema.

La libertad de expresión forma parte del catálogo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por lo tanto, no se trata de una gracia o un acto piadoso otorgado por gobierno alguno, sino del reconocimiento de ese derecho a toda ciudadana y ciudadano simplemente por ser humanos.

Gracias al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, muchos casos de corrupción han sido denunciados por periodistas, comunicadores, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y ciudadanía en general, y han tenido consecuencias legales y políticas para quienes se han visto envueltos en escándalos de corrupción que afectan la vida de municipios, estados de la República y del país en general.

En el México contemporáneo, la pelea por ejercer y hacer respetar el derecho a la libertad de expresión ha sido dura, ardua, difícil. Seguirá siendo así porque, aun con lo que ha costado en tiempo y vidas, la tentación gubernamental de coartar la libertad de expresión continúa, vulnerando así a la democracia misma.

Cuando parecía que la libertad de expresión sería una práctica que alcanzaría una normalidad cotidiana, desde 2018 nos topamos con una actividad que se está haciendo un hábito y que no era común ni con los gobiernos de la postrevolución ni con los gobiernos de la transición democrática: a través de conferencias de prensa se proliferan calumnias e insultos emanados directamente de la boca del gobernante en turno contra quienes denuncian la corrupción o de quienes exigen una mayor transparencia; o simplemente calumnian e insultan a quienes no piensan ni opinan como ellos. Todo esto aderezado con la amenaza de utilizar dependencias del Estado (fiscalías o la Unidad de Inteligencia Financiera) en contra del agredido o exhibir públicamente datos personales sin consentimiento de la persona aludida, lo cual es un delito.

El trinomio calumnia-insulto-amenaza inhibe el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión.

Hay quienes, sin dedicarnos al periodismo, hemos sido agredidos con calumnias e insultos desde los micrófonos del poder gubernamental. Esto me tocó vivirlo en mayo-junio de 2020 y mi testimonio está escrito en el libro Anatomía de la corrupción en Puebla 2024.

Considero que es hasta deseable que un gobierno informe y defienda públicamente sus proyectos, sus decisiones de gobierno, o que incluso exprese sus posturas ideológicas y hasta demagógicas (hay muchos que francamente empalagan, lo cual ya no es tan deseable).

Por el contrario, es un despropósito comparar el ejercicio de la libertad de expresión que tiene toda persona que vive en un mundo democrático con las autocomplacencias que se dan los gobiernos en el inframundo autocrático para calumniar e insultar y cuyo alcance, poder e influencia de lo que expresan en público es de una fuerza completamente desproporcionada con respecto a las repercusiones de lo que un ciudadano en general pueda expresar desde su trinchera o con las que un periodista o comunicador pueda exponer desde su medio.

Sabemos, por experiencias ajenas, que la violencia o agresión verbal (la calumnia acompañada del insulto y la amenaza) potencializa las probabilidades del ejercicio anónimo de la violencia física en contra del agredido.

Hoy, en México, el periodismo es una profesión en la que se pone en riesgo la integridad física de quienes lo practican. Así lo han señalado Amnistía Internacional y Artículo 19 México y Centroamérica. Esta última organización internacional independiente ha documentado que, en el México del siglo XXI, han sido asesinados 171 periodistas, y otros tantos más han sufrido agresiones de distinta índole como consecuencia del ejercicio de su profesión.

Artículo 19, en su último informe titulado “Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información” (publicado y fechado en la CDMX el 9 de abril de 2025, mismo día en que emitió una alerta para que el gobierno de Puebla dejara de estigmatizar y criminalizar a e-consulta), registró que Puebla aparece como una de las cinco entidades de la República con el mayor número de agresiones contra la prensa con un total de 33.

En el informe anteriormente citado, la organización de marras advierte: “México -y Puebla, por supuesto- está atrapado en una crisis informativa cuyos efectos se sienten no sólo en el presente, sino que amenazan con borrar el pasado y oscurecer el futuro. La desaparición de organismos de transparencia, la violencia contra la prensa, la vigilancia digital y la falta de garantías de derecho a la verdad para las víctimas han creado un entorno en el que la información se oculta, las voces críticas se inhiben y autocensuran, la verdad se distorsiona y no se imparte justicia”.

Con ello -agrego- muchos actos de corrupción difícilmente serán denunciados. Los delitos en este rubro (salvo los que se castigan por venganzas o purgas políticas) quedarán impunes y habrá tras de sí una enorme estela de desvío de recursos públicos, así como de puestos y presupuestos capturados, con las consecuencias fatales que ya conocemos.

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