Introducción
En 1987 el Maestro en Ciencias Samuel Malpica Uribe gana la rectoría de la Universidad Autónoma de Puebla en sucesión de Alfonso Vélez Pliego. Lo hace con el respaldo de miles de estudiantes que participan en una elección con voto universal, directo y secreto que sustenta el proyecto de universidad democrática, crítica y popular, vigente desde 1973. Con Malpica Uribe inicia la quiebra de ese proyecto de universidad en manos de una izquierda política que encuentra su valor fundamental en la independencia política respecto del Estado, pero su talón de Aquiles en la dependencia económica de la voluntad gubernamental.
La ruptura entre las facciones dominantes de la universidad se produce en enero de 1989, durante el segundo informe del rector Malpica, quien acusa de corrupción a la administración de Vélez Pliego. Siguen dos años de conflicto que incluyen la destitución del rector, la constitución de un triunvirato de gobierno por una de las facciones en el Consejo Universitario y el desgobierno hasta que se celebran nuevas elecciones en abril de 1991, todo ello en medio de múltiples refriegas callejeras como la toma del edificio Carolino por los enemigos de Malpica y el asesinato en circunstancias nunca esclarecidas del profesor Miguel Antonio Cuéllar Muñoz el 22 de diciembre de 1989.
El conflicto termina con la reforma de la ley orgánica que suprime el voto universal, directo y secreto de los estudiantes, y con la recomposición de las relaciones con el poder público estatal. Lo que sigue es la crónica de ese proceso.
Publicamos en Mundo Nuestro nuevamente estas crónicas con el ánimo de contribuir a la discusión colectiva sobre la realidad de la universidad pública en Puebla en el marco del reciente paro estudiantil y las reformas impulsadas por un movimiento que sin duda es un punto de inflexión en la historia de la Beneméita Universidad Autónoma de Puebla.
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Crónica 20
En la UAP, juntos y felices
Jueves 14 de junio de 1990. Alfonso Vélez, en ese auditorio de convenciones empresariales tomado por el surrealismo de la UAP, empuña el sable del consenso al que llegaron las fuerzas políticas dentro del Consejo Universitario:
“Aquí no calificamos, sólo les pedimos a los compañeros Samuel Malpica y Juvencio Monroy que allanen el camino y renuncien ante el Consejo a ostentarse como autoridades…”
Y los consejeros en armisticio le aplauden, tanto los malpiquistas que el 18 de octubre los responsabilizaron del “golpe contra Samuel Malpica”, como los que el día 30 acordaron la destitución del rector y hoy aceptan pedirle formalmente la renuncia, y por lo tanto reconocer de facto al Maestro en Ciencias especialista en el movimiento obrero de su tierra atlixquense.
Y por un instante, en ese espacio enrarecido por los cigarrillos universitarios, pasan por la memoria chispazos de la batalla entre los políticos uapachosos de los últimos seis meses.
Como el cadáver de Miguel Antonio Cuéllar Muñoz tirado en la acera del Colonial aquel anochecer del 22 de diciembre.
O como aquel cara a cara entre Luis Ortega y Alfonso Vélez en el Salón de Proyecciones en el Carolino minutos después de que Samuel Malpica abandonara la sesión en que se dividió el Consejo Universitario el 18 de octubre.
“Esta es una guerra a muerte”, le dijo entonces el director de la Información de Malpica a Vélez Pliego, quien bajaba por la escalinata del Salón de Proyecciones. Y a lo mejor los dos se acordaron del pleito de 1981. Y tal vez pensaron que ya era una guerra vieja.
Una guerra a muerte, tal vez hasta lo que dura el coraje. Porque en la sesión en el Hotel del Alba prevaleció el pragmatismo de la política. Y de las alianzas. Y del insondable cosquilleo por la sobrevivencia: en la lucha de las trincheras universitarias, las líneas se mueven, y las infanterías hoy disparan a enemigos con los que votarán en consenso mañana.
A las 7:15 platicaban en la escalera del auditorio el tesorero Rafael Bautista y el ex–regidor Paco Vélez Pliego. Cualquiera se acuerda del problema de las auditorías. Más arriba se arremolinaban los curiosos no-consejeros desalojados de la reunión. Adentro, un ambiente cansado era presidido por Alfonso Vélez. Oscar Sánchez Daza repetía su propuesta: “Pedir la renuncia de ambos rectores para que haya consenso en este Consejo y en la comunidad universitaria”. Luego añade que debe superarse la polémica de quién es el rector. “Qué ambos despejen el panorama universitario”, dijo el ingeniero químico.
Un matiz, opinó Vélez: “Samuel Malpica ya renunció”.
“Esa fue una renuncia condicionada”, replicó una chava malpiquista de inmediato, “tenga tacto la mesa”.
Y Alfonso Vélez sonrió.
Y así siguió por un rato el surrealismo de la formalidad universitaria. Participaron varios de los actores consejeros: el estudiante de medicina Gilberto González Cruz ―al que recuerdo en aquellas trincheras que intercambiaban saliva todo el día 22 de diciembre sobre la Maximino, señalando al reportero: “los francotiradores apostados en las torres de La Compañía”― y Rafael Chamorro, consejero de Idiomas, ambos de la vanguardia estudiantil malpiquista; el doctor Abel Williams –personaje que tuvo que ver en el arranque de todo esto por el conflicto en la escuela de Medicina-, y Jean Pandal, y Pedro Alonso Fernández, y Gilberto Zárate, y María Eugenia Martínez y Oscar Sánchez. Y muchos otros consejeros que “lograron el consenso”.
Como el biólogo Ismael Ledesma, que participara en la Junta tildada de “yunta” por las mantas malpiquistas,
Casi al final, Vélez pliego pidió “imparcialidad”, de forma que se hiciera también un “extrañamiento” a Samuel Malpica por cometer el mismo pecado que Monroy respecto a la intervención del Congreso estatal para discutir la Ley Orgánica.
“Lo que es parejo no es chipotudo”, dijo. Y más: “Se ha hecho un esfuerzo sincero de consenso, pero no podemos caer en la ley del embudo donde sólo una parte cede…”.
Y el reportero, un ciudadano más de esta parcela del altiplano, se preguntó por el rumbo de este consenso entre la clase política. Y en lo inmediato, en el contenido de esta manifiesta ley del embudo.
