En México, el delito de extorsión conocido como “cobro de derecho de piso” está costando vidas.
Durante los últimos años el delito de extorsión en México se ha incrementado de manera alarmante.
Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el portal informativo Animal Político publicó que en el primer semestre de 2025 el número de víctimas de extorsión sumó un total de 5 mil 887, siendo la cifra más alta que se tenga registrada en comparación con los primeros semestres de años anteriores.
Comparado el primer semestre de 2018 con el primer semestre de este año, la cifra aumentó en más del 77 por ciento al pasar de 3 mil 318 a 5 mil 887 casos registrados.
Dentro de las formas de extorsión que la criminalidad organizada lleva a cabo, se encuentra el llamado “cobro de derecho de piso” o simplemente “cobro de piso”.
Esta modalidad de extorsionar a las personas, además de haber aumentado, es angustiante al menos por dos motivos: uno, porque nos muestra cómo los criminales ejercen control o dominio sobre calles, colonias, caminos, parcelas, carreteras, etcétera, llevando a cabo la extorsión con total impunidad dentro del territorio nacional y, dos, porque cada vez más le está costando la vida a las personas que se niegan a complacer a los delincuentes con el pago del dinero que les exigen.
Entre los casos más indignantes recientemente difundidos que han sacudido a la opinión pública en este año se encuentra el asesinato de la profesora Irma Hernández Cruz, maestra jubilada quien trabajaba como chofer de taxi. Hace apenas tres meses, ella fue secuestrada y torturada por atreverse a trabajar en la zona del Álamo Temapache en el estado de Veracruz, territorio en el que los criminales imponen su ley. (Ver https://www.animalpolitico.com/seguridad/extorsion-mexico-2025-casos-crisis-violencia-homicidios),
En días recientes fue torturado y asesinado el líder agricultor Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán en Michoacán. Su “pecado” fue denunciar públicamente las extorsiones a las que son sometidos los productores de limón en la zona, así como organizar a sus agremiados a defenderse de los abusos y exhibir la negligencia, incompetencia o complicidad del gobierno en la zona, frente a un negocio sucio que deja a los grupos criminales una ganancia de alrededor de 30 millones de pesos semanales. Algo similar está ocurriendo con los productores de aguacate.
.El discurso en defensa de la “soberanía nacional” o del “gobierno de los estados libres y soberanos”, forman parte de la corrupción de la palabra, cuando en los hechos quienes pertenecen a ese pueblo no pueden ejercer en su patria, uno de los derechos más elementales que tiene un ser humano: el derecho al trabajo, a su libre elección y a procurarse un nivel de vida suficiente para vivir dignamente o llevar el sustento diario a la casa, a la familia o a los hijos.
Y no pueden ejercer ese derecho porque los criminales controlan territorios y los gobiernos (federal, estatales y municipales) simplemente no son capaces de hacer valer la ley y castigar a los maleantes ejerciendo realmente la soberanía nacional en dichos territorios.
Paralelo a este problema preocupa que cada vez más la gente en México esté perdiendo la capacidad de indignación al enterarse de este tipo de crímenes, cayendo lentamente en la indiferencia frente a eventos indignantes que en cualquier país medianamente civilizado serían noticias muy graves que requerirían de alguna acción ciudadana y no la parálisis o el marasmo en el que se está estacionando.
Por cierto, cada vez que usted se queje del aumento del precio del limón o del aguacate, piense en la extorsión criminal que están padeciendo nuestros hermanos productores y comerciantes en distintas partes del territorio nacional y que, como en el caso de Bernardo Bravo Manríquez, a ellos, les está costando dinero y la vida misma.
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