La controvertida Ley limita derechos, debilita a la agricultura nacional, rompe con la certeza jurídica; dada su naturaleza neoliberal, no toca al poder económico que controla el agua. No contribuye a la política hídrica y ni moderniza la infraestructura, sino centraliza; en cambio, críticos señalan que la Ley convierte el agua en la moneda de control político.
(Foto de portadilla tomada de La Jornada de Oriente: instalación industrial de la empresa Ternium en Xoxtla, que extrae 3 millones 162 mil 342 metros cúbicos de agua al año; es decir, 66.31 por ciento del total de los 14 títulos de concesión del recurso que se registran en el ayuntamiento.)
En 1992 se promulga la Ley de Aguas Nacionales, la cual fue condición para la entrada al TLCAN, e impuso un sistema único de concesiones, objetos de dinámicas de compra y venta sobre las aguas mexicanas. CONAGUA otorgó 330 mil concesiones en los primeros diez años violando vedas, derechos indígenas y de núcleos agrarios. En 2003 se publicaron dictámenes de disponibilidad: 104 acuíferos y 102 cuencas estaban sobreconcesionadas, y el 70 por ciento de las aguas concesionadas estaban en manos del 7 por ciento de los concesionarios.
Desde 1992, con la reforma salinista al artículo 27 Constitucional, se privatizó y mercantilizó la tierra y el agua; y con ello, surge la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Minera, Ley Agraria y Ley de Inversión Extranjera, que sirvieron de charola de plata para el TLCAN.
México es uno de los 25 países del mundo que enfrenta un mayor estrés hídrico, su nivel de estrés es “alto”, lo que significa que cada año se extrae una media del 40 por ciento del agua disponible para su uso. Es el segundo lugar en América Latina por estrés hídrico; es decir, la demanda es más alta que la cantidad disponible.
Cuenta con 653 acuíferos subterráneos, y su sobreexplotación ha crecido alarmantemente a lo largo de los años. En 1975, había 32 acuíferos sobreexplotados; para 2019, la cifra había ascendido a 157. Además, en dos años se sumaron 50 acuíferos más sobreexplotados.
Durante el periodo neoliberal el número de concesiones de agua pasó de 2,000 a 528,535 concesiones a manos de 376,845 titulares. Al día de hoy son 536 mil 533 concesiones de agua de los cuales, el 1.1 por ciento son empresas e industrias que acaparan el 22 por ciento del agua; mientras que 21 millones de mexicanos carecen de acceso continuo al agua.
El agua está en manos de carteles hídricos que controlan su uso y distribución a favor de grandes empresas refresqueras, cerveceras, mineras, plantas manufactureras, armadoras automotrices, y cadenas hoteleras principalmente.
En cambio, agricultores han tendido que acortar la superficie de cultivo ajustándose a la disponibilidad y tandeo de agua, hablando de sistemas de riego colectivos. Aquellos que disponen de concesión de agua de pozo profundo, se sujetan a la recarga de sus pozos, ya que algunos acuíferos están más sobrexplotados que otros.
El deterioro de los recursos naturales y sus ecosistemas, ha sido consecuencia de la prevalencia de un modelo extractivista, rapaz, devorador, consumista y de acumulación.
El medio ambiente no podrá corregirse en lo inmediato, pero si se pueden impulsar acciones para restaurar los ecosistemas en el mediano y largo plazo. Desafortunadamente el “Sector del Medio Ambiente” ha sido de los más castigados. Los presupuestos y acciones en materia ambiental y forestal han venido a la baja desde 2015. Hay críticos que aseguran que la 4T representa el fin de la política ambiental para México ante la falta de presupuestos y su falta de interés. Más de 10 millones de árboles fueron destruidos en la ruta del Tren Maya, entre muchos más agravios ambientales, sin que al día de hoy algo se haya resarcido. Un medio ambiente limpio, abundante, en equilibrio y protegido; representa el principal insumo para toda cuenca hídrica que incluye manantiales, ríos, lagos y todo cuerpo de agua profunda o superficial, indispensables para la vida.
La reforma a la salinista Ley de Aguas Nacionales, y la iniciativa de la presidenta Sheinbaum de la nueva Ley General de Aguas, aprobada recientemente por la mayoría morenista y aliados en el Congreso, ha generado cuestionamientos por no incluir las peticiones de colectivos y del sector agrícola.
Cabe recordar que el 12 de octubre de 2024, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se constituyó la Contraloría Nacional Autónoma del Agua con la participación de 84 contralorías autónomas del agua provenientes de 28 estados y la Ciudad de México; cuyo objetivo primordial es hacer frente a la grave crisis hídrica que afecta al país, las violaciones a los derechos humanos colectivos relacionados con el agua, y la ausencia de una Ley que garantice el acceso equitativo y sustentable del agua.
Esta Contraloría surgió tras el incumplimiento del Congreso de la Unión, que ha fallado en cuatro legislaturas consecutivas en emitir una ley que regule adecuadamente el derecho humano al agua, establecido en el Artículo 4º Constitucional.
Otro lado, diversos colectivos entregaron a la Cámara de Diputados Federal escritos y peticiones con miles de firmas para reformar la Ley Salinista de Aguas de 1992, con el fin de frenar el acaparamiento y sobrexplotación de acuíferos por grandes empresas, y propusieron el reconocimiento en la gestión del líquido a los sistemas comunitarios del agua, pueblos indígenas, núcleos ejidales, etc. sin embargo, la propuesta fue desdeñada por la bancada morenista.
La Ley General de Aguas de la presidenta Sheinbaum, es una ley de corte neoliberal, es la continuidad de la Ley salinista que privilegia al poder económico de México y las trasnacionales. El agua sigue quedando en pocas manos que acaparan su uso y distribución; en cambio, a la agricultura y ganadería nacional, le ponen grilletes; toda vez que, condiciona la sucesión de derechos de concesiones de agua y crea incertidumbre en el patrimonio. Las tierras, por sí solas, pierden su valor, el binomio tierra-agua debe prevalecer en la noble tarea de producir alimentos.
El nuevo mecanismo de “reasignación” de concesiones genera dudas y temor entre agricultores; la CONAGUA podrá reducir o cancelar volúmenes concesionados en contextos de baja disponibilidad, situación que pone en riesgo los cultivos en desarrollo; endurecimiento de penas por extracción ilegal, desvíos o contaminación, y el nuevo concepto de “responsabilidad hídrica” para buenas prácticas que golpean más al sector agrícola.
Hay señalamiento de “centralismo” y “falta de consulta” dado que no se consultó de forma adecuada a comunidades indígenas ni al sector productivo; además, no se cuentan con recursos adicionales para llevar a cabo las nuevas funciones en el sector hídrico. El Plan Nacional Hídrico no será atendido por falta de recursos, no se generará nueva infraestructura.
La CONAGUA, no tiene el control de la volumetría y el uso indiscriminado del agua en el sector industrial, el impresentable German Martínez, titular de la CONAGUA en el periodo de López Obrador, solo actuó como emisario y mentor de las trasnacionales; en cambio, Elena Burns, exdirectora de la CONAGUA en el mismo periodo, fue despedida por intentar poner orden ante los evidentes niveles de corrupción en el manejo de las concesiones.
Elena Burns, reconoce la importancia de revertir los procesos privatizadores del agua que afectan a municipios de al menos 8 entidades federativas, y se pronuncia a favor de la autodeterminación de los pueblos originarios sobre el manejo del agua en su territorio. Afirma que con la nueva Ley se decide “perpetuar la Ley salinista” pese al deterioro y la contaminación de cuencas. En el salinismo se impuso un sistema único de concesiones de aguas nacionales que convirtió al agua en mercancía, modelo que continuará con la nueva Ley; además, no se incorporaron demandas centrales como la prohibición explícita de la privatización ni el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas de sus territorios.
La Ley favorece a las industrias, a pesar de que son las principales deudoras del recurso hídrico. Estas pagan alrededor de 12 mil millones de pesos por derechos, cuando tendrían que cubrir más de 50 mil millones.
La nueva Ley condiciona los volúmenes asignados al hecho de tener una infraestructura que cumpla condiciones de sustentabilidad y ahorro de agua en el campo. Esto supone un gasto de importancia para los pequeños y medianos productores agrícolas que carecen de los recursos necesarios, y los pone en desventaja contra las grandes empresas de la industria y la agroindustria.
En resumen, la controvertida Ley limita derechos, debilita a la agricultura nacional, rompe con la certeza jurídica; dada su naturaleza neoliberal, no toca al poder económico que controla el agua. No contribuye a la política hídrica y ni moderniza la infraestructura, sino centraliza; en cambio, críticos señalan que la Ley convierte el agua en la moneda de control político. Mientras tanto, habrá que esperar la reacción del sector productor de alimentos del campo ante tales circunstancias.
