Estados Unidos ve una falta de acciones judiciales contra redes político-criminales, lo cual debilita los argumentos de México, y garantías para la inversión. México no debe limitarse a un discurso nacionalista y de soberanía donde poco o nada se puede ganar, ya que esto pudiera profundizar un aislamiento frente a su principal socio comercial
“Al perro que duerme, no lo despiertes”, un viejo adagio que a menudo mi abuela le agregaba: “Si sabes que ladra y muerde, no te acerques, mucho menos lo provoques”. Al referirse a cualquier mal vecino de carácter endemoniado, pero bien sabes que tarde o temprano, puedes necesitar de él, y lo mejor es evitar problemas innecesarios.
La relación México-EE.UU. se ha vuelto más tensa y compleja debido a la creciente presión de Estados Unidos en temas de seguridad asociados al tráfico de drogas, el fentanilo, crimen organizado, temas de migración; sumado a la incertidumbre de las políticas económicas y el impacto de reformas impulsadas por el gobierno mexicano. Situación que ha llevado a una redefinición bilateral y, a tensiones diplomáticas y económicas, así como amenazas arancelarias.
La relación Sheinbaum-Trump, no puede limitarse a decir en las conferencias matutinas que es buena, cuando se sabe que hay una fase de tensión por la presión política, diplomática y de inteligencia sin precedente. Desde siempre se sabe que para Estados Unidos, van por delante sus intereses antes que la cordialidad y la buena vecindad. En tanto que, los gobiernos de México a los largo de los años, han enarbolado el Artículo 89, fracción X de la Constitución mexicana, que establece que el Presidente debe dirigir la política exterior y conducirla apegándose a principios como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias, siendo un pilar fundamental de la política exterior de México. Por lo que, el pueblo de México no acepta injerencias extranjeras, tiene el deber y la responsabilidad de resolver sus problemas internos; a menos que estos afecten a un país extranjero, debe prevalecer el diálogo y la coordinación por la vía diplomática.
Al inicio de su segundo periodo de gobierno, el presidente Trump estableció límites en sus declaraciones contundentes. Con la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, no sólo redefinió su discurso, sino que, colocó a México dentro del marco de la seguridad nacional de Estados Unidos. A partir de ese momento, la cooperación dejó de ser un asunto estrictamente bilateral y pasó a formar parte de una agenda de acción más amplia y precisa.
Para Estados Unidos el problema radica en la presencia de consecuencias políticas y judiciales en un escenario de incertidumbre donde la ley parece que está ausente. La exigencia no se centra en extradiciones masivas, sino en que el Estado mexicano procese a funcionarios y políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, esa es la raíz del problema. Al día de hoy no hay un solo pez gordo detenido de los presuntos señalados, ni procesado. Los personajes detenidos hasta el momento son servidores de medio pelo para abajo. La clase dorada y de cuello blanco presuntamente señalada, parece ser abrazada desde el poder, mostrando una falta de interés por investigarlos. La vox populi dice que en vez de escuchar a una Jefa de Estado en las mañaneras, se escucha a una abogada de oficio en defensa de sus clientes, dando la apariencia de una consigna de encubrimiento. La seguridad ciudadana y nacional, es responsabilidad constitucional del Estado y no debe desatenderse, su descuido ha sido tomado como un mal pretexto del país vecino para meter más que su nariz.
Críticos señalan que el gobierno de México ha respondido con acciones tibias y limitadas a niveles operativos bajos; mientras que, el crimen organizado sigue reclutando a jóvenes de manera recurrente, las víctimas desaparecidas superan las 133 mil personas. Tan solo en 2025, 1 mil 143 niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos o no localizados, fueron encontrados sin vida.
Las cifras de homicidios publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), confirman que el sexenio de López Obrador, es el más violento de la historia reciente al acumular 202 mil 336 asesinatos en el país, de diciembre de 2018 a septiembre de 2024. El año 2025 cierra con una lamentable cifra de 23 mil 246 homicidios. Los asaltos en carretera, desapariciones, extorsiones y pago de derecho de piso, persisten como males del crimen organizado.
Persiste la idea ciudadana de la resistencia a que las investigaciones alcancen a figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador. En círculos diplomáticos parece que se percibe el mismo aroma como alguna vez lo declaro el Secretario de Estado Norteamericano, Marco Rubio.
Casos como el contrabando de combustibles, las redes criminales, así como listas de funcionarios y políticos de Morena entregadas por autoridades estadounidenses, no han derivado en procesos judiciales de alto nivel. Para Washington, presuntamente confirma la existencia de un blindaje político. Los altos índices de criminalidad en México, van de la mano con una creciente corrupción, impunidad y tráfico de influencias sin precedente.
Lo ocurrido recientemente en Venezuela elevó la tensión regional y tuvo un impacto directo en la relación México–Estados Unidos. Este episodio puede interpretarse como una señal de que Estados Unidos está dispuesto a actuar de manera directa cuando considere agotadas las vías diplomáticas.
Este clima de desconfianza llega en un momento sensible ante la renegociación del T-MEC en junio próximo. En Washington, los temas de seguridad, combate al crimen organizado y Estado de derecho han comenzado a entrelazarse con la agenda comercial, rompiendo la lógica de aislar un tema de otro. En este sentido, las presiones de seguridad pueden agudizarse trasladándolas a mesas de ámbito comercial donde el margen de maniobra para México es menor y los costos económicos mayores. Bajo ese escenario con las remesas que superan los 60 mil millones de dólares anuales, y el 80 por ciento de todas sus exportaciones al país del norte, en un descuido, México pierde.
Estados Unidos ve una falta de acciones judiciales contra redes político-criminales, lo cual debilita los argumentos de México, y garantías para la inversión.
México no debe limitarse a un discurso nacionalista y de soberanía donde poco o nada se puede ganar, ya que esto pudiera profundizar un aislamiento frente a su principal socio comercial. El reto es avanzar en coordinación contra el crimen organizado, sin provocar una ruptura diplomática. Con ganarle terreno a la criminalidad, también ganamos los mexicanos al vivir en paz.
