El 16 de enero del 2026 nos fue notificada una resolución de la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del estado de Puebla que confirma la improcedencia en admitir una prueba pericial ofrecida fuera de plazo por la gerencia del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla dentro de la demanda por indemnización por responsabilidad patrimonial del estado por un monto de 3, 500 millones de pesos por la total extinción del manantial de Santa María Acuexocmac.
No sólo se deja en evidencia que una de las instancias administrativas más complejas en su entramado técnico de la administración estatal carece de cuadros técnicos profesionales, al quedar tan sólo asentado en el expediente, como único peritaje, el que corrió a cargo de Rodolfo Solís presentado por el ciudadano Dario Tiro a quién, yo Atilio Alberto Peralta Merino sigo representando, pese a los intentos de linchamiento que se suscitaron en noviembre de ese año y que han quedado en la total impunidad pese a haberse denunciado en tiempo y forma.
Resolución que se enmarca en una doble coyuntura, por una parte, el congreso general ha expedido una nueva legislación en materia de agua, que, entre otros de sus aspectos, define con precisión en las nuevas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales la noción de “sobrexplotación” y, por otra parte, refuerza la obligación de indemnizar a los causantes de los daños de esta, exactamente en la mismo sentido que fuera esgrimido en la demanda que formulé desde mediados de 2024.
Por otra parte, se emite en el momento mismo en el que el gobierno de Puebla anuncia la próxima nacionalización de la empresa concesionaria mediante la adquisición del 75 % de su composición accionaria; siendo digno de destacarse al respecto el evidencia el fracaso en rendimiento de la inversión llevada a cabo por el fideicomiso “Xinfra” apenas en diciembre del 2024, a grado tal que, en poco menos de un año, la sociedad “Concesiones Integrales” recibió una nueva oferta de compra de sus acciones por parte del consorcio filipino Manila Water, que, al parecer, y dado el reciente anuncio gubernamental fue desistida.
Todo parece indicar que, ante los aumentos de la tarifas se ha incrementado la dificultad de generar ingresos vía cobranza, al unísono de que han aumentado los de costos de extracción, fenómeno que el premio Nóbel de Economía, Paul Samuelson denominaba: “rendimiento decreciente”, y que, en los casos históricos en que se ha presentado en los circuitos financieros, no sólo no se contrapone con la existencia de actos de corrupción en la tesorería de una compañía, sino que, muy por el contrario, suele acompañarle.
La toma del control accionario por parte de la administración estatal habrá de exigir, en consecuencia, una estricta auditoría de los balances contables y estados financieros de la empresa concesionaria durante la última década, acompañada del respectivo fincamiento de responsabilidades patrimonial y penales que al efecto pudieran derivarse del caso.
