El conflicto obedece, de acuerdo con declaraciones de los huelguistas, a la violación del contrato colectivo y a la petición de un aumento de salarios. El responsable de la institución es el Patronato, el cual se compone de un puñado de personas que parecen ver al Monte como una empresa y no una institución de asistencia, legalmente una IAP (Institución de Asistencia Privada)
La huelga en el Nacional Monte de Piedad estalló el 1º de octubre del año pasado y se mantiene en los más de 300 centro de trabajo de la institución. Este miércoles 18 de marzo cumple 169 días. En estos casi seis meses los huelguistas han resistido no sólo la falta de pago de sus salarios; también la incomprensión de los jueces y la indiferencia de los directivos del Monte. En noviembre del año pasado lograron ganar un recuento: mil 408 trabajadores votaron a favor de la huelga y sólo 460 en contra. Más del 75 por ciento respaldó el paro. No obstante, posteriormente, un juez, Luis Antonio Hernández Berrios, inusitadamente, declaró la huelga inexistente accediendo a un amparo de la patronal. El sindicato interpuso un recurso de revisión y el asunto se encuentra en manos de una Tribunal Colegiado. Los representantes de los trabajadores han señalado que, de ser necesario, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El conflicto obedece, de acuerdo con declaraciones de los huelguistas, a la violación del contrato colectivo y a la petición de un aumento de salarios. Debe señalarse que no hubo incrementos de las percepciones de los trabajadores en 2021, 2022 y 2023. En 2024 se llevó a cabo una reestructuración de la Institución que llevó a un alargamiento de la jornada de trabajo de 35 a 40 horas con la consiguiente reducción del pago de tiempo extra y se cancelaron algunas prestaciones para los trabajadores de nuevo ingreso. Además, se redujo el personal sindicalizado de dos mil 753 personas trabajadoras a mil 950.A pesar de que el sindicato mostró su voluntad de negociar y aceptó varios de esos cambios, los directivos del Monte incumplieron el contrato firmado ese año. En particular, desconocieron las comisiones mixtas encargadas de la promoción de los trabajadores con base en la evaluación de su desempeño y la antigüedad.
El sindicato del Monte de Piedad se ha distinguido por su vida democrática. Dada su historia reciente, se puede afirmar que representa la voluntad de los trabajadores como lo mostró el recuento efectuado ante la autoridad correspondiente. Las demandas del sindicato son, con base a los acuerdos de marzo de 2024, evitar decisiones unilaterales en las jornadas de trabajo y en el pago y asignación de plazas. En este último asunto reclaman que se revise la llamada “boletinación” y se asignen los puestos bajo las reglas pactadas en el CCT. También demandan la reinstalación de los trabajadores despedidos, el pago correcto de las horas extras, y un aumento de salarios y prestaciones de acuerdo con la inflación ocurrida.
Durante estos días de huelga, los empleados de confianza (los cuales suman más de 2 mil personas), y, por supuesto, los directivos de la institución y los miembros del Patronato siguen percibiendo el 100 por ciento de sus salarios y prestaciones, lo que el sindicato considera ilegal.
La huelga ha afectado gravemente a millones de clientes que acudieron a la institución a empeñar sus prendas y ahora han tenido que seguir pagando intereses por los préstamos recibidos. Según la información disponible, el Monte de Piedad otorga más de 7.2 millones de préstamos prendarios y atiende a más de 1.1 millones de clientes anualmente su cartera de préstamos alcanza los 29 mil millones de pesos.
El responsable de la institución es el Patronato, el cual se compone de un puñado de personas que parecen ver al Monte como una empresa y no una institución de asistencia, legalmente una IAP (Institución de Asistencia Privada).
El manejo de los recursos de la Institución es, dicen los huelguistas, muy poco transparente. Afirman que tiene un presupuesto solvente y que por lo tanto no debería haber problema para enfrentar sus obligaciones laborales. Según datos consultados que son de dominio público, tiene una utilidad de alrededor de 300 millones de pesos. Sin embargo, los trabajadores no han mejorado sus percepciones salariales en los últimos años. En cambio, afirma el sindicato, los miembros del patronato ganaban alrededor de un millón de pesos al año hasta 2024 y posteriormente se autodesignaron un ingreso que puede llegar a los seis millones de pesos anuales.
El secretario general del sindicato Arturo Zayún ha declarado que “el Monte de Piedad ha dejado de cumplir con su función social ya que sólo dedica el 2.3% a la función social que tiene como mandato. Ello se debe, en gran parte, a los gastos destinados al personal de confianza, principalmente a los directivos y a los integrantes del patronato, y a pesar de que goza del privilegio fiscal que lo exenta del pago del impuesto sobre la renta y el reparto de utilidades”.
Hace casi 28 años, en junio de 1998 el Monte sufrió una huelga que también duró mucho tiempo: del 5 de diciembre de 1997 al 3 de junio de 1998, seis meses. Fue resuelta gracias a un arbitraje del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas. Se trató de una solución excepcional a un conflicto particularmente difícil y prolongado. En esos momentos, el que suscribe estas líneas y el licenciado Manuel Fuentes estábamos al frente de la Subsecretaría del Trabajo de la Ciudad y propusimos al ingeniero Cárdenas que asumiera esa responsabilidad sabiendo que la solución final tendría que tomar argumentos de ambas partes para tratar de darle estabilidad laboral a la institución.
Sin embargo, los acontecimientos posteriores mostraron que los directivos de la Institución no entendieron el mensaje y han persistido en la idea de que el contrato colectivo es un estorbo y no un instrumento para concertar esfuerzos y mejorar las relaciones laborales. Igualmente, que el sindicato no es un grupo de alborotadores, sino que refleja, verdaderamente, la opinión de los trabajadores.
La decisión del juez Hernández Berrios ha servido para darle pretextos a la empresa para alargar el conflicto mientras se resuelve la apelación del sindicato. Los dirigentes y asesores legales de la organización gremial aseguran que van a ganar este pleito dado que el juez se basó en una causal inexistente en la ley. Sobre todo, confían en los resultados del recuento ocurrido en febrero de este año como principal argumento a su favor.
Desde luego, la huelga podría terminarse si la Institución aceptara un acuerdo. No obstante, hasta ahora, no ha dado señales de apertura. Tal parece que, con alargar la huelga, se intenta destruir el sindicato y el contrato colectivo. Esperemos que las autoridades laborales hagan ver al Patronato que debe poner en primer lugar el interés publico y los convenzan de resolver el conflicto lo antes posible.
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